El nuevo presidente del Parlament, Josep Rull, pide la amnistía para borrar sus antecedentes
Jordi Turull reclama que se le aplique la ley para poner fin a la inhabilitación de 12 años que le impuso el Supremo
El recién elegido presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull | Lorena Sopêna (Europa Press)
El nuevo presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull, ha pedido que se le aplique la amnistía para borrar sus antecedentes penales. En un escrito al Supremo, recogido por Europa Press, su defensa considera que su caso está amparado por la ley de amnistía publicada este mismo martes en el BOE. Así, también asegura que su condena por malversación cumple el requisito de que no haya existido intención de enriquecerse, algo que respalda en la propia sentencia que lo condenó.
El nuevo presidente del Parlament ha adelantado este martes por la mañana en Rac1 que su abogado, Jordi Pina, ya tiene todo listo para presentar los escritos y pedir que se le aplique la ley de amnistía para borrar sus antecedentes. Rull argumenta que estos antecedentes le generan problemas a la hora de viajar a países como Estados Unidos: «Tanto Carme Forcadell, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y yo, que tenemos penas extinguidas, tenemos antecedentes penales muy graves que nos dificulta la posibilidad de viajar a determinados países».
Por su parte, el exconseller y secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reclamado que se le aplique la ley para poner fin «inmediatamente» a la inhabilitación de 12 años que le impuso el Tribunal Supremo (TS) en la sentencia del 1-O.
Turull recibió una condena de 12 años de prisión y 12 años de inhabilitación en 2018, pero en junio de 2021 fue indultado de la pena de cárcel que le restaba por cumplir, por lo que únicamente le quedaba vigente la condena de inhabilitación.
Tras su publicación en el BOE este martes, la ley de amnistía ya ha entrado en vigor y se abre, por tanto, un plazo de dos meses para que jueces y tribunales la apliquen.
La medida nació de los pactos del PSOE con ERC y Junts a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez y su objetivo es amnistiar a todos los implicados en movilizaciones soberanistas e independentistas desde el 1 de noviembre de 2011, cuando aún gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta el 13 de noviembre de 2023. La norma comprende tanto a los condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014 como los del referéndum independentista de 2017, así como el archivo de las investigaciones abiertas por los disturbios posteriores contra la sentencia del Tribunal Supremo.
