Moncloa permite el desacato del Parlament al TC para cerrar un acuerdo 'in extremis' con ERC
Fuentes de ERC confiesan que el PSC «explicitó» su renuncia como muestra de buena voluntad
La ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. | Agencias
El Gobierno ha desistido de recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa de Edad del Parlament de Cataluña de permitir el voto telemático de los tres fugados de la justicia, Carles Puigdemont, Lluís Puig y Ruben Wagensberg. La excusa del Ejecutivo es que ellos no estuvieron en la mesa de edad, que conformaron tres partidos: ERC, Junts y Vox. Las dos formaciones independentistas se apoyaron en que la decisión del TC no era un requerimiento expreso a la votación sobre la mesa de Parlament para ejecutar la desobediencia porque la resolución del Constitucional respondía a un recurso presentado por el PSC en abril de 2021. Pero en Moncloa se desentienden ahora del recurso del PSC, en pago al éxito de la negociación que mantienen discretamente con los republicanos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, fue preguntada por si el Ejecutivo se planteaba elevar un recurso de amparo al TC contra esta decisión de la mesa de edad de la cámara autonómica, a lo cual contestó esquivando la cuestión: «La sentencia del TC es muy clara y el PSC no ha participado en esta mesa». Ni en público ni en privado, el Gobierno responde a la cuestión de por qué renuncian a recurrir una decisión de la cámara autonómica que recurrieron en otros momentos, como durante la aprobación de las leyes de desconexión. Fuentes gubernamentales se limitan a señalar que «el Constitucional sabe cómo ejecutar sus sentencias» y «tiene mecanismos» para hacerlo, aunque la realidad es que el Gobierno renuncia a su competencia de elevar un recurso de amparo contra una decisión autonómica.
Según ha podido saber THE OBJECTIVE, la renuncia del Gobierno a recurrir este presunto desacato ante el TC ha sido uno de los pagos a ERC para conseguir que se avenga a negociar la investidura de Salvador Illa, más allá del acuerdo de los independentistas para la Mesa del Parlament. Fuentes republicanas consultadas por este periódico aseguran que en las negociaciones que se han celebrado entre PSC y ERC, los socialistas comunicaron que no recurrirían la decisión como muestra de su voluntad de alcanzar un acuerdo: «Lo han explicitado». En esas conversaciones, los republicanos explican que los «mecanismos» a los que se refiere el Ejecutivo son los recursos de amparo anunciados este lunes por PP y Vox en la sesión del Parlament. «Se han aprovechado» de que el PP y Vox elevaran el recurso para no tener que recurrir, y utilizarlo, a su vez, como palanca para forzar la negociación para la investidura de Salvador Illa.
La escenificación previa a un acuerdo
Desde ERC dicen que el PSC es «consciente» de que, en el actual contexto, la decisión del Tribunal Constitucional invalidando el voto telemático de los fugados «lo único que hace es revictimizarnos» y ejercer de pegamento entre el bloque independentista. Eso es lo que forzó un acuerdo para la mesa del Parlament que, en principio, estaba muy avanzado entre PSC y Junts. No obstante, fuentes de la negociación explican que tampoco ayudó la «soberbia inicial de Illa, que se cree que tiene mayoría absoluta cuando no la tiene. No lo pone fácil». Moncloa asegura que el PSC llegó a ofrecer la presidencia del Parlament a ERC, pero los republicanos sostienen que «no fue exactamente así».
Sea como fuere, el toque de atención de ERC y la renuncia del PSC -permitiendo el aparente desacato- ha surtido efecto en el ánimo de los republicanos donde ya asumen que la negociación de la Mesa del Parlament y de la investidura «son batallas distintas» y no se puede descartar un acercamiento con los socialistas para una investidura que, en cualquier caso, no ven posible hasta finales de agosto, tras un primer intento fallido. Un pronóstico en el que coinciden con los augurios del Ejecutivo. El Gobierno prevé que la primera investidura, previsiblemente de Salvador Illa, fracase el 25 de junio; y que no será hasta dos meses después, tras un verano de presión y reflexión, cuando se alumbre un acuerdo que creen más probable que una repetición electoral.
«Todos los caminos conducen a la investidura de Illa»
«Salvador está muy seguro. Y yo siempre he creído que no va a haber repetición electoral», confiesa un destacado miembro del Ejecutivo, que no ve motivos para pensar que ERC no votará a favor de la investidura de Illa. El Gobierno habla de «equilibrios raros» por parte de ERC, como si necesitaran dar una de cal y otra de arena en una doble vía de interlocución paralela con Junts y el PSC. Una estrategia con la que buscan evitar el coste y convencer a propios y extraños de que no hay alternativa a un gobierno socialista como «mal menor». Porque, según fuentes gubernamentales, «lo que es imposible es investir a Puigdemont. No hay una mayoría operativa ni una mayoría de gobierno porque sólo hay una investidura posible». Y una repetición electoral sólo ahondaría en el desgaste de las formaciones independentistas, como ha evidenciado las elecciones europeas respecto a las catalanas celebradas un mes antes. En palabras de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, este martes tras el Consejo de Ministros, «todos los caminos conducen a Salvador Illa».
En tanto eso llegue, a finales del verano, el Ejecutivo es consciente de las tensiones que va a generar la aplicación de la Ley de Amnistía y la vuelta a España de Carles Puigdemont. Fuentes de Moncloa sostienen que «en ningún caso un tribunal se puede negar a aplicar la Ley», que es «plenamente constitucional». «Los jueces tienen que tener claro cuál es la voluntad del legislador», sostienen altos cargos del Gobierno ante las primeras decisiones que se han producido por parte del Tribunal Supremo. La primera, la providencia dictada por el juez Pablo Llarena para mantener las órdenes de detención sobre Carles Puigdemont y el resto de fugados de la justicia. El Ejecutivo prefiere «no opinar», pero deja entrever las maniobras de la justicia para evitar que la amnistía beneficie al expresident de la Generalitat catalana. «Puigdemont tendrá que hacer valer sus derechos», sostiene una ministra del núcleo duro que considera que Puigdemont debe verse beneficiado por la amnistía, en base al principio de favorabilidad penal (in dubio pro reo) porque «evidentemente fue uno de los perjudicados» del procés, «porque fue uno de los protagonistas del 1-O». Una asunción de los postulados independentistas que asume ya a Puigdemont como un «perjudicado» del 1-O, y no un ejecutor de la subversión del orden constitucional.
