Los socios de Sánchez dudan de las medidas contra la prensa: «Es muy delicado»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acotó el marco del segundo paquete de medidas de ‘regeneración democrática’ al campo de «la desinformación, los bulos y estrategias de difamación impulsadas por la ultraderecha». En su entrevista a TVE, el jefe del Ejecutivo no dio detalles sobre la batería de iniciativas que pretende acometer en el campo de los medios de comunicación, más allá de la transposición del reglamento europeo que vela por la «la transparencia y la financiación» de los medios de comunicación. Fuentes gubernamentales explican a THE OBJECTIVE que, a diferencia del plan relativo a las atribuciones y el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), esta batería de medidas «está en fase de estudio», todavía en un estadio inicial, y ni siquiera suscita aún el acuerdo entre los socios del Gobierno de coalición. 

Sin embargo, la única medida que concita el consenso inicial, en consonancia con la normativa europea que estará en vigor en agosto de 2025, busca dotar de más transparencia a los medios de comunicación en el aspecto relativo a sus medios de financiación. Moncloa quiere que todas las empresas de comunicación estén obligadas a informar de su financiación pública, especificando cuánto presupuesto y cuántas campañas reciben de las Administraciones públicas. Una exigencia de ida y vuelta que podría obligar también al Gobierno a revelar el montante de publicidad institucional que recibe cada medio de comunicación, como ya hacen las comunidades autónomas de Madrid, Comunidad Valenciana o Cataluña. No en vano, el presidente Sánchez se comprometió a elevar sus niveles de transparencia: «También en el Gobierno podemos hacer cosas».

No obstante, el aspecto sobre las finanzas de los medios de comunicación podría no limitarse a las subvenciones que reciben del sector público. Tanto el Gobierno como sus socios explican que su intención es apelar al carácter social de los medios de comunicación para dar a conocer su accionariado, con el objetivo de comprobar si existen conflictos de interés de un grupo mediático, o alguno de sus accionistas. «El objetivo es evitar colisiones de intereses cruzados», explican a este periódico fuentes de la coalición. Dictaminar si puede existir un posible conflicto de intereses entre un medio de comunicación y su accionista: «Deberíamos poder conocer si a un gran grupo mediático le financia una gran corporación petrolera antes de informar sobre el precio de la gasolina». 

ERC, PNV y Más País descartan sanciones

De momento, el Gobierno estudia fórmulas para instar a los medios a dar esta información, sin especificar si tendrá carácter imperativo, lo cual podría conllevar dudas legales. Otra cosa es que, en la batalla contra la desinformación, el Ejecutivo establezca unas recomendaciones a las empresas informativas para identificarse en una base de datos nacional, con la identidad de sus propietarios. Las dudas que se ciernen sobre este paquete de medidas se centran en la posibilidad de establecer algún tipo de penalización a los medios de comunicación. El ala socialista del Gobierno habla en privado de «sanciones a los medios que publiquen bulos», que pretende acompañarse con una «clarificación del bulo», una conceptualización que no recoge la actual legislación sobre la libertad de prensa. Pero existen dudas sobre la capacidad legal que tenga un gobierno de actuar contra una empresa privada y a través de qué organismo se ejecutaría. 

Lo que el Gobierno ha trasladado es establecer algún tipo de penalización para los anunciantes que destinen fondos a medios que difundan bulos. Pero lo más sorprendente es que este discurso chirría y genera dudas entre los socios del Ejecutivo. En conversación con THE OBJECTIVE, algunos de sus principales aliados parlamentarios y promotores de este paquete de medidas creen que no es posible multar a los periodistas que propaguen informaciones falsas o fake news. «Es un tema muy delicado», sostienen algunos de los portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición. «No lo veo. Es un terreno complicado y muy sensible para la Comisión Europea», añaden desde otra formación aliada del Ejecutivo. Ni siquiera desde ERC creen que sea posible lo que deslizó este miércoles su portavoz, Gabriel Rufián en el Congreso, de elevar las multas por difamación de 14.000 a 150.000 euros: «No creo que se vayan a meter ahí».

Las dudas de los socios 

De momento, los socios del Gobierno se quejan de falta de información porque el primer círculo negociador se circunscribe al ámbito del Gobierno: «Primero tienen que ponerse ellos de acuerdo, y luego nos lo transmitirán al resto». La expectativa es que Moncloa traslade un primer boceto a sus socios a finales de mes, abierto a incorporaciones de los grupos, que ya tienen una larga lista de peticiones. Los aliados parlamentarios de Sánchez no quieren que estas medidas de ‘regeneración democrática’ se circunscriban al «sensible» ámbito mediático. Creen que hay que ampliar el foco incorporando otras materias pendientes, cuyo acuerdo frustrado arrastran desde la anterior legislatura, como la Ley Mordaza. «Con los medios podemos hacer muy poco. Sólo en tema de financiación y publicidad», asumen. 

Las dudas del Gobierno se enmarcan en un contexto de incertidumbre creciente sobre el futuro de la legislatura. Sin ir más lejos, este miércoles, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, se expresó en unos términos nunca antes utilizados al alimentar el escenario de un adelanto electoral: «Esto empieza a ser una locura». Y se refirió a Pedro Sánchez diciendo: «Es imposible saber qué es lo que te va a hacer a la vuelta de la esquina». Menos explícito y más sibilino fue el portavoz republicano, Gabriel Rufián, el pasado miércoles en la sesión de control al Gobierno, cuando preguntó al presidente Sánchez por la posibilidad de una moción de censura presentada por el PP: «De momento, no cuela eso de que la derecha española pacte a la vez con la ultraderecha y la derecha catalana, pero algún día colará. De momento, no cuela que el señor Feijóo pacte con el señor Puigdemont para echarle a usted, pero algún día colará. La cuestión es qué hace usted mientras».

El rictus serio de Pedro Sánchez, dirigiendo su mirada hacia Rufián y, de reojo, a Feijóo, evidenciaba que su intención es aprovechar estas dos iniciativas para soldar sus alianzas parlamentarias, aprobando las medidas sobre el Poder Judicial y los medios de comunicación en dos plenos extraordinarios en el mes de julio, antes de la investidura de Salvador Illa en Cataluña, y a la espera de la batalla crucial de los presupuestos generales del Estado en el mes de octubre. Como explican en el PSOE, de esas dos variables, «depende la continuidad de la legislatura».