España batió en 2023 su récord de gasto en deportaciones de inmigrantes irregulares
El Gobierno destinó 11,5 millones de euros a expulsar 5.000 inmigrantes de los 57.000 que llegaron
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en Casa Árabe de Madrid. | Europa Press
El Gobierno de Pedro Sánchez batió en 2023 su propio récord de dinero público gastado en la deportación de inmigrantes, cuando destinó 11.486.930 euros. Una cuantía, gestionada a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, muy superior a la de años anteriores, incluyendo la del último de Mariano Rajoy como presidente, en 2017, cuando gastó 10.194.558 euros. Así se desprende de los datos facilitados por el Ministerio del Interior en una resolución de Transparencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Este documento desgrana el presupuesto y ejecución para la deportación de inmigrantes expulsados de España desde 2017 hasta 2023 desglosado por años, pero niega el desglose por nacionalidades de los inmigrantes devueltos a sus países de origen, por cuanto «la gestión y ejecución de ese servicio es competencia de la Dirección General de Policía». En siete años, el Estado ha gastado 48,75 millones de euros, lo que supone un desembolso medio anual de 6,96 millones.
El año pasado, el Gobierno de España devolvió a unos 5.000 inmigrantes de países no europeos a sus lugares de origen, según fuentes de Interior comunicados a Eurostat. Estas cifras son de devoluciones tras la emisión de una orden de abandonar el territorio español. La cifra cerrada de estos retornos, la mayoría forzosos, era de 3.795 a fecha del 1 de octubre pasado, sin actualización posterior, pero con una estimación de un millar más para la suma en el último trimeste.
Las devoluciones se habrían, pues, incrementado con respeto a las 3.642 de 2022 y las 3.594 de 2021. Sin embargo, antes de la pandemia el Gobierno de España tendía a deportar a más inmigrantes: en 2019, un total 11.153 personas fueron expulsadas o devueltas, mientras que un año antes ascendieron a 11.284. Estos años, paradójicamente, se invirtió mucho menos: 2.677.471 y 7.886.471 euros.
En 2023 llegaron a España 56.852 inmigrantes irregulares, un 82% más que en 2022. Según los datos de cierre de 2023 publicados por el Ministerio del Interior, dicho año cerró con la llegada de 31 219 inmigrantes irregulares a España por vía marítima o terrestre a Ceuta y Melilla. Una cifra tan elevada no se veía desde 2018, cuando llegaron 57.498, de ahí que esos dos años sean los más costosos para la Secretaría de Estado de Seguridad en términos de deportaciones, pero con un porcentaje de devolución por llegada que no llega al 10%.
El Gobierno oculta la nacionalidad
Se da la circunstancia de que el Gobierno no facilita la nacionalidad ni de los inmigrantes que llegan ni de los que son devueltos o expulsados. A pregunta del PP, Interior respondió el año pasado que esto podría generar «problemas» en las relaciones exteriores de España con los países afectados y dificultar en el futuro la documentación de los inmigrantes irregulares en sus respectivas embajadas y consulados, lo que «afectaría gravemente a la eficacia de nuevas expulsiones».
Amparándose en este argumento, Fernando Grande-Marlaska sostuvo el pasado 17 de diciembre que la clave está en la cooperación con los países de origen, pero insistió en que no son pocas precisamente las complicaciones con las que se encuentran a la hora de abordar este asunto. Ahora ya admite que «no se dispone de información pormenorizada sobre el desglose por nacionalidades de los migrantes que han sido devueltos a sus países de origen, puesto que la gestión y ejecución de ese servicio es competencia de la Dirección General de Policía».
El año pasado, España retomó los vuelos de repatriación a Senegal suspendidos desde 2018. Y es que el país está desbordado por la inmigración irregular, tal y como se evidenció cuando el Gobierno tuvo que recurrir a hoteles de lujo repartidos por toda la península para alojar a miles de sin papeles, a los que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no sigue el rastro y desconoce su paradero, según admitió en su día el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a este medio.
El gabinete de Elma Saiz también confesó que en 2023 se desplazaron cerca de 29.000 personas irregulares de las Islas Canarias a la península. Además, se destinaron 60,6 millones de euros para sus necesidades, lo que supone una media de unos 2.089 euros por irregular llegado a las Canarias y trasladado a la península. La inmigración irregular, en definitiva, cada año sale más cara a los españoles.
