El Congreso da el primer paso para hacer a los funcionarios de prisiones agentes de autoridad
Los socios del Gobierno que han cuestionado la medida por su «autoritarismo» y «populismo»
Protestas de funcionarios de prisiones.
La mayoría del Congreso de los Diputados se ha mostrado este martes a favor de tomar en consideración de una proposición de ley del PSOE para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad, pese a las críticas de los socios del Gobierno que han cuestionado la medida por su «autoritarismo» y «populismo».
En la defensa de la proposición de ley, el PSOE ha apelado al PP para que se deje de «excusas baratas» y este partido le ha contestado adelantado su voto favorable, pero entre una cascada de críticas a los socialistas por «tomar el pelo» a los trabajadores de prisiones al no respaldar otras iniciativas similares, como la que aprobó hace semanas el Senado gracias al impulso de los ‘populares’.
La iniciativa del PSOE supone reformar la Ley General penitenciaria de 1979 para que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad, una antigua aspiración de este colectivo que se volvió a reclamar tras el reciente asesinato de una cocinera en la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona), de forma que se agravarían las penas para quienes atenten contra su integridad y darían presunción de veracidad a su testimonio.
Críticas de Bildu, ERC y Sumar
EH Bildu y ERC han adelantado su voto en contra en un debate en el Pleno del Congreso en el que Sumar también ha cuestionado que se reconozca a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad. Estos grupos han rechazado unir sus votos a «tantas voluntades de derecha», por el apoyo que sí dan a esta medida PP y Vox en otras tantas iniciativas parlamentarias.
«Este debate sobre el reconocimiento de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones se ha insertado en una tendencia populista de reforzamiento del autoritarismo como solución a cualquier problema de convivencia o comportamiento social, ya sea en cárceles o ya sea fuera de ellas», ha sostenido Enrique Santiago, diputado de Sumar. Fuentes de esta formación han indicado que se abstendrán en la votación.
El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu ha enmarcado la propuesta del PSOE en un «autoritarismo que no va en la vía de la reinserción y de rehabilitación», sino en la «vía punitiva», coincidiendo en este extremo con ERC, para quien la medida no va a solucionar que las cárceles «sean más inseguras» debido que el «perfil del interno ha cambiado».
El PNV, por su parte, sí ha anunciado su apoyo a la toma de consideración de la ley, mientras que Junts ha planteado algunas dudas debido a lo que ha calificado como «cláusula catalana» por el miedo a que se «desvirtúe» el modelo penitenciario de esta comunidad, que cuenta con las competencias transferidas.
Asesinato de cocinera en Tarragona
Sobre el debate ha planeado el asesinato reciente de una cocinera de la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona), motivo por el que la diputada del PP Ana Belén Vázquez ha pedido una comisión de investigación y que la proposición de ley englobe a todos los trabajadores de las cárceles, sean o no funcionarios.
La diputada ‘popular’ ha censurado que el PSOE busque ahora su apoyo y se ha centrado en criticar la gestión de Fernando Grande-Marlaska al frente de Interior, por renunciar a aprobar una nueva ley orgánica penitenciaria que actualice la de 1979 y por anteponer el acercamiento de presos de ETA a las demandas de los funcionarios.
«Nos insultan, nos dan ultimátum, nos llaman máquina del fango, incluso nos mandan a la mierda, y hoy nos piden que les apoyemos. ¿Saben por qué? Porque han perdido las elecciones, porque ustedes no tienen el apoyo suficiente en el Congreso de los Diputados», ha resumido.
En este sentido, Vázquez ha defendido la política de Estado de Alberto Núñez Feijóo frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Por encima de ese puto amo deberían estar ustedes y ser responsables con sus territorios, pero veo que no lo están; nosotros sí que lo estamos, por eso, por responsabilidad con los funcionarios de prisiones, vamos a votar a favor», ha dicho antes de advertir que no aceptarán que les «vuelvan a tomar el pelo».
Otras iniciativas «sustancialmente idénticas»
El diputado de Vox Javier Ortega Smith también ha apoyado el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad, pero afeando al PSOE que no respaldara antes otras iniciativas suyas «sustancialmente idénticas».
No obstante, desde Vox han avisado de que en el trámite de enmiendas serán más ambiciosos para pedir una equiparación salarial entre personal penitenciario, así como para impulsar un estatuto propio o el reconocimiento de profesión de riesgo.
En su turno, Ortega Smith ha reprochado que los socios del Gobierno, calificados de «bilduetarras» en el caso de EH Bildu o el «abogado de las FARC» en referencia a Enrique Santiago (Sumar), pongan en cuestión el trabajo de los funcionarios de prisiones en España, aludiendo en comparación a las cárceles cubanas, venezolanas o de Colombia.
La propuesta de los socialistas propone, en concreto, modificar el artículo 80 de la Ley General Penitenciaria para dejar claro que los funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de Instituciones Penitenciarias, en el ejercicio de sus funciones, tienen «a todos los efectos legales» el carácter de Agentes de la Autoridad, «pudiendo identificar tal condición por su número de registro profesional, en procesos administrativos y judiciales que sean consecuencia de su actividad profesional».
Pero esta no es la primera vez que una ley de este tipo se debate en el Pleno del Congreso. En marzo de 2022 el grueso de los grupos parlamentarios ya respaldó la tramitación de una propuesta similar de los socialistas, pero después se fueron prorrogando los plazos de enmiendas y la reforma decayó con la disolución de las Cortes.
