El Gobierno cree que es inminente un acuerdo con el PP para el CGPJ: «Hay señales positivas»
La «presión de los jueces conservadores» por los ascensos y el colapso de la Justicia explican los avances
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. | Agencias
Esta vez podría haber agua en la piscina. La profundidad, como para atreverse al salto, ya es otra historia. El Gobierno desliza con cautela que «parece» que las negociaciones con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) podrían haberse «encauzado» en las últimas horas, hasta el punto de que tengan incluso carácter de inminente. Algunos apuntan a la semana que viene, aunque las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE dejan en segundo plano el momento del anuncio y priorizan la noticia de un acercamiento entre los negociadores socialistas y populares. Por primera vez desde que el último acuerdo saltó por los aires, en octubre del 2022 -por el anuncio de María Jesús Montero de reformar el Código Penal para derogar los delitos de sedición-, en Moncloa destilan optimismo sobre un pacto con el PP.
Según fuentes gubernamentales, desde hace días han llegado «señales positivas» desde el principal partido de la oposición al Gobierno. Primero, vía informaciones periodísticas. Segundo, a través de declaraciones públicas. Y, en último término, en privado, de los interlocutores del PP en las conversaciones que mantienen con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, con el popular Esteban González Pons. El negociador gubernamental no quiso dar pistas este martes en los pasillos del Congreso y se remitió a la «otra cofradía»; y, desde esta, Alberto Núñez Feijóo se limitó a afirmar un «estamos intentándolo, vamos a verlo».
Sin embargo, fuentes del Ejecutivo vienen sosteniendo desde hace semanas que «Feijóo no iba a aguantar la presión», que era posible alcanzar un acuerdo después de las elecciones europeas y antes de que expire el plazo lanzado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a finales de este mes, para presentar una reforma unilateral por parte de PSOE y Podemos que es, sostienen, «plenamente constitucional», si bien recoge la rebaja gradual y escalonada de las mayorías parlamentarias para elegir a los vocales del CGPJ y arrebatarle al Consejo su facultad de hacer nombramientos en los órganos de justicia. La reforma, trabajada desde hace meses con el socio minoritario de la coalición y ya preparada», contempla «una reducción de mayorías por plazos para evitar el bloqueo, para que no se pueda evitar la renovación» y se repitan los cinco últimos años de bloqueo.
El ‘plan B’ está «preparado»
El Gobierno siempre ha dejado claro que este era el ‘plan B’, que una palabra de Feijóo serviría para desistir de esa reforma y cerrar un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios que deben renovar también la vacante pendiente del Tribunal Constitucional, que le toca elegir al PP, y a los dos representantes del Banco de España, el gobernador para el PSOE y el subgobernador para el PP. «En 15 minutos se puede resolver esta cuestión», sostienen fuentes de Moncloa dejando la pelota en el tejado del PP. Y parece que la presión ha surtido efecto. Según el Gobierno, una presión que, principalmente, viene de la judicatura, de los jueces conservadores.
«Hay muchos jueces que han visto cómo se ha truncado su carrera porque se han jubilado sin poder ascender. Los jueces conservadores no pueden aguantar» al ver que no se renuevan las vacantes y que se agudiza el colapso de la Justicia. Las jubilaciones se suman a un consenso interno entre «los togados (jueces) y los no togados (los juristas de reconocido prestigio) en que la situación es insostenible». Y la presión, según fuentes socialistas, ha ido llegando al PP también por parte de «los colegios profesionales por el retraso de la justicia y el riesgo de la tutela judicial efectiva». Pero también ante el baño de realidad de que el rechazo del PP a llegar a un acuerdo forzará una renovación unilateral del PSOE, Sumar y las cuotas de sus aliados parlamentarios, que excluirán a los conservadores del órgano de gobierno de los jueces. «Por supuesto, que elegiremos a vocales progresistas y ellos saben que vamos en serio. Ahora pueden elegir conservadores, después no».
Sánchez: «Hay una opción»
De momento, en Moncloa se entregan a la discreción ante el miedo de que la presión interna en el PP sea más fuerte que la que llega de la judicatura. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, espoleó a Feijóo en la sesión de control del Congreso, emplazándole a demostrar quién manda en el PP: «Cada vez que hay una opción de que podamos entendernos el Gobierno y la oposición, aparecen sus jefes, el señor Aznar, el señor Abascal, la señora Ayuso, y le dicen: ‘Ni se le ocurra’ … ¿Qué Feijóo vamos a tener hoy? ¿Vamos a tener el Feijóo que, por una vez, cumple con la constitución, o va a cumplir con los jueces?».
Feijóo dio largas al presidente: «Su principal problema no es el CGPJ, sino con los jueces». Evasivas en las que aireó su propio plan de regeneración democrática con hasta 60 medidas concretas. «Seamos serios, señor Sánchez, ¿un fiscal general al borde de la imputación es regeneración democrática? ¿Partir en dos al consejo fiscal es regeneración democrática? Un plan de regeneración democrática del señor Sánchez es como un manual de las buenas maneras del señor Puente. No hay regeneración democrática en España posible mientras usted sea presidente del Gobierno».
Balas de fogueo a las que replicó el presidente Sánchez con una apelación final al miedo: «Nosotros vamos a garantizar que se cumpla la Constitución española: con ustedes o sin ustedes». Si es postureo o realidad, se verá en las próximas horas, o días. Algunos sitúan la posibilidad de un acuerdo la semana que viene, incluso se abren en Moncloa a estirar «unos días» el ultimátum de Sánchez, si hay visos de una posible fumata blanca. Lo que tienen claro en el núcleo duro del presidente es que tiene que ser en julio: «Si Feijóo quiere un pacto, tiene que ser antes del verano. No le vamos a dar opción. Después del verano, ya es imposible».
