Bruselas da más tiempo para pactar el CGPJ al retrasar el informe sobre el Estado de derecho
Sánchez quería un acuerdo a final de junio, ya que el documento, crítico con España, se iba a conocer el 3 de julio
Alberto Núñez Feijóo y Ursula Von der Leyen, durante la visita a Galicia de la presidenta de la Comisión Europea para apoyar al PP en las últimas elecciones. | Europa Press
La falta de acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está teniendo consecuencias en Europa, ya que, según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, la candidata a presidir la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiere presentarse a su examen en el Parlamento Europeo para renovar en el cargo sin el informe del Estado de derecho de la UE, previsto para el próximo día 3 de julio, pues puede sembrar el malestar en algunas delegaciones con cuyo voto cuenta para salir reelegida. Esta es una de las causas que podrían explicar la decisión de la Comisión de retrasar a finales de julio la presentación del citado informe. Ello supone que PP y PSOE pueden tener más tiempo para intentar pactar la renovación antes de publicarse el informe.
La Comisión Europea se ha convertido en la garantía de que este acuerdo pueda llegar a buen término y los futuros dirigentes comunitarios no quieren verse salpicados por un nuevo fracaso ni por un documento crítico antes de su elección, en el caso de Von der Leyen. Desde Europa llevan presionando desde hace tiempo a las partes para que alcancen un acuerdo. De hecho, el plazo fijado por Sánchez, antes de ejecutar una solución unilateral, era precisamente a final de junio, justo antes de la fecha inicial de hacerse público el informe.
Fuentes comunitarias consultadas por Europa Press restaron importancia al aplazamiento porque «unas semanas no cambiarán nada» y apuntaron que el cambio busca evitar asimismo que el momento de su publicación pueda verse como un intento de «politización». El análisis comunitario se publica cada verano y examina cuestiones sensibles para todos los Estados miembro, desde el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la urgente renovación, en el caso de España, hasta el artículo 7 activado contra Hungría por su deriva antidemocrática o la situación de los medios en Italia.
Las fuentes consultadas por este periódico señalan que «la Comisión Europea tiene entre ceja y ceja que la Justicia española sea independiente. A partir de ahí presionan, como hace ahora la Comisión, discretamente porque el informe va a ser muy crítico con la situación de España». Igualmente, señalan, por esta razón, «a Ursula le gustaría presentarse como candidata con este tema resuelto, antes de presentarse el informe porque ella tiene que someterse al voto del Parlamento Europeo», que podría ser del 15 al 18 de julio, que es el último Pleno de la Eurocámara antes de las vacaciones de verano.
«Presentar el informe del Estado de derecho, justo antes» es complicado, «porque molesta a mucha gente y ella tiene que pedir ahora el voto al Parlamento Europeo», comentan estas fuentes. «Es más que probable que la elijan a ella, pero una cosa son los primeros ministros y otra el voto del Parlamento, que está todavía incierto. Una vez elegida habrá una llamada a las fuerzas moderadas del Parlamento Europeo que le dirán que con esto no se puede jugar»
A día de hoy, THE OBJECTIVE ya publicó, en fuentes populares, que la negociación sigue, pero que el acuerdo «no es inminente», frenando el optimismo del Gobierno, que dejó caer esta semana que hay señales que así lo apuntan. Los populares insisten en que «necesitamos la garantía de la supervisión internacional, que es la Comisión Europea» y aseguran que «vamos a esperar hasta que el Gobierno cristalice su postura, por escrito, se la remita a Bruselas y sepamos qué piensa el Gobierno». En este sentido, precisan que «si el Gobierno no evoluciona su postura en la línea de reducir el control político del CGPJ, no habrá acuerdo. Verá Sánchez si le quiere decir al Consejo que con su mujer investigada por la Justicia, quiere su control. Allá él, nosotros nos mantenemos firmes en ese planteamiento».
La tensión y el nerviosismo sigue creciendo en el seno del PP a medida que aparecen declaraciones sobre un acuerdo cercano y las consecuencias negativas que puede tener para esta formación política. Dirigentes populares aseguran que «si Pedro Sánchez es un peligro para la democracia habrá que obrar en consecuencia» y ven «mal» cualquier pacto con el Gobierno. Otras fuentes consultadas apuntan a que «cualquier acuerdo que le dé cobertura moral y política al PSOE es malo para el país. Una catástrofe».
