El Gobierno recurre ante el Constitucional la ley trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid
Ambas normas quedarán en suspenso mientras el tribunal de garantías los resuelve
Las ministras de Educación Pilar Alegría (c), María Jesús Montero (i) y Ana Redondo (d) | Chema Moya (EFE)
El Consejo de Ministros ha acordado interponer sendos recursos de inconstitucionalidad contra las leyes trans y de protección de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid, que quedarán en suspenso mientras el tribunal de garantías los resuelve.
Lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en vísperas del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se celebra este viernes 28 de junio.
El Defensor del Pueblo llevó hace ya tres meses ante el Constitucional la ley trans impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, al entender que exigir que los menores cuenten con el apoyo de profesionales de salud mental si quieren acceder a terapia hormonal para cambiar de sexo, o pedir un informe favorable del médico que les trata si padecen alguna enfermedad son requisitos «patologizantes y desproporcionados», según recoge EFE.
Redondo ha considerado que la normativa de la Comunidad de Madrid es «claramente regresiva» al limitar e imponer nuevos requisitos para ejercer derechos que se reconocían en leyes autonómicas previas y al recortar además derechos protegidos por la legislación estatal.
Los recursos se centran en los artículos que el Gobierno considera contrarios a los derechos fundamentales o que invaden competencias del Estado. Se impugna así, por ejemplo, la excepción que se hace a la prohibición absoluta de las terapias de conversión, permitiendo el asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica, al considerar que estas prácticas en muchas ocasiones encubren las citadas terapias.
En línea con el recurso del Defensor del Pueblo, se recurren también los artículos que suponen una «patologización» de los menores trans al exigirles informes y acompañamiento psicológico. Son requisitos que chocan contra los derechos reconocidos en la ley trans nacional, ha manifestado Redondo, quien ha señalado que la decisión del Gobierno cuenta con el aval del Consejo de Estado.
La ministra ha considerado además «claramente discriminatorio» que se permita a las personas trans usar espacios o equipamientos «sin menoscabo de los derechos e intimidad del resto de usuarios, especialmente de las niñas y mujeres», «como si las mujeres trans pusieran en peligro los derechos del resto de mujeres».
Ha asegurado además que las dos leyes madrileñas invaden competencias exclusivas del Estado al excluir a las organizaciones LGTBI de la condición de interesados en procedimientos penales y administrativos sancionadores, incluso cuando representen a una víctima o perjudicado con su permiso explícito.
Según ha apuntado, se ha decidido acudir al Constitucional ante la falta de avances en la negociación abierta en la Comisión bilateral entre la Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid, aunque ha reconocido que no han concluido el plazo preceptivo de seis meses. «Los derechos de las personas trans y LGTBI no pueden seguir esperando y es competencia del Gobierno garantizar que en todo el territorio del Estado se pueden disfrutar estos derechos en igualdad», ha manifestado tras destacar los efectos suspensivos de los recursos.
