El Gobierno prevé ampliar el ultimátum al PP sobre el CGPJ si avanza la negociación
Ferraz ve posible «no agotar el plazo», pero fuentes de Moncloa barajan que se puedan prolongar las negociaciones
El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en Estrasburgo, con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y con el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons. | Comisión Europea
El acuerdo es «inminente», según el Gobierno, aunque quizás los detalles finales del pacto entre PP y PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) podrían demorarse más allá de lo previsto. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó un ultimátum al PP hace más de diez días para llegar renovar al órgano de gobierno de los jueces, y este expira a finales de mes, el 30 de junio. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE del Gobierno y el PP sitúan como escenario probable que se cierre un acuerdo esta misma semana, aunque en Moncloa no descartan estirar un poco el plazo hasta principios de julio para lograr la tan ansiada renovación de la justicia.
Preguntada por este periódico, la portavoz del PSOE, Esther Peña, confirmó este lunes por vez primera «los contactos que se están realizando en las últimas horas de los últimos días». Y mostró su «optimismo» y «confianza» en llegar a un acuerdo «en los próximos días». La portavoz de la Ejecutiva Federal aseguró que el PSOE «mantenemos intacta la confianza en la renovación y en poder cumplir con España y la Constitución española». Y pidió para ello que «dejemos que la discreción siga siendo la tónica». «Yo lo que sí que quiero reafirmar mi optimismo y el optimismo del PSOE para que la renovación sea un hecho, para que la justicia y el poder judicial vuelvan a la normalidad, que nunca debió haberse perdido y que, dentro de unos días, esto sea, por tanto, una realidad», aseguró a preguntas de THE OBJECTIVE.
En Ferraz se respiró este lunes confianza plena en un acuerdo que se producirá «más pronto que tarde». En privado, se expresó incluso la esperanza de no llegar a la fecha límite del 30 de junio: «Esperamos no agotar el plazo». Pero en Moncloa barajan incluso ampliar el plazo una semana más para tener la primera semana de julio como margen para el acuerdo entre el Gobierno y el PSOE, como síntoma del buen curso de las negociaciones. «Es lo lógico, si estamos a punto de llegar a un acuerdo», sostienen fuentes gubernamentales, aunque en el PSOE matizan que «eso depende del PP».
A expensas de «un párrafo»
Las fuentes populares consultadas explican que el grueso de las conversaciones versan en torno a «un párrafo» sobre el compromiso a futuro para reformar el sistema de elecciones de los vocales del CGPJ. Un compromiso que siempre ha negado el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y que ahora podría incluirse de forma matizada. Según el portavoz del PP, Borja Semper: «Nuestra voluntad es llegar a un entendimiento que renueve el Consejo General del Poder Judicial y que garantice también, a través de las reformas pertinentes, que los jueces sean elegidos por los jueces». Pero en Moncloa aclaran que «puede haber un compromiso para la despolitización de la justicia, pero no un compromiso sobre una reforma para la despolitización de la Justicia» que no comparten los socialistas, ya que creen que es el Parlamento, y no las asociaciones profesionales de jueces, quienes deben elegir a los miembros del CGPJ.
El PP está dispuesto a llegar a un pacto, pero quiere «garantías» y «condiciones para la independencia del poder judicial». Y eso implica que los tiempos los marcan sus exigencias. No habrá acuerdo hasta que el Gobierno no acepte incluir el citado párrafo en el texto. Y se sienten amparados por la mediación de la Comisión Europea, que ejerce de notario en los encuentros y que es conocedora de sus exigencias, alineadas con la posición europea en materia de reformas de Justicia. Los populares creen que Europa no consentiría nuevamente al Gobierno una reforma de la justicia que contravenga los postulados comunitarios, como hizo en 2021, al forzar la retirada de la llamada ‘reforma dura’ de la justicia, presentada por PSOE y Podemos y amparada por el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hoy magistrado del Tribunal Constitucional. Fue precisamente la retirada de esta proposición de ley la que dio paso a otra, la ‘reforma blanda’ de la justicia, que paraliza los nombramientos por parte de un CGPJ con mandato caducado, lo cual está provocando actualmente el colapso en la administración de Justicia.
El ‘plan B’ de Sánchez, preparado
Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez también se siente fuerte. Y por ello, el pasado 12 de junio, el presidente Sánchez amenazó con una reforma unilateral del Poder Judicial que permitiera desbloquear al Consejo sin el PP. Como adelantó THE OBJECTIVE, la reforma en la que llevan trabajando PSOE y Sumar desde hace casi un año contempla una rebaja «escalonada» de mayorías y cambios en los nombramientos que son facultad del CGPJ, como el presidente del Tribunal Supremo y los órganos superiores de justicia. Fuentes de Moncloa dicen tener garantías de que «esta vez Europa nos daría el visto bueno tras cinco años de secuestro del poder judicial por parte del PP». Pero los populares aseguran que no se levantarán de la mesa con la Comisión Europea hasta que haya acuerdo, con lo cual anticipan que será Sánchez el culpable de hacer fracasar el pacto por la justicia si cumple su amenaza pasado el ultimátum.
La portavoz socialista evitó este lunes contestar a dos preguntas de la prensa, entre ellas la de THE OBJECTIVE, sobre la ampliación del plazo del ultimátum. En cualquier caso, no se podría posponer más allá de la primera semana de julio, ya que los dos paquetes de medidas de ‘regeneración democrática’ han de ser convalidados a finales de julio, como prometió el propio Sánchez en sede parlamentaria. Y para ello, es urgente convocar dos plenos extraordinarios durante este mes, toda vez que el 30 de junio concluye el periodo ordinario de sesiones. De haber acuerdo, esta sesión extraordinaria serviría para votar a los vocales del CGPJ en el Hemiciclo. Este sería el primer paso de unos acuerdos para la renovación de los órganos constitucionales, en la que también está pendiente el Banco de España, la vacante número 12 del Tribunal Constitucional y RTVE. Pero la negociación se hace por separado. Como confirmaron desde Ferraz y suscribió el portavoz del PP, «la negociación en torno a la renovación del CGPJ y la implementación de medidas que garanticen la independencia de los jueces no está vinculada con ninguna otra negociación». «De momento, sólo estamos con el CGPJ». Si hay acuerdo, se abrirán otras carpetas con otros negociadores distintos.
