Vox moviliza a la Policía en donde gobierna para combatir los empadronamientos ilegales
Palma de Mallorca, Talavera de la Reina, Cartagena o Níjar se coordinarán con agentes para hacer cumplir la ley
Fulgencio Coll, David Moreno, Gonzalo López, Pilar Fenoy y José Antonio Fúster en la sede nacional de Vox. | Vox
Inspecciones y visitas domiciliarias, canales de denuncias anónimas, sanciones contra los fraudes o retirada inmediata de ayudas públicas a ilegales. Esas son algunas de las medidas que Vox impulsa en los municipios en los que gobierna o tiene acuerdo de gobierno, o en los que tiene competencias en materia de seguridad, para «combatir el alarmante aumento de empadronamientos ilegales detectados» en coordinación con las policías locales.
Así lo ha anunciado este martes el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, acompañado por Fulgencio Coll, concejal y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca; David Moreno, concejal de Medio Ambiente, Parques y Hábitat Urbano del Ayuntamiento de Talavera de la Reina; Gonzalo López, concejal de Litoral y Sanidad del Ayuntamiento de Cartagena; y Pilar Fenoy, primera teniente de alcalde, y concejal de Turismo y Playas de Níjar.
Fúster ha lamentado que los empadronamientos ilegales generan un «efecto llamada» a una inmigración «incompatible que daña los servicios públicos y es un riesgo para la seguridad», y que «favorece a las organizaciones criminales que se lucran con el tráfico de seres humanos». Además, en palabras de Moreno, «con el empadronamiento comienza todo: la cartilla sanitaria y el acceso a ayudas».
El partido de Santiago Abascal intenta aprovechar al máximo su poder territorial a todos los niveles desde las elecciones autonómicas y municipales. Hace sólo dos semanas convocaron a los medios para explicar las medidas contra la ley de amnistía desde los gobiernos autonómicos y ahora han hecho lo propio con cuatro ediles y la inmigración en la diana. «Estamos impulsando medidas contundentes en los municipios en los que gobierna o tiene acuerdo de gobierno, para combatir el alarmante aumento de empadronamientos irregulares», blasonan en Vox.
El momento escogido no es casual. La formación conservadora es consciente del malestar social con los episodios violentos protagonizados por inmigrantes en los últimos días, tales como el caso de David Lledó, el hombre asesinado por tres hombres marroquíes en Gata de Gorgos, Alicante, y los quiere capitalizar.
Choque en Burgos
Los prebostes municipales de Vox han descartado un choque con el Partido Popular, asegurando que las medidas han sido consensuadas, y no temen un conflicto institucional con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: «Podrá decir misa, pero la ley está de nuestra parte».
Sin embargo, este paquete de medidas ya ha supuesto un choque con el PP y con Cáritas, que ya han adelantado su rechazo en Burgos. La organización de la Iglesia Católica ha denunciado el intento de Vox de perseguir los «empadronamientos ilegales de inmigrantes» a través de la Policía Local en la capital burguesa porque podría «sembrar el miedo» hacia ese colectivo. La alcaldesa Cristina Ayala, por otro lado, ha dicho que ella es «la única autoridad» y no las aplicará.
Desde la formación conservadora aseguran que, además de Palma de Mallorca, Cartagena, Talavera y Níjar, Vox está aplicando estas medidas en todos los ayuntamientos en los que tiene competencias en Seguridad: Elche, Castellón, Burgos Collado Mediano, Moraleja de Enmedio, Naval moral de la Mata, El Casar, Burriana, Crevillent, Alicante, Valladolid, San Vicente de Raspeig y Yuncos.
