Moncloa deroga a través de una treta legislativa el artículo sobre la amnistía que indignó a Junts
El Gobierno cuela su eliminación en el decreto publicado en el BOE que prorroga las medidas anticrisis
El ministro Félix Bolaños. | Europa Press
El Gobierno cede ante el independentismo y deroga a través de una treta legislativa un artículo que reforzaba la vía de los jueces a la hora de paralizar la amnistía ante instancias de la Unión Europea. Se trata, en concreto, del artículo 43 Bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, impulsado por el propio Ejecutivo en diciembre, y que permitía dejar en suspenso el procedimiento de aplicación de la ley si los tribunales presentaban una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Su aprobación indignó a Junts, que lo interpretó como «una traición», y aunque desde el Gobierno se justificó que seguían una recomendación de la UE, ahora reculan colando su derogación en el paquete anticrisis que acaba de entrar en vigor. No obstante, su derogación no tendrá efecto jurídico, como ya recogió THE OBJECTIVE.
La maniobra, adelantada por El Confidencial, ha consistido en añadir una disposición derogatoria única, con el fin de suprimir el citado artículo, en el decreto publicado en el BOE este jueves que prorroga las medidas anticrisis para afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania e Israel, a pesar de que no guarda relación con este contenido. Lo cierto es que la supresión de este artículo no tendrá efectos jurídicos, ya que no impedirá que la ley de amnistía sea suspendida de forma provisional si un juez español plantea una cuestión prejudicial a la Justicia europea, como dicta la jurisprudencia al respecto.
En declaraciones a los periodistas en el Congreso recogidas por EFE, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha recordado que la reforma se pactó con Junts y le ha quitado importancia, al considerar que la «práctica jurídica» no va a cambiar cuando se haga una consulta al TJUE.
Desde Moncloa justificaron en su momento su aprobación como una petición de la Unión Europea. El ministro Félix Bolaños afirmó cuando se aprobó este artículo que «formaba parte de las recomendaciones que el TJUE hace a los juzgados» y que «no es una novedad en las cuestiones prejudiciales», atribuyendo la protesta de Junts a un «malentendido».
En efecto, desde el partido que lidera Carles Puigdemont se consideró que ese artículo supone un obstáculo para aplicar la ley de amnistía. En concreto, el artículo ahora derogado versaba lo siguiente: «El auto de planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acordará la suspensión de las actuaciones hasta que conste en autos la resolución del TJUE que decida la cuestión prejudicial o se acuerde la retirada de la cuestión prejudicial».
Esa redacción implica que, una vez entre en vigor la ley de amnistía, los jueces que adviertan una posible colisión con las normas comunitarias podrán dirigirse al TJUE para resolver sus dudas. Mientras eso sucede, los casos quedarán paralizados. Así lo entendieron los especialistas consultados y así se especifica en la web oficial de la UE, que subraya que «el procedimiento nacional debe suspenderse hasta que el TJUE haya emitido su fallo». Pues bien, ese escenario se activará aunque se haya anulado el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que España está obligada a seguir la normativa comunitaria.
El artículo se incluyó en el ‘decreto omnibus’
El controvertido artículo se introdujo en el denominado decreto ley omnibus, que incluyó en diciembre importantes reformas en materia de justicia y que se tramitó con gran celeridad porque, según aseguró el Gobierno, era una exigencia de la Comisión Europea para recibir cuantiosos fondos europeos.
Sin embargo, Junts amenazó con votar en contra -lo que habría implicado el fracaso del decreto- al considerar que ese artículo ponía «en riesgo la aplicación de la amnistía». En una intensa jornada de negociaciones en enero, el PSOE acabó pactando con Junts la eliminación de ese artículo, además de la delegación de las competencias en inmigración a la Generalitat y la publicación de las balanzas fiscales. El Gobierno cumple ahora lo pactado derogando el artículo a través del último real decreto de medidas anticrisis.
