El Gobierno asume que el nuevo CGPJ no podrá acordar la despolitización de la Justicia
Fuentes gubernamentales aseguran que en el listado de nuevos vocales «no hay números» para lograr la mayoría
Pedro Sánchez y José Luis Montero. | Agencias
La despolitización de la Justicia siempre fue el principal escollo de la negociación. Hace dos años, el PP ponía como condición pactar primero el cambio en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y luego desbloquear el órgano de gobierno de los jueces. En esta reciente negociación, el PP ya aceptaba que se hiciera de forma simultánea, pero siempre desde la exigencia de que el acuerdo incluyera un párrafo explícito con el compromiso del Ejecutivo para reformar el sistema de elección. O eso entendió el PP. Fuentes de Moncloa pinchan ahora el globo de las expectativas y aseguran a THE OBJECTIVE que «nunca nos hemos comprometido a hacer una reforma para despolitizar, sino sólo a despolitizar».
La «trampa» que sospechaban los populares radica en la fórmula que se barajó en anteriores negociaciones: instar al nuevo CGPJ a elevar una propuesta sobre el cambio de modelo de elección. El párrafo se convirtió en una reforma de una ley orgánica, la del poder judicial, que sirve para ‘vestir’ el acuerdo y facilitar el plácet del PP, pero en la voluntad del Gobierno ni está ni nunca ha estado que los jueces elijan a los jueces. Apenas 24 horas después del pacto con los populares, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aclaró que esta iniciativa legislativa «claro que no es vinculante» y que el plazo de seis meses dado al CGPJ es para que «compruebe si hay posibilidad de mejorar nuestro modelo en la elección de los 12 vocales judiciales y haga una propuesta».
«No hay números»
El negociador del acuerdo, junto al popular Esteban González Pons, le echó agua al vino al recordar que esta reforma «tiene que ser aprobada por una mayoría reforzada» de tres quintos de los miembros del Consejo y ha pedido «dejar trabajar a los vocales, que comparen con los modelos europeos y, si hay mejoras, hagámoslo». Ahí radica la confianza del Gobierno: en la ausencia de una mayoría. Fuentes de Moncloa consultadas por este periódico aseguran con convicción que «no hay números» para lograr la mayoría reforzada de tres quintos entre los 20 vocales del Consejo que serán nombrados a finales de julio por el Congreso de los Diputados y el Senado.
De esta forma, el Gobierno tiene la seguridad de que «no habrá reforma» y que los vocales del CGPJ no elevarán a finales de 2025, cuando expiran los seis meses de plazo, ninguna propuesta al Congreso para cambiar el método de elección. Se congratulan en Moncloa de que «tenemos diez vocales, los mismos que el PP», que rechazan la fórmula que propone el PP, y que sólo con la mitad del Consejo se frustra la iniciativa que se contempla en la reforma de la ley orgánica. Pero es más: el Gobierno sostiene que «incluso muchos conservadores rechazan esa fórmula» para que la elección deje de ser exclusivamente parlamentaria y se dirima en el ámbito de las asociaciones judiciales. Algo que incluso les permite albergar la convicción de que la prometida reforma no verá nunca la luz y, en caso de que lo hiciera, se acabaría volviendo al sistema parlamentario.
El calendario exprés
Para el Gobierno, la mejor fórmula para avanzar en la independencia judicial ha sido la renovación del órgano de los jueces, a partes iguales entre el PP y el PSOE, porque «hemos excluido a los perfiles más politizados». Gracias a este Consejo, «no podrá volver a ampararse desde el CGPJ a un juez que insulta al presidente del Gobierno», dicen en referencia al juez Peinado, que instruye la causa de la mujer del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez. Además, la imposición de la nueva mayoría exigida de tres quintos obliga a que las decisiones del órgano trasciendan del marchamo ideológico que se les presupone, por el bloque por el que fueron propuestos, o al bloqueo de las mismas. Algo que en Moncloa aplauden porque supone el fin de un órgano que se erigía en azote contra el Gobierno y el inicio de una nueva etapa para forjar alianzas de cara a los múltiples nombramientos vacantes en los tribunales de justicia, como consecuencia de la paralización de nombramientos que impuso el Gobierno a un CGPJ con mandato caducado.
Por lo tanto, pese a que la reforma de la ley del poder judicial será un brindis al sol, el calendario legislativo se hará por la vía de urgencia, atendiendo al compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que las reformas en materia de justicia y mejora de la’calidad democrática’ se aprobarán en el mes de julio. Para ello se aplicará el procedimiento de urgencia y la convocatoria de cuatro plenos extraordinarios hasta el cierre definitivo del Congreso durante el mes de agosto. El próximo día 4 de julio será el debate de toma en consideración de la ley en el pleno de la cámara, y a la semana siguiente, el 11 de julio, el debate de enmiendas a la totalidad, para el que existe el compromiso de ‘rodillo’ de la mayoría de PP, PSOE y Sumar.
El trámite exprés se extenderá a la comisión de Justicia, donde se elaborará un dictamen que debe elevarse al pleno nuevamente el 23 de julio, donde se aprobará finalmente. En paralelo, Congreso y Senado deberán convocar un pleno para la ratificación de los 20 nombramientos del CGPJ, diez por el Senado y otros diez por el Congreso, lo cual se espera para el mismo 23 de julio en la Cámara Baja y el 24 en la Cámara Alta. Las prisas permitirán que el nuevo órgano esté en plenas funciones a finales de julio, con lo que podrían elevar una propuesta para la reforma del sistema de elección del CGPJ en enero del 2025. Moncloa se muestra absolutamente convencida de que el informe nunca verá la luz y dará la razón al Gobierno en que el actual modelo es «el único posible».
