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Política

El Gobierno dice que sí ha mandado los papeles del 'caso Koldo' pedidos por el Senado

El ministerio presentó en el Registro de la Cámara Alta un escrito el día 7 con información solicitada

El Gobierno dice que sí ha mandado los papeles del ‘caso Koldo’ pedidos por el Senado

El exministro José Luis Ábalos, en una imagen de archivo, en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado. | Agencias

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes registró en el Senado el pasado día 7 de junio información sobre la petición de documentación del ‘caso Koldo’ solicitada por la comisión de investigación, que todavía no ha llegado a miembros de la citada comisión, según su versión, como publica este sábado THE OBJECTIVE, en relación a los contratos de la empresa Soluciones de Gestión con organismos públicos, como Puertos del Estado. Las fuentes consultadas por este periódico confirman que se registró documentación en la Cámara Alta tras la petición cursada para remitir los contratos públicos realizados durante la pandemia de Covid-19, relacionados con la intermediación de Koldo García, en el marco del plan de trabajo aprobado el 10 de abril.

La solicitud afectaba a los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Presidencia; Justicia y Relaciones con las Cortes; Hacienda; Interior; Transportes y Movilidad Sostenible; Sanidad y Transformación Digital y Función Pública. Sin embargo, esta documentación relativa a la empresa Soluciones de Gestión, recomendaba por Ábalos para comprar las mascarillas sobre las que cobraban comisiones, siempre según la versión de miembros de la comisión de investigación, como publica hoy este periódico. La razón de este desconocimiento podría estar en que la documentación, aunque sí ha llegado a la Cámara Alta, todavía no es conocida por los responsables de su supervisión.

Como también publica este sábado THE OBJECTIVE, la comisión sí ha recibido documentación de otros organismos a los que también se les ha solicitado, como son los casos del Banco de España, el Consejo General del Poder Judicial, los gobiernos de Baleares, Canarias y Castilla-La Mancha, Globalia o la Universidad Complutense.

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