El PP pregunta al Gobierno sobre el pago al relator de la ONU destapado por TO
El diputado Carlos Floriano denuncia cómo se reparten de una manera «partidista» 10.000 euros en época electoral
El portavoz de Asuntos Exteriores del PP, Carlos Floriano, con el ministro José Manuel Albares. | EP
El Partido Popular llevará al Congreso de los Diputados el polémico pago de 10.000 euros al relator especial de la ONU, el argentino Morris Tidball-Binz, que después criticó las leyes de concordia aprobadas por el PP y Vox, como desveló THE OBJECTIVE este domingo. Los populares han presentado una pregunta para que sea respondida por escrito y con la que tratan de aclarar las circunstancias en la que se produjo ese pago y si se han realizado otras aportaciones económicas con el mismo fin.
El Gobierno confirmó, a través del Portal de Transparencia, que destinó 10.000 euros, dentro de la contribución voluntaria en 2023, para apoyar el mandato general del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU. La donación española se produjo, por tanto, unos meses antes de que Tidball-Binz firmase el controvertido informe junto al relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli, y la presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé, en el que los tres alegaron que dichas normas del PP y Vox pueden «invisivilizar» las «graves violaciones de los derechos humanos» cometidas durante el «régimen dictatorial franquista».
El Ministerio de Asuntos Exteriores señaló que «no se ha asignado ninguna cantidad al resto de relatores especiales indicados en la solicitud», se precisa a renglón seguido en la respuesta. Además, el Ejecutivo incide en que la contribución voluntaria de España «respalda» la labor de la oficina de Derechos Humanos de la ONU «en el desempeño del mandato global de la Oacnudh y de los diferentes mecanismos internacionales de derechos humanos, como son los procedimientos especiales».
El Grupo Parlamentario Popular, a través del portavoz en la Comisión de Exteriores, Carlos Floriano, ha registrado una iniciativa que plantea varias cuestiones para que sean respondidas por escrito. La primera pregunta se refiere a «los motivos por los que el Gobierno decidió apoyar el mandato -y no otro- del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias». Además, se interesan por saber si «hubo comunicación, previa a la contribución, con el relator especial»; y, finalmente, «qué otras contribuciones de esta índole ha hecho el Gobierno».
El diputado popular asegura que la entrega de esta subvención es «una falta de respeto a las víctimas que sufrieron la violación de los derechos humanos. El mecanismo ha sido: yo te hago la donación, tú dices lo que yo digo que tienes que decir y eso me permite reforzar el recurso ante el Tribunal Constitucional, y todo esto en plena campaña electoral. Por eso, me da la sensación que aquí se compra al árbitro para una maniobra electoral».
Floriano denuncia el «partidismos» en el reparto del dinero público y advierte de que «lo peor es lo que está detrás: que se juega con el dolor de las víctimas a las que no se les respeta, y lo uso porque sé que me sirve en mi estrategia de reabrir heridas porque considero que esto me da votos. Este es el fondo del asunto que ya empezó Zapatero con la Ley de Memoria Histórica: demoler los acuerdos de la Transición, los acuerdos de 1978 sobre la base de reabrir las heridas de la Guerra Civil. La izquierda posterior han sido buenos alumnos y al final no tienen ningún empacho en utilizar el dinero público en esta estrategia».
El Grupo Popular reclama transparencia en el reparto del dinero público «porque al final son conscientes de que están utilizando estos fondos con una finalidad electoral y utilizando el dolor de las víctimas». Ante este oscurantismo, advierten de que «no nos sorprendería que hubiera más acciones de este tipo porque están dispuestos a hacer todo lo que consideran necesario para reabrir heridas pensando que eso le produce algún tipo de beneficio en las urnas. No sé si lo hacen, pero no nos sorprende nada».
Por su parte, desde Vox recuerdan lo que afirmó Santiago Abascal el pasado 3 de mayo sobre el informe de los relatores: «Es un bulo del Gobierno. No es un informe de las Naciones Unidas, es un informe de unos relatores que trabajan para la ONU, a los que, supongo bien untados. El Gobierno y sus socios separatistas les han animado a hacer un informe de este tipo».
