El Gobierno improvisa un grupo de trabajo para gestionar la atención de los menas
En el orden del día de la Conferencia Sectorial de Infancia, que se celebra este miércoles, incorpora esta medida
El Gobierno de Pedro Sánchez busca una fórmula para hacer frente a la avalancha de menores migrantes no acompañados y frenar el malestar de las comunidades autónomas del Partido Popular, que piden más financiación, y propondrá este miércoles, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, la creación de un «grupo de trabajo para la atención de niños y niñas migrantes no acompañados», según consta en el orden del día de la reunión, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE
La propuesta del Gobierno ha sorprendido a las comunidades autónomas que, hasta que han recibido el orden del día de la reunión, no habían tenido conocimiento de la intención del Ejecutivo de Sánchez de plantear este grupo de trabajo. Pero el tiempo corre en contra de las administraciones autonómicas a las que se les quiere exigir acoger a los menas, y un grupo de trabajo requiere tiempo para constituirse y concretar medidas de actuación.
El resto de puntos a abordar en la reunión sí eran conocidos por las regiones. Así, tras la lectura y aprobación del acta de la reunión anterior, el segundo punto del orden del día será la información sobre «la propuesta de reforma del artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social».
Sobre esta reforma, las autonomías no han recibido ninguna información y desde el Partido Popular han hecho público su malestar porque los representantes de las consejerías relacionados con temas de infancia se sentarán este miércoles junto al Gobierno sin ninguna información. Las posiciones por parte del Partido Popular están claras, y las fijaba este martes el portavoz de esta formación política, Borja Sémper, al afirmar que los menores no acompañados no pueden ser «paquetería exprés o bultos» para el Gobierno y le exigió que no actúe con frivolidad: «Ofrecemos solidaridad, pero exigimos medios».
El PP pide al Ejecutivo que dialogue en materia de inmigración y cree que no puede ser que las comunidades autónomas se enteren del traslado de menas una vez que están en sus territorios. A juicio de Sémper: «La solidaridad del PP está fuera de toda duda, en las comunidades autónomas en las que gobierna y que acogen al 81 por ciento de los menores no acompañados, un total de 5.000, frente a los 341 de las del PSOE».
En el borrador de Proposición de Ley de Reforma de la Ley de Extranjería, que han elaborado el Gobierno de Sánchez con el canario, al que ha tenido acceso este periódico, no se contempla ningún compromiso financiero adicional para atender a estos inmigrantes que están desbordando los centros en todas las comunidades. Si el Gobierno quiere imponer en la reforma de la ley la obligatoriedad de acogerlos, las comunidades del PP reclaman un presupuesto.
Otro de los puntos del orden del día es el «acuerdo por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas, excepto País Vasco y Navarra, y la Ciudad de Ceuta, de la segunda parte del crédito destinado a la financiación en 2024 de la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, por importe de 20 millones de euros».
Este punto se refiere al acuerdo del reparto de inmigrantes en cumplimiento del Plan de Respuesta de 2024, que son 400 menores procedentes de Canarias y Ceuta. De ellos, por ejemplo, a Andalucía le corresponden 30. Esta comunidad autónoma los acogerá, pero pide financiación y tiempo porque el sistema está saturado, «y tenemos que contratar servicios para poder atenderlos», señalan fuentes del Gobierno andaluz. Al margen del reparto de estos 400 menores están los 2.500 más que hay que consensuar con las comunidades autónomas.
Una de las causas de la saturación de los centros donde están alojados los menores, y que dificultan el reparto de los 2.500, es que comunidades como Madrid y Andalucía, han detectado que en el grupo de adultos, como si lo fueran, se han encontrado con menores, «y eso hace que se colapsen los centros y que reviente el sistema», señalan fuentes de gobiernos autonómicos.
Por otra parte, el PP ha iniciado una ofensiva en Europa y la eurodiputada y jefa de la delegación del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europa, Ursula Von der Leyen, denunciando el caos que, a juicio del PP, hay en España ante la «inacción» del Gobierno.
En la misiva, subraya que «le escribo para poner en su conocimiento la grave situación que se está viviendo en las Islas Canarias a causa del aumento de la entrada de inmigrantes irregulares y la necesidad de tomar medidas urgentes. Según las cifras publicadas por Frontex, entre enero y mayo de 2024 las entradas irregulares por Canarias se han disparado un 303 por ciento respecto al mismo periodo de 2023. En total han llegado casi 18.000 migrantes en tan solo cinco meses y es muy probable que estas cifras se agraven durante el verano».
Montserrat señala que «ante la inacción del Gobierno de España, solicitamos que la Comisión Europea active de manera inmediata todas las políticas, instrumentos y herramientas en su mano para hacer frente a la situación migratoria en las islas Canarias. En concreto, España se beneficiaría del despliegue urgente en Canarias de efectivos de Frontex y de la Agencia Europea de Asilo (EUAA) para ayudar con la gestión de las solicitudes de asilo y apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la recolección de información sobre redes de tráfico de inmigrantes».
La eurodiputada popular solicita que «la Comisión complete la aplicación del Plan de Acción sobre las Rutas del Mediterráneo Occidental y del Atlántico, presentado en junio del año pasado». Asimismo, pide que «la solidaridad de la UE con Canarias y con España se materialice en un programa de reubicación urgente, en particular de menores no acompañados y otras personas vulnerables, al amparo de Mecanismo de Solidaridad Voluntaria y con el apoyo de la Comisión y de la EUAA».
Finalmente, subraya que «dado el riesgo de que la presión migratoria en la ruta canaria se incremente durante los próximos meses, solicitamos que la Comisión Europea evalúe de manera continua si se dan las condiciones para activar el artículo 78(3) del Tratado de Funcionamiento de la UE, que prevé medidas extraordinarias ante situaciones de emergencia migratoria. Instamos a la Comisión Europea a tomar conciencia de la situación de emergencia migratoria que se está viviendo en las Islas Canarias y a adoptar medidas urgentes para aliviarla».