El Gobierno pide apoyo 'in extremis' al PP para la ley de extranjería tras el 'no' de Junts y ERC
El ministro Torres llamó este domingo a Tellado para que respalde la proposición de ley que se tramite en el Congreso
El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado | EP
El Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra al límite ante la soledad en la que le han dejado algunos de sus socios, como Junts y ERC, para aprobar la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, con el objetivo de hacer obligatorio, y no voluntario, el acogimiento por parte de las comunidades autónomas de los menores inmigrantes no acompañados. Esta situación le ha llevado a buscar in extremis el apoyo del Grupo Parlamentario Popular a la proposición de ley que registraron los socialistas, Sumar y Coalición Canaria este lunes en el Congreso de los Diputados. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, llamó este domingo al portavoz popular, Miguel Tellado, para pedirle el apoyo a esta iniciativa legislativa, que considera vital para aliviar el colapso de los centros de Canarias, ante las nuevas avalanchas de inmigrantes que se esperan, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes parlamentarias.
Después del polémico reparto de 347 menas entre las comunidades autónomas, apoyado por el Partido Popular, el Gobierno no tiene garantizado el respaldo a un texto que fue este lunes registrado en el Congreso y que podría calificarse en la Mesa de la Cámara que se celebrará el miércoles después del Pleno en el que comparecerá Pedro Sánchez. Una reforma que el Ejecutivo considera vital para obligar a acoger a otros 4.000 menores que se encuentran en Canarias, pero que el Partido Popular quiere condicionar a un plan integral que intente solucionar la llegada masiva de inmigrantes.
La tramitación de esta ley es una incógnita, de momento, hasta que la Mesa del Congreso la califique e indique cómo se va a tramitar: de manera ordinaria o urgente. Las fuentes parlamentarias consultadas entienden que será ordinaria, pero también es posible que la mayoría de la Mesa, formada por el PSOE y Sumar, decida en cualquier momento agilizarla y convertirla en urgente. La toma en consideración está prevista en un Pleno a celebrar el 23 de julio, por lo que hasta septiembre no comenzará a debatirse en lo que se refiere a trámite de enmiendas.
El PP no garantiza su voto hasta que se acepten algunas de sus exigencias; y Junts y ERC, socios de investidura de Sánchez e imprescindibles apoyos parlamentarios, transmitieron al PSOE su negativa a aceptar menores y reclamaron un trato singular para Cataluña. Esta situación aboca al PSOE a una negociación en la que tendrá que realizar cesiones si no quiere que su reforma esté condenada al fracaso. El primer examen será el 23 de julio, ya que si se rechaza su toma en consideración tendrá que buscar otra alternativa para solucionar el colapso de Canarias.
El portavoz del Grupo Popular en el Congreso trasladó al ministro las cuestiones que son «imprescindibles» para respaldar la toma en consideración de la iniciativa legislativa, contenidas en el documento que remitió al ministro. Tellado le recrimina a Ángel Víctor Torres que «si hubiese un verdadero sentido de la responsabilidad por parte del Gobierno, estaría tomando medidas dentro de sus competencias migratorias para resolver la causa que origina esta crisis migratoria. Medidas de política exterior y de interior para impedir estos flujos de migración irregular y no solo atendiendo al reparto de los menores que ya han llegado».
Tellado considera que «sin un plan económico potente para invertir en el control de frontera, que incluya medios técnicos, tecnológicos y humanos, ayudas a las comunidades autónomas, políticas de cooperación con los países emisores y de repatriación de las personas en situación de irregularidad que tengan expedientes de expulsión, el Partido Popular no apoyará lo que no es más que un parche. Hubiera sido procedente que el Gobierno hubiera presentado un proyecto de ley en vez de una proposición de ley por parte de algunos grupos parlamentarios, ya que habría venido acompañada de informes jurídicos de órganos consultivos y la memoria económica imprescindible».
Los populares le trasladaron lo siguiente: «Si hubiera voluntad de acuerdo para abordar una cuestión que nos afecta a todos, y cuyas competencias están divididas entre el Gobierno central, competencias migratorias y las comunidades autónomas, las competencias de protección y asistencial, se habría planteado este acuerdo de cooperación en la Conferencia de Presidentes, dado que es una cuestión que afecta a la política general del Estado y de las comunidades autónomas. Así se solicitó por parte de las representantes de las comunidades y ciudades autónomas gobernadas por el PP en la conferencia sectorial de infancia».
Las fuentes del Grupo Popular consultadas señalan que «lo único que han recibido por parte del Gobierno hasta ahora son ataques basados en mentiras. A este grupo parlamentario no se le ha remitido borrador alguno sobre la proposición de ley que se pretende registrar, no por el Gobierno, sino por otros grupos parlamentarios, lo que evidentemente exigiría una firma a ciegas que no acostumbramos a realizar. Además, el borrador de la proposición de ley para la modificación de la LOEX, que se ha presentado en la conferencia sectorial de infancia, y podría ser el que se registrará el lunes como se ha anunciado, no recoge ninguna de las cuestiones que planteamos en la reunión que mantuvimos en el Congreso hace un par de semanas que eran irrenunciables para el Grupo Parlamentario Popular».
En relación con el texto de la proposición de ley que se presentó en la conferencia sectorial, Tellado señala que «sigue planteando únicamente la emergencia migratoria para Canarias, Ceuta y Melilla, cuando ya en estos momentos hay comunidades que se encuentran en situación de colapso de sus recursos de acogida. Así lo manifestaron en la conferencia del pasado miércoles. Por ello, es imprescindible que se declare la emergencia migratoria para todo el territorio nacional, no solo por las cifras que en este momento existen, sino también por las previsiones para los próximos meses que ha dado el propio Gobierno de España y las ONG. De esta manera, todas podrían acogerse a este plan de emergencia y podrían, en su caso, licitar recursos de forma urgente para las necesidades de la acogida. Debe asegurarse en la proposición de ley que los menores que sean trasladados a las comunidades de destino sean indubitados en su edad. Garantizando por la fiscalía que, efectivamente, son menores».
A su juicio, «esta modificación normativa solo busca la habilitación del Gobierno para obligar a las comunidades autónomas a acoger menores extranjeros no acompañados, sin asumir ningún tipo de responsabilidad en el ejercicio de sus competencias migratorias, por eso debe quedar constancia que a la vez que se presenta esta proposición de ley se entrega en el mismo acto, un Plan de Política migratoria del Gobierno para ejercer con mayor intensidad y eficacia sus obligaciones en materia de inmigración para contener sustancialmente las entradas irregulares».
Los populares creen que «es imprescindible reforzar el control de las fronteras marítimas, así como establecer el pasaporte de tránsito para viajeros con alta incidencia de migración irregular a través de los aeropuertos españoles, y se lleven a cabo las inversiones necesarias con los países de origen. Asimismo, debe existir una prueba fehaciente de que se solicita la activación de los mecanismos existentes para luchar contra la entrada ilegal y para la colaboración en el reparto de los menores llegados a España a las instituciones de la UE que corresponda».
El PP recuerda que en la iniciativa legislativa «no se recoge ninguna precisión mediante memoria económica de la financiación que se va a destinar a esta acogida obligatoria. Solamente hace referencia al sistema que se realiza ahora de reparto con una financiación exclusivamente del primer año de acogida, cuando se debería soportar por parte del Gobierno su totalidad durante el tiempo de tutela. Es imprescindible que se acompañe la proposición de ley de un compromiso financiero por parte del Gobierno de España mediante un fondo de contingencia plurianual y con el reconocimiento de los menores que ya están en estos momentos acogidos por las comunidades autónomas. Este debe recoger la financiación de los menores desde su acogida hasta su emancipación».
Finalmente, considera que «debe recogerse en la proposición de ley de forma expresa que, una vez que la situación que viva una comunidad autónoma en cuanto a los menores en acogida exceda la capacidad de los recursos instalados, corresponderá a las autoridades del Gobierno central habilitar los medios y su gestión directa, ya que la imposición del reparto, sin existir los medios para la acogida, hace imposible que esta sea efectiva. Se exigen garantías de que el reparto será para todas las comunidades autónomas sin excepción. Debe quedar reflejado en la proposición de ley, de forma que no pueda evitarse posteriormente mediante transferencias de competencias en inmigración a ninguna comunidad autónoma, tal y como se ha expresado en estas últimas semanas».
