Pedro Sánchez baraja querellarse contra el juez que investiga a su mujer
El presidente tiene la convicción de que el magistrado se ha excedido al abrir una investigación
Pedro Sánchez y Begoña Gómez. | Agencias
La decisión no está tomada, pero sí está en boca de algunos de los más estrechos colaboradores del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez baraja querellarse contra el juez que investiga a su mujer, Begoña Gómez, cuando finalice la instrucción del caso, según revelan fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE. En el núcleo duro del presidente, existe la convicción de que el juez Juan Carlos Peinado se ha excedido al abrir una investigación contra Gómez «sin que hubiera indicios sólidos». Ha llegado «demasiado lejos», es la forma con la que dicen sin decir que el juez bordea la prevaricación. Es el mensaje que insinúa el Ejecutivo desde que hace más de un mes, el pasado 4 de junio, el juez Peinado llamara a declarar a Gómez como investigada, inicialmente para el 5 de julio, aunque finalmente se celebrará este viernes 19.
Desde su confirmación como investigada, el presidente Sánchez publicó una segunda carta a la ciudadanía, en la que dejó entrever su crítica contra el instructor por «saltarse la norma no escrita» de no dictar resoluciones judiciales en periodo electoral, puesto que la citación a declarar se produjo a apenas cinco días de las elecciones al Parlamento Europeo, el pasado 9 de junio. La misiva tildó de «zafio montaje» las acusaciones contra su esposa, «un gran bulo, uno más» y volvió a enmarcar las informaciones periodísticas e investigaciones judiciales de su esposa en un intento de acabar con su Gobierno: «Usar todos los medios a su alcance con el fin de quebrarme en el plano político y personal. Su objetivo es que yo renuncie, que dimita». El presidente aseguró desde el plano más personal: «Begoña y yo sabemos perfectamente por qué la atacan. Ninguno de los dos somos ingenuos. Lo hacen porque es mi pareja». Y prometió a los interesados: «Quiero decirle que mi decisión de continuar al frente de la Presidencia del Gobierno es más firme que nunca. Que la tarea que tiene el Gobierno de coalición progresista es más necesaria que nunca».
Archivo, ¿el viernes?
Según ha podido saber este diario, esa firmeza de la que hablaba entonces el jefe del Ejecutivo ya apuntaba a su convicción de actuar contra el juez, una vez que termine la investigación contra su mujer, dado que no se puede actuar contra el instructor hasta que no haya concluido el proceso de instrucción. En Moncloa y Ferraz se muestran convencidos de que eso podría suceder este mismo viernes: «Debería haberse cerrado hace mucho tiempo». Y como hiciera el ministro de Justicia, Félix Bolaños, la portavoz del PSOE, Esther Peña, hizo un llamamiento para que eso ocurra en el corto plazo: «Pedimos que esto acabe cuanto antes, que se archive, que parece el único camino lógico». En la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección federal, Peña aseguró: «No hay nada más que una denuncia falsa, un ataque personal a una mujer por el único motivo de ser la mujer del presidente del Gobierno. No hay nada de nada».
El PSOE intentó rebajar así la importancia de la declaración ante el juez del empresario, Carlos Barrabés, quien este lunes confirmó ante el juez las reuniones publicadas por THE OBJECTIVE en las que participó junto a Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el Palacio de La Moncloa. Encuentros irrelevantes, a juicio de los socialistas, y «lógicos», porque la mujer del presidente y el empresario «se conocen, tienen una cátedra juntos y lo lógico es que estuviera ella» en la reunión con el jefe del Ejecutivo. «Las declaraciones de hoy siguen confirmando que no hay nada», manifestó Peña, quien incluso tiró de sarcasmo para mofarse de la entidad de unas reuniones que el Gobierno y el PSOE no han confirmado hasta que Barrabés los ha confirmado ante el juez. «Paren rotativas… es que no hay nada de nada. Si a alguien le parece mal que el presidente del Gobierno de un país tenga reuniones con empresarios… Dejemos ya las banalidades, de donde no hay, no se puede sacar, y esto es lo que hemos conocido con las declaraciones de esta mañana».
«¿Cuál es el problema que estuviera Begoña?»
Fuentes de Ferraz son si cabe más explícitas al asegurar: «No nos preocupa la declaración de Barrabés», aseguran fuentes de Ferraz, rebajando la confirmación del gurú de la cátedra de Gómez en su declaración ante el juez Peinado a la categoría de «anécdota». «¿Cuál es el problema de que estuviera Begoña? ¿De qué se ha beneficiado, qué se ha llevado? La cátedra no es un negocio… Se habla de corrupción, pero ¿dónde están los corrompidos? ¿A quién influyó? ¿Cuánto se llevó?». Para el PSOE, el problema es que «existen 300 páginas que dicen que no hay nada» y que dejan en cuestión «a qué obedecen las testificales» dictadas por el juez Peinado. A ellos se refirió la portavoz Peña citando los «dos informes de la Guardia Civil que señalan que esto debería archivarse. Nos quedamos con esa cuestión, que es el nudo gordiano de la cuestión que injustamente está sucediendo en nuestro país». Pero la representante de la dirección no fue capaz de responder a ninguna de las cinco preguntas de los periodistas sobre en calidad de qué estaba presente la mujer del presidente en la reunión de Barrabés con Sánchez y si puede sostenerse el argumento gubernamental de que se trata de una cuestión «privada».
Y eso es precisamente lo que debe resolver el presidente del Gobierno si decide finalmente subsanar lo que considera una ‘injusticia’ por parte de quien administra la justicia en este caso: si quiere que sea una cuestión privada o pública. En el primer caso, podría ser la presuntamente afectada, Begoña Gómez, o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quienes presentaran una querella contra el instructor, según se recoge en el artículo 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el segundo, el Gobierno debería instar a la Fiscalía General del Estado a interponer la querella en defensa de la legalidad para procurar la persecución de cualquier delito (artículo 271 de la Lecrim).
Como referíamos al inicio de esta información, la decisión no está tomada, pero son muchos los colaboradores y miembros del Ejecutivo que recomiendan al presidente que actúe contra el juez instructor a quien han señalado públicamente como una pieza más de llamada máquina del fango, por admitir a trámite la querella contra Gómez, «sin base» y con el único objetivo de «derrocar al Gobierno», como deslizó el presidente Sánchez en su segunda carta a la ciudadanía.
Desde hace más de un mes, el Gobierno manifiesta de forma coral que la investigación sobre Begoña Gómez «carece de lógica procesal» y genera «extrañeza». Hasta el ministro de Interior y juez de carrera, Fernando Grande-Marlaska, ha denunciado públicamente que «nunca he visto esto en 30 años de carrera». Incluso, hace unas semanas, llegó a denunciar que la investigación sobre Begoña Gómez supone una «investigación prospectiva ajena a los principios del procedimiento penal». Fue el pasado 5 de julio, cuando dijo: «Esta instrucción está, por así decirlo, extramuros de lo que debe de ser una instrucción y, en ese sentido, causa indefensión a una persona como es la señora Gómez». Un argumento que repitió el abogado de Gómez, Antonio Camacho, a las puertas del Juzgado al hablar de «indefensión» de su cliente por desconocer por qué había sido citada a declarar, lo cual motivó su retraso en la declaración al próximo viernes 19 de julio.
