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Junts prueba que la Justicia europea se pronuncie por primera vez sobre la amnistía

En la demanda de cautelarísimas de Comín por su escaño europeo alega la inaplicación de la norma por parte de Llarena

Junts prueba que la Justicia europea se pronuncie por primera vez sobre la amnistía

Carles Puigdemont y Toni Comín. | Europa Press

El objetivo es que se «debata en Europa» la ley de amnistía cuanto antes. La defensa de Toni Comín tiene previsto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tenga que pronunciarse sobre la nueva norma después del 26 de julio, cuando resuelva su demanda de cautelarísimas para que el dirigente de Junts per Catalunya pueda ser reconocido por el Parlamento Europeo como eurodiputado tras ser elegido en las elecciones comunitarias del pasado 9 de junio. El pronunciamiento sobre la ley de amnistía por parte de la Justicia europea llegaría, de este modo, antes que las eventuales cuestiones prejudiciales planteadas por los jueces y tras las negativas del Tribunal Supremo de consultar a Europa respecto a si la malversación es amnistiable.

La demanda presentada por Toni Comín ante la Justicia europea hace unos días expone, entre los motivos para no poder recoger su credencial de eurodiputado en España, el incumplimiento por parte de los jueces de la ley de amnistía tras su entrada en vigor. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, Junts busca que «sea objeto de debate ante el TJUE» la inaplicación de la norma al ser una de las causas por las que Comín no ha podido recoger su credencial. El hecho de que el Tribunal Supremo mantuviera la orden de detención nacional contra Comín y Puigdemont una vez entrada en vigor la ley amnistía es razón suficiente, según sostienen, para que sea abordado por el tribunal con sede en Luxemburgo.

El Parlamento Europeo decidió de forma provisional dejar vacante el escaño de Comín hasta que el TJUE resuelva. Con su decisión, confirmó el criterio de la Junta Electoral Central de que solo se adquiere la condición de eurodiputado tras jurar o prometer la Constitución y recoger el acta en el Congreso de los Diputados. En cambio, la defensa de Comín no solo no ha hecho ningún trámite para poder recoger el acta a distancia -al considerar que no es necesario- sino que alega que la orden de detención nacional del juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, así como su rechazo a aplicar una ley en vigor y las «consecuencias» derivadas de ello, deben abordarse por esta instancia judicial «después del 26 de julio». Es la fecha inicial que calculan para que el TJUE responda a su petición.

Forzar la primera respuesta de Europa

El equipo legal de Comín busca que el TJUE se pronuncie sobre la ley de amnistía por primera vez y antes de lo previsto por la magistratura española. Y, en concreto, después de que el Tribunal Supremo dictara que no tiene dudas de que el tipo de malversación que afecta a los condenados y procesados por el procés no entra en la ley de amnistía.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo integrada por los magistrados Manuel Marchena, ponente de la resolución, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer declaró no amnistiado el delito de malversación de caudales públicos por el que habían sido condenados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

Por su parte, el instructor Llarena, en un auto, también declaró no aplicable la amnistía al delito de malversación que se imputa al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a los exconsellers Comín y Lluís Puig. En su resolución, el magistrado acordaba mantener contra ellos las órdenes nacionales de detención por su presunta responsabilidad como autores de un delito de malversación, y argumentó que los comportamientos atribuidos incurren en las dos excepciones que prevé la ley, que son que se hayan realizado con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea.

Condición de eurodiputado

El exconseller de Sanidad en el Gobierno de Puigdemont, fugado de la justicia española a Bélgica desde 2017, se apoya en la opinión del Abogado General de la UE  que le respalda a él y al expresidente de la Generalitat en su recurso de casación contra la decisión del Parlamento Europeo de no reconocerles inicialmente el escaño en la legislatura anterior, aunque sí les fue reconocido meses después, en enero de 2020.

Esa opinión del abogado no es vinculante para el Alto Tribunal europeo, aunque suele decantarse en la mayoría de los casos en la misma dirección. La sentencia definitiva será el 26 de septiembre, dos meses después de la constitución de la Eurocámara. No obstante, la defensa de Comín confía en que el TJUE aborde la amnistía en las próximas semanas en su resolución de cautelarísimas.

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