La Ley de Extranjería del PSOE puede ser recurrida al invadir competencias autonómicas
Letrados del Congreso, donde el martes se debatirá la ley, advierten de que es una «imposición vinculante»
El ministro de Política Territorial, Víctor Torres; el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; y la ministra de Infancia, Sira Rego. | EP
El Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto llevar al Pleno del próximo martes en el Congreso de los Diputados la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Este cambio tiene como objetivo convertir en obligatoria la acogida de menores inmigrantes no acompañados por parte de las comunidades autónomas cuando la zona supere el 150 por ciento de su capacidad. Aunque todavía se desconoce si la proposición de ley impulsada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria tendrá los votos suficientes para ser tomada en consideración y empezar su tramitación, lo que sí se sabe es que podrá ser recurrida por los Ejecutivos regionales. La causa de estos recursos es que «entra en conflicto con la competencia exclusiva de las comunidades autónomas en materia de asistencia social», según aseguran a THE OBJECTIVE letrados del Congreso de los Diputados.
El PSOE contó con el apoyo de las comunidades del Partido Popular en el reparto urgente de casi 400 menores inmigrantes no acompañados para descongestionar el colapso en los centros de Canarias, pero la oposición de las regiones y del propio Partido Popular a esta reforma tiene su fundamento en que no está acompañada por una memoria económica. Esto supone que no hay un compromiso de financiación para atender sus necesidades.
Si la iniciativa legislativa es tomada en consideración el próximo martes y empieza su tramitación en comisión, los grupos parlamentarios presentarán sus enmiendas para modificar el texto y cuando se inicie el debate en comisión se hará público el informe jurídico sobre su contenido. Este periódico ya conoce algunas de las consideraciones que se barajan en el cuerpo de letrados de la Cámara Baja y no son muy favorables a que, en el caso de que se apruebe, no sea respondida por las comunidades autónomas con un recurso.
Los letrados consultados por THE OBJECTIVE señalan que «la medida supone, por tanto, un elemento de cumplimiento obligatorio para las comunidades autónomas, no un simple convenio, por lo que el artículo 35 pasa a ser la fuente expresa de actos de obligado cumplimiento, sin que hasta este momento se conozca en qué título constitucional o estatutario se aporta, aunque parece apoyarse en Inmigración y Seguridad Pública (artículos 149.a, 2ª y 29ª de la Constitución)».
A juicio de estos juristas, «desde esa perspectiva podría entrar en conflicto con la competencia exclusiva de las comunidades autónomas en materia de asistencia social (artículo 148.1 20ª de la Constitución). Esto conduce a sostener que se necesitaría una ley de armonización de las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, del artículo 150.3 de la Constitución. Una vez acceden al territorio nacional, hay que distinguir entre su estatus como extranjero y la asistencia, incluida la asistencia social, pues de no tenerse en cuenta este aspecto se trataría simplemente de una medida de dispersión».
Por otro lado, señalan que «la sustitución de un acuerdo entre Estado y comunidades autónomas por una imposición vinculante puede ser objeto de recurso o de conflicto de competencias, al suponer el obligado cumplimiento por las comunidades autónomas de una directiva estatal».
Con este riesgo afrontan los socialistas la próxima semana una negociación para intentar contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular ante el abandono de sus socios de Junts y ERC, que han mostrado su rechazo a esta reforma. Los socios independentistas han pedido un trato singular para Cataluña y se niegan a acoger a estos menores inmigrantes no acompañados.
Los populares ya han puesto sus líneas rojas para apoyar la toma en consideración y la posterior tramitación de esta norma y advierten a los socialistas de que no los miren a ellos, sino a sus socios de investidura. «Ya hemos dicho que, veremos lo que hacemos, pero así, no. Hemos mandado nuestros requisitos por escrito, siete puntos, y el Gobierno sabe ceder, es lo que mejor hace, ceder», aseguran fuentes de la dirección nacional.
Estas fuentes niegan que, a día de hoy, se hayan planteado una abstención: «No vamos a darle ningún apoyo, ni expreso, ni por acción ni omisión sobre este asunto, si no modifica su criterio conforme a nuestros parámetros. Si no lo hace, suerte con sus socios, nosotros no somos socios de Sánchez, ni de investidura, ni de legislatura, que busque socios en el progresismo de Junts».
