El Gobierno da por hecho que Junts apoyará ahora su ley de extranjería y el PP la rechazará
El ministro de Política Territorial comunica al PP que no acepta sus condiciones para evitar la entrada de inmigración ilegal
Ángel Víctor Torres. | Europa Press
El Gobierno de Pedro Sánchez da por hecho haber conseguido torcer la voluntad de Junts y ERC, que se negaron a apoyar la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para acoger obligatoriamente, ahora es voluntario, a menores inmigrantes no acompañados, que ambas formaciones independentistas rechazaron. Esta es la principal conclusión que se deduce tras la llamada realizada este domingo por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, rechazando las condiciones impuesta por los populares para apoyar el texto, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes parlamentarias. Al invitar el Ejecutivo al PP a enmendar el texto, da por supuesto que tiene los apoyos suficientes para aprobar en el Pleno del martes en el Congreso la toma en consideración de la proposición de ley registrada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria.
A tan solo veinticuatro horas de la celebración del Pleno, las posiciones empiezan a clarificarse y el Gobierno parece que ha conseguido romper las reticencias de sus socios independentistas, que, en el caso de ERC que gobierna en Cataluña, votó en contra del último reparto de unos 400 inmigrantes menores no acompañados, en la Conferencia Sectorial celebrada el pasado día 9 en Tenerife. Todas las comunidades del PP respaldaron el reparto, pero exigieron un compromiso de financiación del Gobierno para apoyar esta reforma, que es el siguiente paso que quiere dar el Gobierno para solucionar el colapso que se ha producido en los centros de inmigrantes de Canarias.
Una vez aprobado este reparto, los populares remitieron al Gobierno hace ahora una semana sus condiciones para aprobar esta reforma. El ministro se puso en contacto con Tellado para recabar su apoyo y éste le remitió un amplio documento. El portavoz popular le recriminó que «si hubiese un verdadero sentido de la responsabilidad por parte del Gobierno, estaría tomando medidas dentro de sus competencias migratorias para resolver la causa que origina esta crisis migratoria. Medidas de política exterior y de interior para impedir estos flujos de migración irregular y no solo atendiendo al reparto de los menores que ya han llegado».
Los populares creen que «es imprescindible reforzar el control de las fronteras marítimas, así como establecer el pasaporte de tránsito para viajeros con alta incidencia de migración irregular a través de los aeropuertos españoles, y se lleven a cabo las inversiones necesarias con los países de origen. Asimismo, debe existir una prueba fehaciente de que se solicita la activación de los mecanismos existentes para luchar contra la entrada ilegal y para la colaboración en el reparto de los menores llegados a España a las instituciones de la UE que corresponda».
Las fuentes parlamentarias consultadas señalan que el Gobierno «confirma que no ve posible aceptar las condiciones fijadas por el Partido Popular para tramitar la ley de extranjería. Además, emplaza a Tellado a mejorar el texto en el trámite de enmiendas, por lo que da por supuesto que el martes se aprobará la tramitación. Es decir, el Gobierno da por hecho que conseguirá los votos de Junts». Ante esta negativa, señalan esta fuentes que al PP no se le facilita «la tramitación de una ley que se basa en la imposición y no en el diálogo».
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La tramitación parlamentaria con la presentación de enmiendas por parte de los grupos será la oportunidad para conocer a qué tipo de acuerdo ha llegado con Junts y ERC a cambio de que le apoyen su toma en consideración, y si ha aceptado el trato singular que han pedido para evitar que los inmigrantes lleguen a esta comunidad.
Como ha adelantado este periódico, los letrados de las Cortes advierten de que la iniciativa legislativa que previsiblemente se tomará en consideración este miércoles podría ser recurrida por las comunidades autónomas al invadir competencias autonómicas.
Cataluña quería ‘borrarse’ del reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados entre comunidades pactado por el Gobierno central y canario para aliviar la congestión migratoria en el archipiélago. Junts exigió a ambos Ejecutivos una disposición adicional en la modificación de la Ley de Extranjería para excluir a la comunidad autónoma catalana de la acogida de menores en ese Pleno.
Canarias, en este caso, fue la principal impulsora de la medida. El archipiélago cuenta con 80 centros en los que atiende a más de 6.000 menores migrantes, según confirmó a principios de esta semana el portavoz del Ejecutivo canario. «Una situación de total desbordamiento», llegó a verbalizar Clavijo hace unas semanas. Canarias acoge ya al 45,5% del total de menas que hay en España (13.200), de acuerdo con los datos del Gobierno. La atención de los menores extranjeros es una competencia que corresponde a cada comunidad autónoma. Sin embargo, ante este repunte migratorio, el Ejecutivo de Clavijo ha abanderado la lucha por establecer un sistema de derivación que evite colapsar los medios disponibles en las CCAA.
