ERC da por cerrado un pacto con el PSC y ahora se centrará en convencer a sus bases
Los ‘republicanos’ piden un calendario y «garantías» a Sánchez de los acuerdos económicos alcanzados
ERC y el PSC están ultimando el pacto para investir a Salvador Illa presidente de la Generalitat y evitar una repetición electoral. No obstante, los republicanos están más enfocados en convencer a la militancia que avale dicho acuerdo que en concretar con los socialistas los flecos de la «carpeta económica» que debe servir para convencer del «gran paso» que da Cataluña en materia fiscal. Fuentes de la formación explican a THE OBJECTIVE que insistirán en que la negociación no es tanto con el PSC sino con el Gobierno de Pedro Sánchez, de quien dependen las competencias y compromisos que quieren obtener, y que se pondrá un «calendario sobre la mesa» y algún sistema de «garantías» para que Sánchez no incumpla con lo pactado.
La visita del presidente del Gobierno este miércoles a Barcelona para reunirse con Pere Aragonès, presidente de la Generalitat en funciones, va en esta dirección de exhibir sintonía y la llegada a buen puerto de un acuerdo inminente. La presidenta interina de ERC, Marta Rovira, ya puso como condición de que se debía alcanzar un pacto a finales de julio y sin esperar a agotar los plazos antes de una nueva convocatoria electoral. Y en el partido muchos asumen que su reciente artículo de opinión en La Vanguardia iba, sobre todo, de convencer a las bases de la gran oportunidad del pacto y no tanto, como se ha interpretado, como un aviso al PSOE sobre lograr la «soberanía fiscal» de Cataluña.
El hecho de que gran parte de la «carpeta económica» pactada con el PSOE sean compromisos viejos, adquiridos después de las elecciones generales del 23 de julio, como es la condonación de la deuda de la Generalitat o el traspaso de Cercanías, obligan a ERC a fijar un calendario y una fiscalización del pacto para que sea creíble no solo entre la militancia, también de cara a la presión que recibirán desde Junts per Catalunya en contra de ese acuerdo. En especial, desde el entorno de Carles Puigdemont, que ha vuelto a hablar de Salvador Illa como el «candidato del 155», en referencia a la intervención de la autonomía tras el 1-O.
Compromisos pendientes del 23-J
A la reunión institucional entre Sánchez y Aragonès le seguirá la firma por parte de ambos del convenio de traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) junto a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano. Esta demanda tampoco es nueva, y desde su creación la han pedido también otros socios parlamentarios del Gobierno, como el PNV o EH Bildu, para el País Vasco.
Según las fuentes consultadas, al traspaso del IMV, queda también pendiente la condonación de 15.000 millones de deuda con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica o la actualización de módulos de valoración de nuevos órganos judiciales.
ERC ya incluyó tras el 23-J la petición de que los juzgados catalanes fueran una de las «cuestiones singulares de Cataluña» para tratar de forma «bilateral» y en las que debía regir «el principio de suficiencia financiera». La novedad, según explican en el partido independentista, es que se deberá poner negro sobre blanco sobre cómo y cuándo se cumplen todos estos compromisos. Y, en caso contrario, siempre pueden retirar el apoyo al Gobierno central y debilitar la estabilidad de la legislatura.
Confiados en el ‘sí’ de las bases
El paso más inminente que ERC tiene por delante es convencer a los 8.700 militantes de la conveniencia del acuerdo. Si bien es cierto que todo apunta a que una mayoría de la militancia acatará lo que diga la dirección, hay que hilar bien el relato. En especial, desde que una parte de estas bases ya han demostrado que están movilizadas al exigir la «renovación total» de la cúpula así como la ruptura de todos los acuerdos con el PSC. Según las fuentes consultadas, el 1 de agosto podría ser la fecha elegida para celebrar la consulta interna.
Desde el Col·lectiu Primer d’Octubre, el colectivo de militantes críticos con la dirección, explican a instancias de este periódico que la única forma de respaldar a la dirección es un planteamiento de máximos que ven inasumible por parte del Estado: «Debería ser un sistema igual que el del País Vasco: recaudar el 100% de los impuestos y transferir un cupo por los servicios prestados». No obstante, no representan al conjunto de la militancia.
Además, pese a la división entre el sector de Marta Rovira y el de Oriol Junqueras, son pocos quien quieren romper los puentes con los socialistas. Los sondeos internos de ERC reflejan una caída en caso de repetición electoral. Con todo, el primer paso es sellar un acuerdo con el PSC que les mantenga como un socio preferente en el Parlament y, posteriormente, acabar de arreglar su crisis interna con el congreso extraordinario que celebran el 30 de noviembre.