ERC ve el acuerdo «posible», aunque alerta de la «desconfianza» de sus bases hacia el PSOE
Ha recordado que son las bases de ERC las que deberían dar luz verde definitiva a este pacto
La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha dicho este viernes que ve «posible» que los equipos negociadores de republicanos y socialistas cierren un acuerdo para investir a Salvador Illa, aunque ha alertado de que las bases del partido independentista tienen «mucha desconfianza» hacia el PSOE.
En declaraciones a la televisión pública catalana, Sans ha reconocido que existe «movimiento» y «voluntad de entendimiento» entre ERC y el PSC, lo que le hace pensar que el «acuerdo es posible».
Con todo, ha recordado que son las bases de ERC -compuestas por unos 8.700 militantes- las que deberían dar luz verde definitiva a este pacto.
«Lo que vemos en las asambleas territoriales es mucha desconfianza hacia el PSOE», ha avisado Sans, que de esta forma ha dicho «dudar» de que la militancia de los republicanos esté dispuesta a validar el acuerdo que puedan cerrar los equipos negociadores.
La «sensación» entre los militantes, ha apuntado, es que los acuerdos que se alcanzan con los socialistas «a veces quedan en papel mojado».
ERC ha fijado finales de este mes como fecha límite para alcanzar una entente con el PSC que haga president a Illa, si bien el plazo máximo para evitar una repetición electoral termina el 26 de agosto.
La de la «financiación singular» es la principal reclamación de ERC, que defiende que Cataluña salga del régimen común de financiación y cuente con una suerte de «concierto económico» en línea con los existentes en Euskadi o Navarra.
La semana termina con diversas instantáneas que parecen indicar que el pacto es posible: el lunes se cerró el traspaso de 1.520 millones en los próximos tres años a la Generalitat, 1.058 de ellos vinculados con Rodalies y 450 para I+D; y el miércoles se reunieron en el Palau de la Generalitat el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente catalán en funciones, Pere Aragonès, para formalizar el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a la administración catalana.