El Gobierno visita una zona 'okupa' y acaba achacando el problema a Ayuso y Almeida
Pide a los dirigentes del PP que se dispongan a trabajar sin focos y sin fotos
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, con el delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín Aguirre. | Europa Press
Esta semana pasada, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, visitaba una de las zonas con mayor nivel de okupación de España, concretamente, una mancomunidad ubicada en el Embalse del Vellón, en el Ensanche de Vallecas.
Hasta allí se trasladó para conocer in situ, lo que el representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez calificó, de «problema de convivencia», en una plaza en la que ha llegado a haber hasta 30 viviendas okupadas, y hoy, es foco de las mafias de drogas, bandalismo, falta de respeto a los vecinos, ruidos a cualquier hora del día, insultos, amenazas, cortes de luz, incendios en los ascensores y coches quemados en los garajes. En definitiva, un auténtico «calvario», como así confirma una de las vecinas del inmueble y, como así denuncia Ricardo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, quien recuerda que «el Gobierno tiene una ley antiokupación en el Congreso de los Diputados que está paralizada».
Ante esta situación, el socialista Francisco Martín, señaló a un medio de comunicación, que él ya propuso por carta, hace ya meses, tanto al Ayuntamiento de Madrid, como a la Comunidad, «una mesa tripartita para abordar entre las tres administraciones las urgencias sociales».
Así, y sin pronunciar en ningún momento el problema de la okupación, y echando balones fuera, en cuanto a sus competencias asignadas de protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, como la de garantizar la seguridad ciudadana, el delegado del Gobierno -que afirmó en su día que «Bildu había hecho más por los españoles que los patrioteros de pulsera»-, indicó que «solo falta que Almeida y Ayuso estén dispuestos a trabajar, sin focos y sin fotos, asumiendo estas realidades».
Balones fuera del delegado de Gobierno
Desde la Comunidad de Madrid se preguntan a qué se debe la visita del delegado del Gobierno a una mancomunidad de viviendas sociales como ésta, si finalmente no resuelve nada y acaba echando la culpa a los demás, en lugar de modificar una ley de vivienda que está facilitando que el fenómeno de la okupación -ese que al presidente del Gobierno le parece irrelevante por el porcentaje al que afecta- se haya convertido en un «calvario» para familias vulnerables, lo que, según los testimonios, hace «imposible vivir aquí».
En la Mancomunidad social de la calle Embalse del Vellón, cuya titularidad depende de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, cuenta con 245 viviendas a las que se accede a través de ocho portales.
En la actualidad, el nivel de okupación es alto, pero lejos de aquellos años en los que hasta 30 hogares estaban en manos de okupas, entre otras cosas, «porque la agencia de recuperación de la CAM -explica el viceconsejero de Vivienda, José María García Gómez-, tiene que enfrentarse un tanto largos cuando los juzgados lo facilitan».
Y, ¡ojo! -aclaran fuentes afectadas-, que la titularidad de las casas okupadas «cambian de nombre y ponen el nombre de otras personas, con lo que esos procedimientos de recuperación se alargan y hay situaciones que se consolidan». Y muchos de esos titulares -abundan las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE- «son personas ilegales», con una mochila de «hechos delictivos» detrás.
Camas y coches robados en los garajes
En la actualidad, y en concreto sobre esta mancomunidad, la administración madrileña nombró un administrador único de la finca, con el apoyo de intervención social para ayudar a las normas de convivencia, básicamente para aplacar este problema de okupación, que «está produciendo un deterioro en la vecindad, generando impotencia, hasta el punto de que hay vecinos -relata el viceconsejero a nuestro diario- que nos han pedido la permuta de sus viviendas».
Además, detalla el responsable del área de Vivienda de la Comunidad de Madrid, «nos encontramos con la okupación de zonas comunes como los garajes, donde instalan colchones para dormir, carros, coches robados, hacen fiestas, por lo que la administración madrileña, cada tres meses, mete una brigada de limpieza para adecentar las instalaciones. Pero este es un problema de seguridad -insiste García Gómez-, en el que tiene que intervenir la polícia nacional y la policía municipal». De hecho, añade, «nosotros les hemos facilitado un mando del garaje».
Por eso -mantiene la Comunidad de Madrid-, no se entiende que, con este conocimiento, y sabiendo que en lugares como éste «hay núcleos familiares y delictivos -donde tratan de convivir en orden españoles, marroquíes, gitanos entre otros vecinos-, la Delegación de Madrid no haga una gran operación, cuando saben que los demás estamos dando toda nuestra colaboración», apunta García Gómez.
«Dejación de funciones»
Una dejación de funciones -señalan desde la Comunidad de Madrid-, por parte del delegado del Gobierno, quien la semana pasada acompañaba desde la primera fila, y junto a Félix Bolaños, al presidente Pedro Sánchez en el balance que éste hizo en el Palacio de la Moncloa, dando la impresión -coinciden dos fuentes políticas-, de que Francisco Martín Aguirre está haciendo méritos políticos para desplazar a Juan Lobato al frente del liderazgo de los socialistas en Madrid.
Entrentanto, la Comunidad de Madrid -según ha podido saber este diario- no está dispuesta a hacer el juego de la mesa tripartita, porque, en su opinión, el Gobierno quiere «crear una mesa para realojar a los que ocupan ilegalmente, sin que asuma él sus competencias, mientras -apostilla-, vemos como siguen creciendo los enganches ilegales que, afortunamente, y gracias a un convenio con Naturgy, esta compañía detecta desde hace cuatro años.
En cualquier caso, añade Gómez García, la solución a este problema pasa por seguridad jurídica al afectado, resposición posesoria de la vivienda, más oferta y más competitividad, recordando que el 50% de la edificicación en Madrid es de régimen de protección pública, pero eso no quiere decir que el ocupante no tenga título.
Repensar la Ley de Vivienda
Recientemente, el magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, se pronunciaba pidiendo una actuación política que «permita la confianza para la recuperación inmediata de una vivienda que ha sido ocupada, pero ojo, no solamente okupada, sino también, de una situación de impago de rentas.
Mientras queda fijada la Conferencia de Presidentes con el monotema de la Vivienda, como adelantó Pedro Sánchez, «lo que está pasando ahora con la Ley de Vivienda -afirma Magro-, es que «está permitiendo retrasar la expulsión de una persona que ha dejado de pagar las rentas dos o tres años, por el concepto de la vulnerabilidad, de manera que, el Gobierno, traslada a los ciudadanos españoles la obligación del Estado de proveer de vivienda, a quien carece de ella».
Por eso -sostiene el magistrado del Supremo-, «yo creo que ahora mismo, debería reflexionar el Estado sobre la Ley de Vivienda, en el sentido de permitir, pues, oiga, que si una persona deja de pagar la renta, el Estado lo que tiene que hacer es buscar realojo, pero un realojo inmediato. Lo que no puede ser es estar dos o tres años -critica-, esperando una persona que le han dejado de pagar las rentas a recuperar la misma»
