Bolaños presiona a Llarena para que aplique la amnistía a Puigdemont y lo identifica con Vox
El ministro asegura que este martes Interior dará respuesta a Llarena sobre el operativo con Puigdemont
Félix Bolaños y Óscar Puente. | Marian León (Europa Press)
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha ratificado este martes las diferencias del Gobierno con el Tribunal Supremo sobre la aplicación de la ley de amnistía, posición que ha descrito como «una discrepancia que comparten todas las partes que están personadas en ese procedimiento, excepto Vox», aunque ha invitado a «esperar a que se pronuncie la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo».
«Somos un Estado de Derecho y contra las resoluciones contra las que uno discrepa, lo que cabe son presentar recursos», ha afirmado el ministro en declaraciones a los medios de comunicación en Níjar (Almería) junto al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras visitar las obras del Viaducto Barranco del Cebollero de la línea de alta velocidad.
A preguntas de los medios de comunicación sobre si ratificaba esa afirmación de su compañero de gabinete Óscar Puente acerca de que el Supremo se había extralimitado en su interpretación del alcance de la ley de amnistía, el ministro de la Presidencia ha sostenido que «es una posición conocida» la reacción del gabinete Sánchez a «esa resolución judicial del Tribunal Supremo inaplicando la ley de amnistía», para recordar que «en su día mostramos nuestra discrepancia» tanto «con los argumentos jurídicos» como con «las valoraciones políticas que hacía esa resolución del Tribunal Supremo».
De esas diferencias ha hecho partícipes a la Abogacía del Estado y la Fiscalía, para insistir en aguardar a que «la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo se pronuncie y acoja los argumentos jurídicos muy potentes para la aplicación de una ley que es tan clara como es la ley de amnistía», convencido de que «el propósito y la letra de la ley tienen una claridad meridiana».
El ministro ha diferenciado esa discrepancia con una resolución judicial con la polémica surgida por el incumplimiento de la orden judicial para la detención del expresidente catalán Carles Puigdemont durante su asistencia a la toma de posesión de Salvador Illa como presidente de la Generalitat para apuntar que «sin ninguna duda esa orden de detención hay que aplicarla», para apuntar que «esta mañana el Ministerio de Interior va a dar respuesta a esa petición de información que hizo el Tribunal Supremo».
A falta de esa respuesta ha remarcado que «el operativo que tenía que garantizar que el debate de investidura del president Salvador Illa se desarrollara con normalidad y también el operativo para la ejecución de la orden de detención era un operativo de los Mossos d’Esquadra», así como ha blandido que nos encontramos en dos países implicados que «son espacios Schengen y, por tanto, hay libertad de circulación entre ambos países y no hay control fronterizo».
