Puente elige de subsecretario en Transportes al asesor jurídico que tuvo de alcalde en Valladolid
El titular de Transportes ficha al asesor jurídico del consistorio para cerrar la crisis del ‘caso Koldo’
El ministro de Transportes, Óscar Puente.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha elegido a Rafael Guerra Posadas para el puesto de subsecretario en su departamento en sustitución de Jesús Manuel Gómez, quien fue destituido el pasado viernes junto al jefe de personal de Adif, Michaux Miranda, por su condición de investigados en el ‘caso Koldo’.
Según figura en la referencia del Consejo de Ministros, Guerra es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y en 1995 accedió por oposición al Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Castilla y León, donde durante veinte años ha ocupado puestos de letrado jefe de varias consejerías.
Desde el 5 de octubre de 2015 hasta la fecha ha desempeñado el puesto de director de la Asesoría Jurídica General del Ayuntamiento de Valladolid, la capital castellano-leonesa en la que Puente ejerció como alcalde del PSOE precisamente de junio de 2015 hasta hace un año.
El nuevo subsecretario de Transportes numerosos artículos en revistas y libros, referidos principalmente a la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, al procedimiento administrativo y a la gestión de los servicios públicos. Además, ha impartido cursos para el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y otras escuelas y centros de estudio.
Los dos ex altos cargos de Puente estaban imputados desde finales de julio y tienen que declarar ante el juez Ismael Moreno el próximo 9 de septiembre en la Audiencia Nacional. «Habida cuenta la situación procesal en la que ambos se encuentran, espero que lo entiendan», alegó el ministro cuando hizo el anuncio en el Senado.
El titular de Transportes subrayó que los hechos y conclusiones que se extraen de la auditoría interna realizada por su ministerio sobre el ‘caso Koldo’ «se produce una pérdida de confianza que desemboca en la decisión» de destituir a ambos, a los que el juez tiene previsto interrogar como investigados en quince días.
En el ‘caso Koldo’, el juez Ismael Moreno investiga una presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia de coronavirus. Concretamente, indaga en ocho contratos adjudicados por casi 52 millones de euros por distintos entes de la Administración Pública, entre ellos Puertos del Estado y Adif, dependientes del Ministerio de Transportes.
