Canarias entiende desde hoy que el menor que llega a sus costas es competencia del Estado
El Gobierno insular ha pedido a las ONG que gestionan sus centros de acogida que no acepten a ninguno más sin su permiso
El presidente canario, Fernando Clavijo.
El Gobierno de Canarias defenderá a partir de ahora que los menores inmigrantes que llegan a sus costas en cayucos o pateras están bajo custodia policial, no abandonados ni desamparados, son competencia del Estado, por lo que ha pedido a las ONG que gestionan sus centros de acogida que no acepten a ninguno más sin el permiso expreso de la comunidad.
Al dar a conocer esta decisión, el presidente, Fernando Clavijo (CC), ha precisado que ello no significa que Canarias se desentienda de los menores en esta crisis humanitaria, sino que seguirá ayudando en su acogida siempre que tenga recursos disponibles, pero como forma de «auxiliar» al Estado en su competencia.
Clavijo ya había anunciado por la mañana que el fin de semana ocurrieron cosas en El Hierro que «han marcado un antes y un después». Tras la reunión del Pacto Migratorio, lo ha explicado: la Policía denunció ante la Fiscalía las reticencias de una ONG a acoger a media docena de menores porque no le quedaban plazas ni espacio físico tras la acumulación de llegadas en la isla y el Ministerio Público envió un requerimiento legal a su Gobierno.
Llegados a ese punto, ha añadido, el Ejecutivo canario considera que no se están cumpliendo los protocolos, que no prevén que la Policía pueda remitir a los menores directamente a las ONG que gestionan los centros de acogida autonómicos, y que le corresponde tomar medidas para proteger a los trabajadores de esas entidades legales y de la comunidad autónoma de posibles riesgos legales.
Clavijo ha reunido esta tarde en Las Palmas de Gran Canaria en la mesa del Pacto Migratorio de Canarias a los portavoces de todos los partidos representados en el Parlamento autonómico -incluido Vox, que no suscribió ese acuerdo ni forma parte de él- para darles cuenta de lo que ha aprobado este lunes su Consejo de Gobierno.
Ese acuerdo renueva la declaración de emergencia migratoria (lo que faculta a la administración a tomar decisiones de forma más ágil y rápida que por los procedimientos ordinarios) e «impulsa» como «máxima prioridad» la «concertación» de más plazas de acogida y la contratación de más personal para esas tareas, pero al mismo tiempo requiere al Estado para que cumpla el protocolo establecido antes de poner a su disposición a nuevos menores llegados en cayuco.
Su segundo punto es este: «Comunicar a las entidades colaboradoras (las ONGs que gestionan sus centros de acogida) que no reciban nuevos menores migrantes con cargo a esta Comunidad Autónoma, salvo la previa comunicación de conformidad o autorización expresa de las autoridades autonómicas competentes».
Y, además, faculta a sus servicios jurídicos para «iniciar estudios y, en su caso, ejercitar las acciones interadministrativas y judiciales, incluidas en su caso las penales, en defensa de los derechos de los menores extranjeros no acompañados, así como de las competencias de esta comunidad autónoma».
En declaraciones a los periodistas, Clavijo ha explicado que se han cansado de oír hablar durante meses de este asunto «como un problema exclusivamente de Canarias», cuando, a su juicio, la acogida a los menores extranjeros compete al Estado y así van a hacerlo valer a partir de ahora con su posición.
Canarias se apoya en que la ley atribuye a las comunidades autónomas la tutela de aquellos menores que estén en su territorio en situación de abandono o desamparo, circunstancias que, bajo su criterio, no se dan con los niños y adolescentes de los cayucos, a los que filia, identifica y custodia a su llegada la Policía.
Todos los partidos políticos de la comunidad, incluido el PSOE y Nueva Canarias, en la oposición, han expresado su respaldo al Gobierno de Clavijo en la decisión de exigir que se cumplan los protocolos y de proteger a los trabajadores de los centros de acogida y de las ONG colaboradoras de posibles consecuencias penales.
Eso sí, el portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, ha remarcado que una cosa es proteger a los trabajadores de consecuencias legales y otra emprender una batalla judicial con el Estado con la que no están de acuerdo.
«La solución a este problema Clavijo la tiene a su derecha, en el PP, con el que gobierna, que votó en contra de la reforma de la ley de Extranjería», ha dicho. Y el portavoz de NC, Luis Campos, ha criticado que, esta vez, el Gobierno de Canarias haya tomado una decisión sin debatirla antes con los firmantes del Pacto Migratorio.
Por su parte, el diputado de CC José Miguel Barragán se niega a creer que, por mucha «bronca» que esté suscitando la cuestión migratoria en el debate político nacional, no haya nadie en los principales partidos que esté buscando ya vías de entendimiento.
Al respecto, la diputada del PP Luz Reverón ha indicado que su formación está dispuesta a apoyar medidas legislativas si se cumplen las condiciones que ha puesto desde el inicio: que el Estado garantice la financiación de la acogida, que se declare la emergencia migratoria para toda España, que se convoque una Conferencia de Presidentes Autonómicos para abordar este asunto y que en el esfuerzo se impliquen todos los territorios, sin excepción.
