El PP denuncia el «cerrojazo» de la Comisión Constitucional y Armengol se niega a activarla
Álvarez de Toledo denuncia el «aquelarre de odio e insultos en Twitter» de su presidente, el socialista José Zaragoza
El portavoz del PP, Miguel Tellado, y la portavoz en la Comisión Constitucional, Cayetana Álvarez de Toledo. | Agencias
La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, se ha negado a activar la Comisión Constitucional de la Cámara, rechazando el escrito del Grupo Popular en el que denunciaba la «absoluta inactividad» a la que la somete su presidente, el socialista José Zaragoza, cuya actitud califican de «inaceptable». Los populares, en un documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE y firmado por el portavoz Miguel Tellado, alertan sobre la «desobediencia» de éste al no celebrar las reuniones fijadas por la Mesa y paralizar la comisión desde hace seis meses. La portavoz del PP, en la comisión, Cayetana Álvarez de Toledo, alerta a este periódico sobre el «cerrojazo» y denuncia el «aquelarre de odio e insultos en Twitter» de su presidente, José Zaragoza.
La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados no se ha reunido a lo largo de este primer año de legislatura para abordar ninguna de las polémicas decisiones y crisis institucionales que han protagonizado la gestión del Gobierno de Sánchez: «la Ley de Amnistía (que se tramitó en la Comisión de Justicia), los ataques y el señalamiento de los jueces por parte del Gobierno y sus socios, incluso desde la tribuna del Congreso, las amenazas del presidente del Gobierno al derecho a la información y la prensa libre; la distorsión de las funciones del Tribunal Constitucional para anular sentencias condenatorias a expresidentes socialistas y otros exaltos cargos del PSOE condenados por el caso de corrupción más grave de la democracia; las repetidas sanciones de la Junta Electoral Central a miembros del Gobierno por utilizar medios públicos con fines partidistas; la sectaria actuación del socialista Félix Tezanos en el CIS…».
Cuestiones que, según el PP «centran el debate político» y «pertenecen al ámbito de competencias de la Comisión Constitucional, que en una situación de normal funcionamiento de las instituciones debería reunirse para tratarlos y debatirlos, no solo en las sesiones fijadas por el calendario de actividades previsto, sino incluso en sesiones extraordinarias». En este sentido, recuerdan que la Mesa, controlada por la mayoría que apoya a Pedro Sánchez, «no solo ha permitido que se le hurte a la misma la competencia natural para tramitar la Ley de Amnistía, sino que las únicas sesiones celebradas han sido de mero trámite y a petición del Gobierno».
Las tres reuniones convocadas han sido el 21 de diciembre de 2023 para la comparecencia del presidente de la Agencia EFE, el 22 de febrero de 2024 para la de Carmen Calvo como candidata a presidir el Consejo de Estado coincidiendo con la presencia del ministro de la Presidencia y el 20 de marzo para que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática explicara las líneas de su departamento. En ningún momento, señala el escrito del Grupo Popular, se ha atendido el calendario de las comisiones para el periodo de sesiones entre febrero y junio de este año de la Comisión Constitucional, aprobado por la Mesa del Congreso celebrada el 30 de enero de 2024. Este calendario incluía la celebración de sesiones de la Comisión Constitucional los días 14 de marzo, 24 de abril y 17 de junio de este año.
El PP denuncia la «inaceptable inactividad» de una comisión que tiene «atribuidas las funciones de máxima trascendencia para nuestro sistema democrático, así como su «absoluta parálisis». Por ello, mediante un escrito enviado a la Mesa de la comisión, con fecha 18 de junio de 2024, y firmado por catorce diputados, «reclamamos la convocatoria urgente, tanto para el debate de proposiciones no de ley presentadas por este grupo; así como las iniciativas de otros grupos parlamentarios».
El presidente de la comisión, José Zaragoza, «en abierta desobediencia al Reglamento, hizo caso omiso, vulnerando los derechos fundamentales de los diputados del Grupo Popular. El escrito estaba firmado por catorce diputados del Grupo Popular, cumpliéndose sobradamente el tercero de los supuestos previstos por la norma, que apenas exige ocho firmas».
A la vista de esta situación, el 12 de julio, el Grupo Popular remitió un escrito a Armengol en el que le pedían que requiriera al presidente de la comisión «que convoque la misma con carácter urgente y extraordinario»; que se convoque la Mesa y portavoces «al objeto de fijar fecha, incluyendo en el orden del día para su debate y aprobación de las proposiciones no de ley de los grupos parlamentarios». Igualmente, quieren que al no haberse celebrado las reuniones de abril y junio de este año, «sin causa motivada alguna, se acuerde la recuperación de esas comisiones no celebrada en el próximo calendario de sesiones». Finalmente, pretenden que, con carácter subsidiario, la presidenta del Congreso convoque la comisión ante «la más que evidente dejación de funciones y palmaria vulneración del mismo por parte de su presidente».
Armengol reaccionó a este escrito con otro, el 17 de julio, rechazando la petición del PP, al afirmar que «no procede atender a su solicitud» de sesión extraordinaria porque «se convocan con un orden del día concreto, clausurándose una vez éste haya sido agotado, y a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara».
La portavoz del Grupo Popular en esta comisión, Cayetana Álvarez de Toledo, ha denunciado a THE OBJECTIVE lo que califica como «cerrojazo» a la actividad de este órgano del Congreso, a la vez que denuncia el «aquelarre de odio e insultos en Twitter» lanzados por el presidente José Zaragoza en esta red social. «Nos impide defender la Constitución mientras escupe odio y frentismo sectario en Twitter. Las dos cosas juntas son el perfecto retrato de lo que es el sanchismo», insiste la portavoz popular.
Álvarez de Toledo subraya que esta situación es el máximo exponente del «sanchismo instalado en las instituciones. No solo es que no se trabaje para fomentar el debate, el consenso constitucional en España, sino que se trabaja para impedir el debate. El señor Zaragoza es un ladrillo en el muro que ha levantado Sánchez. No hay precedentes de un presidente de la comisión, desde el inicio de la democracia, cuya conducta sea la del señor Zaragoza, que se ha dedicado a bloquear la Comisión Constitucional para impedir la defensa del debate de asuntos vinculados a la Constitución, mientras que en redes sociales se dedica a agitar y alentar el odio a la mitad de España».
La portavoz popular advierte de que Zaragoza «vulnera y desprecia las normas y reglamentos constitucionales, dentro de la Cámara; y se dedica a destruir el espíritu constitucional, que es el consenso entre las dos fuerzas políticas, en las redes, además de manera cotidiana». A su juicio, esta situación representa «la carcoma instalada en el sanchismo, la degradación democrática y la encarnación de la deriva anticonstitucional. Cobrando un extra de 1.600 euros al mes por mantener bloqueada la Comisión Constitucional e insultar a la oposición en Twitter», apunta sobre José Zaragoza.
