El PP cree una «tomadura de pelo» lo que ofrece Sánchez a cambio del concierto catalán
Montero llegó a reclamar 16.000 millones siendo consejera en Andalucía y ahora promete 432, según los populares
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en la reunión mantenida este miércoles con consejeros autonómicos para preparar la cumbre de presidentes del viernes | PP
El Partido Popular considera una «tomadura de pelo» los 432 millones que, según los populares, es la cantidad que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles para intentar calmar a las comunidades autónomas en pie de guerra ante el concierto económico singular que el Ejecutivo ha firmado con Cataluña. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE recuerdan que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llegó a reclamar 16.000 millones cuando era consejera de la Junta de Andalucía.
A 48 horas de celebrarse la cumbre de presidentes del Partido Popular, Pedro Sánchez aprovechó el inicio del curso político para lanzar una oferta económica que se concreta en duplicar el Fondo de Compensación Interterritorial cuando se reforme el sistema de financiación autonómica. Un fondo dotado con 432 millones de euros, según aseguran a este periódico fuentes del área económica del PP, y que quedan muy lejos de los 16.0000 que exigió en su día la hoy titular de Hacienda.
Sánchez avanzó que impulsará la creación de un sistema de financiación autonómico «más justo» y se propone duplicar los recursos «de la principal herramienta de solidaridad que recoge la Constitución española, que es el Fondo de Compensación Interterritorial». Este sistema será también compatible con garantizar la suficiencia de recursos «siempre y cuando los gobiernos autonómicos asuman una mayor corresponsabilidad fiscal».
La reacción del PP no se ha hecho esperar y ya avanzan que en la reunión de este viernes se «reafirmarán en su posición» de unidad frente al intento de Sánchez de dividirles con estas ofertas. «Si pretende arreglar el problema con 432 millones es que está muy lejos de la realidad», subrayan las fuentes consultadas. «Frente a los miles de millones que le ofrece a los catalanes, decir que al conjunto de las comunidades les va a mejorar la financiación porque va a poner 432 millones me parece un poco burdo. Una vergüenza, porque o no conoce el sistema o se está riendo de los españoles».
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, arremetió contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por querer «callar» a las comunidades autónomas, tras pactar el llamado ‘cupo catalán’ con ERC. «Después de descalificar a las comunidades autónomas, pretende que acepten que los españoles vivan de las sobras de su reparto con el independentismo», añadió, a la vez que señalaba que es «insultante para la dignidad de la mayoría de españoles» que defienden «una nación de iguales».
Junto al presidente nacional del PP se pronunciaron algunos barones autonómicos. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acusó este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de reaparecer «atacando» a las comunidades que defienden la igualdad de los españoles vivan donde vivan. Igualmente, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aseguró que no se cree la promesa del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre una financiación más justa y que plantee más recursos para las autonomías porque su palabra no vale «nada».
Los 432 millones que ofrece Sánchez para mejorar la financiación están muy lejos del dinero que llegará a Cataluña con el concierto singular. Según un informe de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), «a la espera de que se concreten los detalles del acuerdo ERC-PSC, una conjetura informada sobre sus efectos financieros a medio plazo apuntaría hacia un trasvase anual de entre 6.600 y 13.200 millones de euros desde la caja común del Estado hacia la Hacienda catalana. Esto elevaría la financiación homogénea de la Generalitat entre un 25 y un 50 por ciento desde un índice de financiación homogénea por habitante ajustado de 101 en 2022, situándola claramente por encima de cualquier otra comunidad no foral. Extender la medida al resto de las comunidades de régimen común en las mismas condiciones costaría entre 31.000 y 62.000 millones de euros adicionales».
Fedea señala que «el dinero que se quiera destinar a mejorar la financiación de Cataluña (y la de otras comunidades, en
su caso) tendrá que salir de algún sitio. Si ninguna comunidad puede perder financiación, el Estado tendrá que ajustar a la baja su gasto, reduciendo las prestaciones de su competencia, como las pensiones o la defensa, o aumentar (ahora o en el futuro) la presión fiscal sobre la menguante parte de la población que siga estando sujeta a sus tributos».
