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Redondo asegura que la próxima semana estará subsanado el error en la ley de paridad

La ministra de Igualdad se escuda en que la Justicia declarará nulo el despido a trabajadores con jornada adaptada

Redondo asegura que la próxima semana estará subsanado el error en la ley de paridad

Ana Redondo, ministra de Igualdad. | Europa Press

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado este jueves que la próxima semana estará subsanado el error en la ley de paridad que desprotege a empleados con permiso o jornada adaptada. «Rápidamente. Estamos preparándolo ya para la semana que viene, o sea que rápidamente estará subsanado», ha asegurado en declaraciones a medios a su llegada a la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados, en donde ha comparecido para dar cuenta de los errores en la aplicación tanto de esta norma como de la ley trans.

La ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, conocida como ley de paridad, entró en vigor el 22 de agosto con un «error técnico» que desprotege a los trabajadores que se acojan al nuevo permiso de cinco días por cuidado de un familiar tras un accidente, enfermedad grave u hospitalización, o a una adaptación de jornada. El error se encuentra en la disposición final novena de la ley de paridad, en la que se modifica el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, en concreto, el apartado referido a los despidos nulos.

Al introducir a las víctimas de violencia sexual en los supuestos previstos para que sea nulo el despido, se olvida incluir a las personas que se hayan acogido al nuevo permiso de «cinco días por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguineidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores, que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella».

Redondo ha aludido la autocrítica y ha censurado el «alarmismo» sobre este «error técnico indeseado», escudándose en que los tribunales terminarán por considerar «nulo» cualquier despido de un trabajado que haya solicitado un cambio en su jornada para conciliar, lo que obligará a la empresa a readmitirlos y, si el juez lo considera, a abonarles una indemnización por daños y prejuicios.

«Mientras se solventa este fallo técnico, las personas trabajadoras no están desprotegidas y no lo están por varios motivos. El primero, por la interpretación sistemática de las normas, que implica la interpretación coherente del derecho; si la última modificación del Estatuto de los Trabajadores considera nulo el despido por ejercicio de los derechos de conciliación en general, parece claro que no se va a excepcionar tal protección en caso de trabajadoras que sean víctimas de violencia (…) La interpretación constitucional de las normas nos lleva a reconocer que todo despido será nulo si se produce como consecuencia del ejercicio de los derechos de conciliación», ha zanjado.

La ‘ley trans’

Redondo también ha abordado la polémica en torno a la ley trans por los casos de maltratadores que se acogen a esta norma para reducir condenas por violencia de género. La ministra ha aseverado que el número de hombres que llevarían a cabo esta práctica es «un porcentaje muy pequeño», concretamente del «0,001%» de entre 6.000, y en el «99% de los casos, la tónica es la normalidad».

Sobre estos casos particulares, la ministra ha aseverado que «además de una condena por violencia de género puede ser condenado por fraude de ley». «El problema no es la ley, que en la mayoría de supuestos se aplica, el problema son los machistas, los violentos y los defraudadores», ha advertido.

También ha expuesto que la ‘ley trans’, en su artículo 41.3, establece que “el ordenamiento aplicable es el de la ley de violencia de género” y ha explicado que “hay una instrucción” que fija que el responsable del registro para el cambio de sexo “tiene que garantizar que no se produce fraude” y que se cuenta con “la actuación de la Fiscalía en investigar estos casos”.

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