Zapatero se borra de una denuncia en La Haya para detener a Maduro
Denuncian «violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos» en Venezuela
El CEO de ING España & Portugal, Ignacio Juliá
Los expresidentes Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy están entre los más de 30 expresidentes de América Latina y España que respaldan el informe que este viernes ha presentado el exmandatario colombiano Andrés Pastrana ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar «violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos», incluidos «los crímenes de lesa humanidad», del régimen venezolano de Nicolás Maduro, y pidieron que actúe «con urgencia».
El exmandatario colombiano Andrés Pastrana ha entregado en La Haya la petición en nombre de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), que ha decidido actuar atendiendo un «deber moral» y por «convicciones democráticas».
Los firmantes aseguran a la fiscalía que «los hechos previos y posteriores a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela» son una «práctica de terrorismo de Estado», según informaron en un comunicado los denunciantes, entre los que también están los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque; el argentino Mauricio Macri; el mexicano Vicente Fox y el boliviano Carlos Mesa, según recoge EFE.
Y en este sentido señalaron que «los crímenes de lesa humanidad que se han ejecutado y siguen ejecutando en línea de continuidad, incluyendo la reciente orden de aprehensión contra el verdadero presidente electo, Edmundo González Urrutia, son la obra de una estructura militar operacional cuya cadena de mando ejerce directamente Nicolás Maduro Moros».
Pastrana ha abogado por la «urgente intervención» del fiscal jefe del TPI, Karim Khan, para que solicite la detención de los principales líderes chavistas. La Fiscalía ya abrió en 2021 una investigación preliminar sobre posibles abusos en Venezuela a raíz precisamente de una petición de un grupo de países latinoamericanos.
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio del año 2000, por lo que teóricamente debe someterse a la soberanía del tribunal con sede en La Haya. El Gobierno de Maduro, sin embargo, ha cuestionado durante estos últimos años las pesquisas abiertas, alegando entre otras cosas que no ha habido abusos generalizados y que hay procedimientos de rendición de cuentas ya en marcha en el país sudamericano.
