Defensa multa con nueve millones a Indra, Sapa y Santa Bárbara por retrasos en el vehículo 8x8
La unión temporal de las tres empresas recibió una sanción de nueve millones de euros a principios de este año
Vehículos 8x8 Dragón en la fábrica de Santa Bárbara Sistemas en Sevilla. | María José López (Europa Press)
La ejecución del vehículo de combate 8×8 para el Ejército de Tierra continúa siendo un gran desafío. El Ministerio de Defensa ha vuelto a multar a la unión temporal de empresas (UTE) responsable de la fase de desarrollo, encargada de fabricar los prototipos preliminares, según informa 20 Minutos. Esta UTE está formada por Indra, Santa Bárbara y Sapa, y recibió una sanción de nueve millones de euros a principios de este año debido a los retrasos en las entregas. Aunque la filial de General Dynamics, parte de la UTE, intentó recurrir la penalización, no logró el consenso necesario entre sus socios. El Ministerio de Margarita Robles ya había advertido en enero que no toleraría retrasos en las entregas acordadas para la fase de producción.
Según revelan los informes anuales de Santa Bárbara recogidos por el citado periódico, la resolución se formalizó a principios de este año. La multa total asciende a 9,1 millones de euros, el 10% del valor del contrato, repartidos entre las tres compañías participantes en la UTE VCR 8×8. Esta sanción está relacionada con la fabricación de cinco demostradores, que debían cumplir con los requisitos establecidos antes de pasar a la construcción de los vehículos definitivos. El precio total del contrato, tras varias modificaciones acordadas con el Ministerio de Defensa, se fijó en 91,9 millones de euros.
Este no es el primer incidente relacionado con retrasos en la fase de desarrollo del vehículo, iniciada en diciembre de 2015 con la firma del contrato, el cual ha sufrido dos ampliaciones desde entonces. En esta ocasión, la UTE ha decidido, por mayoría, no recurrir la sanción ante los tribunales, aunque no hubo unanimidad interna. Santa Bárbara fue la única empresa que optó por impugnar la decisión, mientras que Indra y Sapa decidieron no hacerlo, consolidando así la firmeza de la sanción impuesta por el Ministerio.
Las disputas legales estarían ligadas a la posición de Indra, presidida por Marc Murtra, y Sapa Placencia. Cabe destacar que existen dos sentencias recientes de la Audiencia Nacional, de 2023 y 2024, que confirman la legalidad de las sanciones impuestas por el Ministerio de Defensa debido a los retrasos. Los jueces no aceptaron la complejidad del contrato como justificación para incumplir los plazos, ni consideraron desproporcionadas las multas, que oscilaban entre 14.715 y 18.393 euros por cada día de retraso.
Ante la urgencia de modernizar los vehículos, en agosto de 2020, Defensa firmó un contrato de 1.736 millones de euros con Tess Defense para la producción del 8×8 Dragón. Esta joint venture, formada por las mismas empresas y Escribano (accionista de Indra), debía producir el primer lote de 348 blindados, de los 1.000 previstos. No obstante, también se han registrado retrasos en este proyecto, lo que ha generado nuevas advertencias del Ministerio de Defensa, que reafirmó su postura de “tolerancia cero” hacia más retrasos.
El reto de la coordinación
La coordinación entre las cuatro empresas ha sido un reto constante. Fuentes del sector han indicado a 20 Minutos que los problemas en las entregas persistieron durante los primeros meses de 2024. Según el calendario más reciente, se espera que este año se entreguen 92 unidades del primer lote, tras la entrega de solo siete vehículos a finales de 2022. El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, subrayó en una conferencia con analistas que el retraso no se debe a Indra, sino a Tess Defense, sin revelar detalles sobre los motivos específicos de los retrasos.
En este contexto, tanto Indra como el Gobierno están valorando la posibilidad de tomar el control de Tess Defense adquiriendo al menos el 51% de la compañía. Esto les permitiría controlar los plazos de entrega y consolidar los ingresos en sus resultados financieros. Para esta operación, Indra contrató a AZ Capital como asesor, pero hasta ahora no se ha alcanzado un acuerdo sobre la valoración de las acciones de los otros socios.
El proyecto del 8×8 se remonta a la primera década del siglo XXI, con el objetivo de reemplazar los antiguos BMR. La necesidad de estos nuevos Dragón quedó clara en 2007, cuando un vehículo BMR fue atacado en el Líbano, resultando en la muerte de seis soldados españoles.
Tras diversos retrasos, el proyecto se formalizó en junio de 2020 con un presupuesto de 1.736 millones de euros y un plazo de ejecución que se extiende hasta 2030. El programa se ha dividido en tres fases: la primera contempla la entrega de 348 vehículos, la segunda de 365, y la tercera de 285, para un total de 1.000 vehículos destinados a distintas agrupaciones tácticas.
