Vox impide que el Congreso apruebe una moción del PP contra el cupo catalán
Junts no ha participado en la votación, puesto que sus diputados han abandonado el Congreso
La abstención de Vox ha impedido este miércoles que el Congreso apruebe una moción del PP que pedía que la financiación autonómica se trabaje desde la «multilateralidad», permitiendo así que el Gobierno salvara la primera votación que tenía lugar en el Pleno de la Cámara sobre esta cuestión desde que firmó su pacto con ERC para una financiación singular para Cataluña.
El texto del PP se había registrado en julio, antes de que Esquerra y el PSC sellasen su acuerdo, pero se ha votado en la primera sesión plenaria del nuevo curso político.
Así, la primera votación sobre este asunto en el Congreso se ha saldado con los 171 votos en contra de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos y BNG. A favor se han posicionado el PP, CC y UPN (139 votos). Si los 33 de Vox hubieran apoyado el texto, la moción se habría aprobado. De su lado, Junts no ha participado en la votación, puesto que sus diputados han abandonado el Congreso para participar en Cataluña en las movilizaciones por la Diada, mientras que el exministro socialista José Luis Ábalos se ha abstenido.
El sistema está caducado
El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha censurado las «cesiones vergonzantes» de un PSOE que se ha propuesto «romper» el sistema de financiación a cambio de mantenerse en la silla y ha reclamado que desde el Gobierno «sean honestos» y no se «escondan», porque ERC ya ha dejado claro que el acuerdo pactado es un «concierto» negociado de manera «bilateral» para Cataluña.
Al hilo de esta cuestión, la diputada de CC, Cristina Valido, ha destacado la «urgencia» de sentarse a debatir una reforma del sistema de financiación «caducado» pero ha abogado por hacerlo «juntos» y desde la «multilateralidad» y la «transparencia». «Abran el debate con valentía y no por la puerta de atrás», ha reclamado.
También desde Vox, el diputado Jacobo Robatto ha respaldado que desde el PP se señale los «atropellos» de Pedro Sánchez; sin embargo, ha censurado que desde la bancada ‘popular’ critiquen la financiación singular de Cataluña, pero sigan defendiendo el ‘cupo vasco’ porque el principio de igualdad debe primar «entre regiones».
«Anticatalanismo» del PP
En contra de la iniciativa, la diputada del PSOE Alicia Álvarez ha lamentado que el PP solo haga «propuestas vacías» y ha puesto como ejemplo la falta de «solidaridad» del PP a la hora de dar respuesta a la crisis migratoria. «El compromiso del Gobierno es firme», ha reiterado Álvarez y ha recordado que el jefe del Ejecutivo le propuso al inicio de la legislatura al líder del PP la creación de un grupo de trabajo para abordar la reforma del sistema de financiación y no obtuvieron ninguna respuesta.
De su parte, la diputada de ERC Teresa Jordà ha tachado de «incendiaria» de los ‘populares’, ya que, a su juicio, lo que busca es cargarse la posibilidad de usar «la fuerza de las urnas para negociar y llevar a acuerdos». «Estamos muy cansados de su anticatalanismo como motor electoral«, ha reprochado y ha defendido el acuerdo alcanzado con el PSC situándolo como la herramienta para poder acabar con la «injusticia del déficit fiscal» que sufre Cataluña.
La portavoz adjunta de Sumar y diputada de Compromís, Àgueda Micó, ha reivindicado la necesidad de trabajar por un sistema de financiación que acabe con la «desigualdad» que padecen algunas comunidades autónomas y que ni PP ni PSOE se han atrevido a reformar por la «falta de voluntad» o de «valentía política». Asimismo, ha cargado contra el PP por intentar «confrontar unos territorios con otros».
Una reforma «crucial» del sistema
La diputada del PNV Idoia Sagastizábal ha mostrado su rechazo a la propuesta del PP defendiendo que el debate sobre financiación debería ser competencia de las comunidades autónomas, porque de lo contrario se estaría «negando el diálogo democrático». Asimismo, ha asegurado que desde su formación consideran que la bilateralidad y la multilateralidad a la hora de negociar debería dependen de la voluntad política, porque «negociar bilateralmente no quiere decir que no se negocie en igualdad de condiciones».
En nombre de Podemos ha intervenido la diputada Martina Velarde quien ha censurado a los ‘populares’ que recurran una y otra vez al conflicto territorial sin aportar soluciones en vez de abordar una reforma «crucial» para el país. Aunque también se ha dirigido al Ejecutivo de coalición para reclamar una propuesta fiscal a la «altura» y abandonar la «penosa batallita» por el relato.
Finalmente, el portavoz del BNG, Néstor Rego, ha cargado contra el PP, a quienes considera «maestros en demagogia» a la hora de hablar de financiación autonómica, ya que durante su Gobierno impulsaron el actual sistema de financiación que lo que hace es «discriminar gravemente» a Galicia. «Lo que quieren es mantener el expolio fiscal en España para continuar satisfaciendo la voracidad del Estado-Capital Madrid», ha sentenciado.
Las comunidades tienen que decidir
La iniciativa buscaba garantizar que la multilateralidad y transparencia sean los principios sobre los que se fundamentará la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica abandonando cualquier bilateralidad con las comunidades y urgía al Ejecutivo a convocar tanto la Conferencia de Presidentes como el Consejo de Política Fiscal y Financiera. También reclamaba cuantificar la cantidad y fórmula del incremento de los fondos a destinar a las CCAA para conocimiento previo y garantizar que nadie pierda y todos ganen.
Asimismo, el PP quería que se estableciera un fondo transitorio que dé apoyo a las comunidades durante el proceso que dure la negociación del sistema de financiación, con el fin de que sirva para atenuar los problemas actuales. Además, los de Alberto Núñez Feijóo pedían que se asegurase el respeto y que se tuviese en cuenta tanto la insularidad de Canarias y Baleares, como las especialidades de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
En la iniciativa abogaban también por modificar el reglamento del Consejo de Política Fiscal y Financiera con el fin de dotar a las autonomías de mayor capacidad de decisión en la toma de decisiones. También reclamaban que la reforma del sistema de financiación se base en el análisis de datos y teniendo en cuenta el futuro gasto en sanidad y políticas sociales derivados del envejecimiento de la población que se va a producir en los próximos años.
Igualmente, abogaban por tener en cuenta, dentro de los cálculos, la ponderación de variables como la dispersión o la despoblación para que se pueda garantizar la suficiencia financiera autonómica y la prestación de los servicios en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional.
Las decisiones «unilaterales» las paga el gobierno
Desde el PP querían además introducir dentro del sistema de financiación autonómica una nueva cogobernanza de los fondos europeos derivados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que atienda a las reivindicaciones que han manifestado todas las CCAA. Pero también que se analicen los fondos existentes y el cumplimiento de los fines para los que están previstos.
Por último, urgían asegurar el respeto a las capacidades normativas de las comunidades, evitando intromisiones en sus competencias e incluir una cláusula para el mismo en la ley orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas.
De esta manera lo que querían desde el PP es que se acordase un Compromiso de Estado que asegurase que cualquier incremento de costes extraordinarios derivados de decisiones unilaterales del Gobierno con repercusión en las autonomías lleve automáticamente adherida la financiación necesaria para su cumplimiento.