Dos constructoras valencianas, en el punto de mira por un megacontrato durante la era Ábalos
Las empresas barrieron en los criterios subjetivos a grandes multinacionales y ganaron una adjudicación de 97 millones
El exministro José Luis Ábalos y Koldo García, su asesor durante su etapa en Fomento. | Ilustración de Alejandra Svriz.
Torrescamara y Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), las constructoras valencianas sobre las que ha puesto la lupa la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el presunto pago de comisiones a cambio de contratos de Fomento durante la etapa de José Luis Ábalos, se hicieron con un contrato valorado en 97 millones en 2020 tras arrasar en los criterios subjetivos. En el camino para hacerse con el pliego dejaron a 19 empresas, la mayoría multinacionales. La oferta económica de la UTE de las empresas de la comunidad autónoma de Ábalos no fue ni mucho menos la mejor.
Los detalles del contrato analizados por THE OBJECTIVE, que ha adelantado en exclusiva la investigación que lleva a cabo la UCO a partir del material incautado en el marco de la operación Delorne, muestran que Sacyr Infraestrucuras fue excluida en la fase final de la licitación. Según los evaluadores, la multinacional hizo una oferta económica temeraria, anormalmente baja. Sacyr presentó la documentación en la que defendía su propuesta, pero no sirvió de nada. Esta constructora española cotiza en el Ibex 35, está presente en 20 países y cuenta con 15.000 empleados.
Además de Sacyr, concurrieron en diferentes UTE las principales constructoras españolas que desarrollan proyectos de gran envergadura fuera de nuestras fronteras. FCC, Acciona, Ferrovial, Dragados y OHLA optaban, junto a las constructoras en el punto de mira, a la ejecución de las obras de un tramo A-12 entre Santo Domingo de la Calzada y Villamayor del Río. Otras de las candidatas eran Azvi, Vías y Construcciones, San José, Lantania y Aldeasa. Mientras, las empresas valencianas Torrescamara y LIC, bajo lupa por los contratos de Ábalos, participaban en una UTE en la que estaba también Ortiz Construcciones.
Las constructoras y Ábalos
Esta última Unión Temporal de Empresas logró, tras el examen de los evaluadores, la mejor nota en los criterios subjetivos: 85,45 puntos. La segunda mejor calificación fue la de Ferrovial Agroman, (que también acudió con Copasa e Ismael Andrés en UTE), con 83,75. Según destaca el pliego, los criterios cualitativos -impacto en el usuario, actuaciones medioambientales, tecnología- están basados en juicios de valor. Esta evaluación requiere una apreciación subjetiva por parte de un comité de expertos o de la mesa de contratación y no pueden ser tasados mediante fórmulas matemáticas.
El informe del megacontrato sobre los aspectos basados en juicios de valor fue el primero en conocerse y su peso para lograr el pliego era del 49%. Mientras, la oferta económica suponía un 51%. La UTE de Torrescamara, cuyo responsable se dirigía con gran cercanía y familiaridad a Koldo García, exasesor de Ábalos, a la hora de solicitar su intermediación, arrasó en tres de los seis criterios basados en juicios de valor.
Acciona, Sacyr, Ferrovial…
La UTE valenciana dejó descolgadas a Acciona, Sacyr, Ferrovial, OHLA, FCC y Dragados en criterios como la memoria descriptiva del proceso de ejecución, el programa de actuaciones medioambientales y la minimización de impacto en los usuarios. Mientras, obtuvo excelentes calificaciones en los criterios subjetivos basados en seguridad, calidad y tecnología. Según los calificadores, la UTE identificaba «de forma completa y particularizada las unidades de obra que potencialmente pueden producir impactos ambientales». También destacaba que aportaba «medidas adicionales de buena gestión ambiental».
En cuanto al análisis de la movilidad de los usuarios, señalaba que se consideraba correcto y particularizado, proponiendo «soluciones oportunas y especificas a los problemas detectados». El acta de las valoraciones está firmada por Ángel Salazar, vocal asesor, y Camino Arce, subdirectora general de Construcción, el 29 de octubre de 2019. La millonaria adjudicación tuvo lugar en diciembre de ese año y su formalización dos meses más tarde. El anuncio de licitación, que se presentó en julio de 2019, tuvo numerosas rectificaciones dos meses más tarde. Hace algo más de un año se modificó el contrato para cambiar considerablemente el plazo de ejecución, un plus importante para las constructoras adjudicatarias.
Cambio de criterio
Es reseñable también que el gran logro de Torrescamara y LIC tuvo lugar, además, en un terreno, La Rioja, desconocido para las dos empresas valencianas. Los responsables de algunas compañías habituadas a acudir a estas licitaciones tienen constancia de que ciertas empresas medianas se han hecho con contratos de este tipo, pero siempre están localizadas en la región.
También resulta destacable que la misma UTE, que en ese momento no contaba con Torrescamara, la empresa dirigida por Juan Cámara, el empresario que intercambiaba emails con el exasesor de Ábalos, consiguió la peor nota subjetiva unos meses antes, cuando optaba a otro tramo de la autovía. Se calificaban los mismos criterios y competía con otras diez compañías, algunas multinacionales. En este caso, en la valoración, firmada el 12 de abril por Arce y Salazar, arrasaron Acciona, Ferrovial y Sacyr. La entrada de Torrescamara en la UTE cambió todo radicalmente seis meses después.
