Ábalos exige al PSOE que lo readmita como militante: alega que no existen pruebas contra él
El exministro de Transportes pide formalmente recuperar «todos sus derechos políticos como afiliado»
José Luis Ábalos.
José Luis Ábalos ha solicitado por carta al PSOE que le readmita en el partido tras la suspensión cautelar como militante que le impuso Ferraz tras las primeras informaciones del caso Koldo. En una misiva mandada el pasado viernes por correo certificado a la Comisión Ejecutiva Federal de la formación, según adelanta El Mundo, el exministro de Transportes pide formalmente recuperar «todos sus derechos políticos como afiliado».
Según explica el medio que publica la información, Ábalos relata en la carta que el expediente interno en su contra se abrió el 27 de febrero, y que pocos días después, el 1 de marzo, presentó una serie de pruebas para su defensa. Sin embargo, destaca que desde esa fecha el proceso ha estado completamente paralizado, sin que el instructor se haya pronunciado sobre la admisión o rechazo de las pruebas solicitadas. Además, resalta que, hasta la fecha, no se ha emitido ningún pliego de cargos en su contra.
Ábalos ha señalado que, aunque los estatutos y el reglamento no establecen un plazo determinado para el periodo de prueba a cargo del instructor ni para la resolución del expediente, esta falta de precisión no debería permitir que la organización mantenga indefinidamente un expediente abierto con suspensión cautelar. Según él, esta situación perjudica gravemente los derechos políticos de un afiliado.
El exministro se ampara en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece un plazo máximo de tres meses para resolver un expediente si no se ha fijado un límite. En caso contrario, el plazo no debería superar los seis meses, salvo que una norma de rango superior o el Derecho de la Unión Europea dispongan lo contrario.
En el caso concreto de su expediente, Ábalos recuerda que fue abierto en febrero por el PSOE, lo que, según su interpretación, excede ampliamente el plazo común de resolución. Afirma además que no consta ninguna solicitud de suspensión del proceso, lo que agrava la situación de inactividad de la organización desde el inicio. Ante esto, Ábalos sostiene que el expediente debe declararse caducado, lo que implicaría el levantamiento automático de su suspensión cautelar como afiliado y la restauración de todos sus derechos.
