Oligopolios y «discriminación positiva»: Díaz busca el apoyo de Podemos y los nacionalistas
Sumar incluye en el plan de medios hablar de ambas cuestiones para atar al partido morado
El ministro de Cultura Ernest Urtasun. | Agencias
Un vaso medio lleno, pero no una misión cumplida. Así interpreta Sumar el acuerdo alcanzado con el PSOE para el autodenominado «plan de regeneración democrática de los medios», que busca modificar el organigrama de los medios en España, las normas inherentes al sector de la prensa y a los periodistas y la publicidad institucional. La coalición que lidera Yolanda Díaz puso sobre la mesa dos condiciones para ampliar la iniciativa y que, en palabras de los miembros de este sector, no se interpretara únicamente como una medida nacida por el interés de Sánchez de desviar o frenar las informaciones sobre su mujer y su entorno. Una era la derogación del delito de injurias a la Corona, y el segundo, la modificación de la llamada Ley mordaza.
Tal y como adelantó este diario, Sumar temió antes del verano que Sánchez apostara por congelar la abolición del delito de injurias a la Corona. Y todo apunta a que el plan aprobado este martes en el Consejo de Ministros todavía no aborda esta cuestión, aunque sí se abre a una modificación parcial (tan solo un artículo, el 36) de la Ley de Seguridad Ciudadana. En este sentido, el PSOE ha impuesto su tesis, más enfocada en evitar mencionar la abolición del delito de injurias a la Corona. Aunque Sumar no tira la toalla.
La formación de Díaz cree que este es solo el comienzo, y que en sede parlamentaria se resolverán todos estos puntos con el apoyo de los demás socios nacionalistas. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, defendió la iniciativa el pasado martes en La Moncloa mencionando tres veces que todo lo anunciado se refiere a un «primer paso», hacia una «reforma integral del código penal». Y habló también de una «discriminación positiva» que afectaría a todos los medios escritos y publicados en idiomas cooficiales del Estado. Otro guiño a los partidos nacionalistas, que controlan decenas de medios afines, y que deberán respaldar la iniciativa del Ejecutivo en el Congreso para que salga adelante.
Dudas en Podemos
Uno de los puntos clave de la negociación entre Sumar y el PSOE ha sido, por otro lado, mencionar la cuestión de los oligopolios en el sector de la información. Para Sumar, este punto es estratégico, según explican las fuentes consultadas, porque busca desactivar una de las críticas y exigencias de Podemos. El partido morado lleva tiempo avisando de que el «plan de regeneración» debe incluir una limitación de los oligopolios y que los principales referentes del sector de la información publiquen sus cuentas particulares y patrimonio, al igual que hacen los cargos electos como diputados y senadores. El enfoque de Podemos se enmarca en la tesis defendida por Pablo Iglesias de que los medios son un «actor» más en la contienda política, igualados a los partidos políticos.
El martes, el portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, reiteró esas críticas. Podemos avisó de que difícilmente puede apoyar la iniciativa sin redactar una verdadera ley de medios que regule el «poder mediático oligopólico». «Lo que hace falta es una regeneración democrática que vaya a la raíz de muchos problemas, que es la concentración del poder mediático», afirmó Sánchez Serna.
La segunda exigencia de Podemos plantea que se aplique como norma que los directivos de cadenas y presentadores de televisión estén obligados a declarar sus bienes, para luchar contra posibles conflictos de intereses en la definición de las líneas editoriales de las cabeceras. Este punto, sin embargo, no está en el orden del día del Gobierno. Ni Urtasun ni los responsables del área socialista han mencionado esta opción en sus intervenciones de este martes.
Guiño a los nacionalistas
Pero ¿a qué hace referencia en concreto el Ejecutivo con la regulación de los oligopolios mediáticos? A falta de conocer los detalles de la iniciativa, los portavoces del Gobierno han hecho referencia a su propuesta de «revisión del marco regulatorio para garantizar el pluralismo político en los medios de comunicación» y «evitar los oligopolios mediáticos que socavan el derecho de la ciudadanía a una información plural». Urtasun, en concreto, habló de «evitar la concentración» en el sector de los medios y «hacer frente a los oligopolios mediáticos».
Para esto, así como para las demás medidas, que van desde diferenciar a los medios de comunicación hasta limitar la financiación pública, el Gobierno parece estar pensando en un mecanismo híbrido, formado por una comisión de «expertos» (todavía por conocer) y la colaboración de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que no está integrada por ningún profesional del sector mediático. De aquí surgirá un «registro» que diferenciará entre los medios de comunicación reconocidos por el Ejecutivo y las demás plataformas exentas de la etiqueta de medio de comunicación.
