El 'plan Sánchez' incluye dos nuevas fiscalías y deja a Bolaños y López el 65% de las reformas
El Ejecutivo intensificará la lucha judicial contra «el fenómeno de la corrupción pública y privada»
Pedro Sánchez y Félix Bolaños | Jesús Hellín / Europa Press / ContactoPhoto
El llamado plan de regeneración democrática que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó este martes en Consejo de Ministros incluye la creación de dos nuevas fiscalías para luchar contra la corrupción que, en principio, actuarían al margen de la Fiscalía Anticorrupción ya existente. Además, otorga a los titulares de la Presidencia, Félix Bolaños, y de Transición Digital, Óscar López, el grueso de las reformas. De las 31 medidas incluidas en el documento de 27 páginas (leer aquí), una veintena de ellas -el 65%-recaen en ambos ministros, quienes tendrán que aprobar seis grandes reformas legales.
El documento, que aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), habla de la aprobación de un real decreto con dos nuevas unidades especializadas dentro de la Fiscalía General del Estado para la lucha contra «el fenómeno de la corrupción pública y privada».
Concretamente, adelanta la ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal. El texto no concreta los ámbitos de actuación de estas nuevas unidades, pero El País señala que la idea es crear una unidad especializada en delitos económicos y otra en delitos contra la administración pública.
Además, el Gobierno ha presentado una serie de medidas que incluyen la creación de un registro de medios de comunicación con información sobre su propiedad e inversión publicitaria que reciben que llevará a cabo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la obligación de que las administraciones públicas publiquen anualmente su inversión publicitaria.
El plan del Ejecutivo incluye una reforma Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de «transparencia, proporcionalidad y no discriminación» en su asignación; así como para garantizar sistemas de medición de audiencia bajo el prisma de la «imparcialidad».
El Gobierno de Sánchez también promoverá el impulso de una ley de secreto profesional de los periodistas como «garantía jurídica para la protección de fuentes» y de la Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación, son otras de las iniciativas.
También reformará los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos.
El Gobierno endurecerá, asimismo, las leyes orgánicas del derecho al honor y del derecho de rectificación, junto con la trasposición de una directiva europea «para la protección de los periodistas de acosos externos». Por último, pone límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación.
