Sánchez evitará de nuevo este año el debate sobre la nación que quiere imponer por ley
En los seis años de Gobierno de coalición únicamente se ha celebrado una vez esta gran cita parlamentaria
La bancada del Gobierno en el Congreso de los Diputados. | Archivo
El Consejo de Ministros aprobó este martes su Plan de Acción por la democracia en Moncloa, con 31 medidas para la «limpieza democrática de nuestro país», en palabras del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Una hoja de ruta genérica, sin concreciones y en la que se oculta cómo y cuándo podrá ejecutarse. Ni hay calendario para su puesta en práctica -más allá de la promesa de que se desplegarán en los próximos tres años de legislatura- ni se precisa qué tipo de reforma se hará en el seno de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para dotarle jurídicamente de la potestad de elegir qué medios de comunicación entrarán en el registro de medios y el consecuente reparto de publicidad institucional, y por tanto, cuáles serán excluidos por no ser considerados como tales medios. Medidas en las que el Gobierno ha incluido algunos compromisos para el «refuerzo de la transparencia y el sistema electoral», como la obligación por ley de regular los debates electorales y la obligación de que se celebre el debate sobre el estado de la nación.
Una promesa gubernamental que nace muerta desde su origen. Según fuentes gubernamentales y parlamentarias consultadas por THE OBJECTIVE, Pedro Sánchez ha renunciado este 2024 a celebrar el debate del estado de la nación. Por segundo año consecutivo, el jefe del Ejecutivo renuncia al que siempre fue el debate más importante del año y un instrumento obligado en el ámbito del control al Gobierno, consagrado por la Constitución Española y desarrollado por el Congreso de los Diputados.
En los seis años de mandato de Pedro Sánchez solo se ha celebrado un debate del estado de la nación, en 2022. El año pasado, en 2023, el Gobierno se escudó en la convocatoria electoral del 23-J para no celebrar esta gran cita parlamentaria. Tras la investidura, el 16 de noviembre del mismo año, se parapetó en la necesidad de aprobar los presupuestos generales del Estado para prescindir de este compromiso, pese a que el Gobierno acabó también renunciando a presentar sus cuentas públicas por el adelanto electoral en Cataluña.
Un solo debate en seis años
El también llamado debate de política general se ha celebrado de manera casi ininterrumpida desde 1983 a 2015, a excepción de los años electorales. El año 2016 fue el primer año en el que se rompió con esa tónica por el bloqueo político derivado del 10-N de 2015, que forzó a una repetición electoral el 26 de junio de 2016 y a la investidura de Mariano Rajoy en octubre del mismo año. En 2017, las tensiones con el independentismo y la celebración del referéndum ilegal el 1-O en Cataluña motivaron la suspensión; y en 2018, el triunfo de la primera moción de censura de la democracia en el mes de junio justificó la renuncia de su celebración.
Los primeros años de Pedro Sánchez en el Gobierno y su precariedad parlamentaria obligaron a guardarlo nuevamente en el cajón. Sánchez no celebró su primer debate sobre el estado de la nación hasta cuatro años después de su llegada a Moncloa en junio de 2018. En 2019 se celebraron dos elecciones, en abril y noviembre, y en 2020 la pandemia del covid-19 eclipsó la actividad parlamentaria con los sucesivos debates para prorrogar el estado de alarma. Al año siguiente, en 2021, Sánchez se quedó sin excusas. La precariedad parlamentaria que ya entonces atenazaba al Ejecutivo, apenas un año después de salir investido nuevamente, y la necesidad de aprobar los primeros presupuestos de su mandato, sirvieron de excusa para los argumentos gubernamentales, que se escudaron en que «Sánchez es el presidente que más ha comparecido en la historia de la democracia».
El pretexto que da ahora el Ejecutivo es la ingente agenda internacional del presidente en los próximos meses, el mismo motivo que alega La Moncloa para sortear las sesiones de control al Gobierno. Sánchez responderá este miércoles por primera y única vez a las preguntas de la oposición, como adelantó este periódico, tras excusar su asistencia por dos giras internacionales. La semana pasada, por un viaje oficial a China, y la última del mes para asistir a la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York. En noviembre, el jefe del Ejecutivo tiene cuatro grandes giras: una cumbre del G-20 en Brasil, la Cumbre del Clima en Azerbayán (COP29), y una gira iberoamericana en Ecuador, además de la celebración del 41 Congreso federal del PSOE en Sevilla.
La «política mediática»
El desprecio al Parlamento se sucede en un momento especialmente complicado de la legislatura, ante las dudas crecientes por la aprobación de los presupuestos generales del Estado y el bloqueo político de sus socios. El Plan de regeneración democrática presentado este martes en Moncloa esquiva los compromisos temporales y recoge una serie vaguedades e inconcreciones que el Gobierno no sabe si podrá llevar a la práctica. Incluso los miembros del Gobierno responsables del plan admiten que desconocen cómo se hará la reforma de la CNMC que decidirá sobre el registro de medios y se limitan a garantizar que «será un órgano independiente del Gobierno», como el Banco de España, órgano recientemente copado por el Ejecutivo con el nombramiento unilateral del exministro José Luis Escrivá, y de su número dos, Soledad Núñez, excluyendo al PP. Fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE se congratulan porque «la victoria es que se abra el debate y todo el mundo hable de bulos y pseudomedios».
Pero se trata de una victoria parcial que ha obligado al Ejecutivo de coalición a cruzar una línea roja de no retorno. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, responsable del segundo eje del Plan, el fortalecimiento de la transparencia y la pluralidad de los medios de comunicación, acuñó este martes el concepto de «política mediática». Una «necesidad» que obligará a las Administraciones públicas a revelar a qué medios destinan su publicidad institucional, y a éstos a publicar cuántas campañas reciben y que porcentaje supone de su financiación. Pero la base de esta política radica en la capacidad que tendrá el Gobierno de ‘nutrir’ a determinados grupos afines con criterios como «la discriminación positiva» que permitirá a los medios que publiquen contenidos «íntegramente en lenguas cooficiales» recibir un ‘extra’ de financiación. Es decir, que los grupos mediáticos catalanes afines a Junts y ERC y subvencionados hasta ahora por la Generalitat de Cataluña podrán recibir una partida adicional del Gobierno de la nación.
En la parte que compete al titular de Justicia, Félix Bolaños, está la reforma de las leyes orgánicas de derecho al honor y de rectificación para «mejorar el sistema e instar a la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas». Según Bolaños, son dos leyes orgánicas que están «obsoletas, las mires por donde las mires» y no sirven para afrontar «el panorama de medios de comunicación que tenemos hoy. Ya no dan respuesta a lo que precisamos», que es «tener una respuesta ágil» y una «respuesta efectiva». Una reforma que precisa nuevamente de los votos necesarios en el Congreso, algo improbable en el incierto escenario parlamentario: este martes el Gobierno volvió a perder una votación, concretamente sobre una proposición de Ley de Sumar en materia de vivienda. Desde Moncloa admiten que Junts había prometido su abstención y que «han avisado un minuto antes de la votación» de que cambiaban el sentido de su voto dejando caer al Gobierno.
