Sánchez excluye a los ministerios de Sumar de la ejecución del plan sobre los medios
López y Bolaños serán los principales encargados de un proyecto en el que los de Yolanda Díaz no controlarán nada
Pedro Sánchez con Yolanda Díaz en el Congreso. | Europa Press
El autodenominado «plan de acción por la democracia», conocido antes como plan de «regeneración democrática» para luchar contra la «desinformación», plantea una batería de iniciativas, actividades y tramitaciones de las que los ministerios controlados por Sumar han sido tajantemente excluidos, según recoge el documento oficial del Gobierno. Ningún departamento controlado por los de Yolanda Díaz ejercerá tarea alguna en la aplicación y control del plan. Y todo ello a pesar de que fue un ministro de Sumar, Ernest Urtasun, quien dio los primeros detalles del mismo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes.
El plan de regeneración democrática contempla 31 medidas. Entre ellas, posiblemente la más polémica será la creación de un registro de medios de comunicación para diferenciar entre medios reconocidos como tales por el Ejecutivo y los tachados de «pseudomedios». La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será la encargada de redactar dicho registro, según adelantaron el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, y Urtasun, responsable de Cultura, el pasado martes en rueda de prensa.
Con ese registro, el Gobierno planteará una reforma de la Ley de Publicidad Institucional y también del Código Penal para agilizar las rectificaciones en los tribunales y concentrar el flujo de dinero público en los medios y plataformas reconocidas por el Ejecutivo. Todo ello para luchar contra los «bulos» en el marco de un reglamento europeo que fue pensado, en realidad, para proteger a los periodistas y desenmascarar la injerencia rusa en el sistema mediático comunitario.
Los dos ‘tenores’ del plan
Así, el documento de la Moncloa entrega al Ministerio de Justicia, controlado por Bolaños, y al de Transición Digital, bajo la responsabilidad de Óscar López, ex jefe de gabinete de Sánchez, el 65% de la ejecución del plan. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública liderará la agenda general de aplicación, así como la «rendición de cuentas» semestral en el Congreso.
El ministerio de Bolaños, en colaboración con la secretaria de Estado de Comunicación, trabajará en el «establecimiento de mayores garantías de la independencia de los medios de comunicación». Este apartado contempla el «impulso de la ley de secreto profesional de los periodistas» y la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana en el apartado sobre las grabaciones a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En este caso -una petición de Sumar y los nacionalistas-, Justicia actuará de la mano del ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
En cuanto a la publicidad institucional en los medios de comunicación, uno de los ejes del plan de Sánchez, la secretaria de Estado de Comunicación será la encargada de fijar todos los elementos correspondientes. Y Economía y Transformación Digital, es decir, Carlos Cuerpo y Óscar López, decidirán sobre asuntos como la concentración empresarial en el sector mediático y los oligopolios.
Economía e Interior
Sánchez quiere que Bolaños también se encargue de la «estrategia nacional de lucha contra las campañas de desinformación», y que lo haga de la mano del Departamento de Seguridad Nacional. Este es el único apartado en el que trabajará ese departamento, mientras que Bolaños ejecutará las modificaciones normativas que afectarán a asuntos como el derecho a rectificación e indemnizaciones por noticias «falsas o abiertamente tendenciosas».
El Ejecutivo quiere crear mecanismos que garanticen más celeridad a la hora de exigir el cumplimiento de ese derecho. Justicia se encargará también de la creación de dos nuevas fiscalías para luchar contra la corrupción que, en principio, actuarían al margen de la Fiscalía Anticorrupción ya existente. Así como la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, y la reforma de la ley sobre secretos oficiales (una de las peticiones de los nacionalistas).
El Ministerio de Justicia abordará a la vez una modificación del Código Penal inherente a las ofensas e injurias a las instituciones públicas. El texto gubernamental no menciona explícitamente la derogación de la norma que prohíbe las injurias a la Corona, aunque en Sumar insisten en que la reforma debería avanzar en este asunto. Se trata de una cuestión pendiente que los de Díaz esperan resolver en la tramitación parlamentaria gracias al apoyo de los nacionalistas, pero sobre la que Sánchez no se ha pronunciado. Y es llamativo que tampoco en ese punto Sumar tenga alguna competencia.
Sumar, sin competencias
Economía y Transformación Digital controlarán, para concluir, los 100 millones de euros que Sánchez promete entregar a los medios de comunicación que cumplan con los requisitos establecidos por el Gobierno. Una nueva comisión en el Congreso de los Diputados sobre la desinformación asistirá a los ministros del Gobierno. Interior y Transformación Digital se ocuparán finalmente de asuntos como hacer preceptivos los debates electorales antes de las elecciones, obligar a los diputados y senadores a informar sobre sus bienes y celebrar cada año un debate sobre el estado de la nación en el Congreso.
De todo ese plan destaca el monopolio absoluto en su ejecución de los ministerios controlados por el PSOE. Sumar, que controla cinco departamentos ministeriales y una vicepresidencia, se ha quedado totalmente excluido del reparto de competencias. Y todo ello a pesar de que el responsable de Cultura, Urtasun, fue quien leyó el pasado martes las medidas del plan, y en teoría negoció con Bolaños el documento y el enfoque estratégico que Sánchez impulsó después de tomarse cinco días de reflexión tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez, por un supuesto caso de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.
