Vox quiere «retratar» al PP con la inmigración: le obliga a votar que se expulse a los ilegales
Alberto Núñez Feijóo tendrá la posibilidad de exponer en el Congreso si ha modificado en algo su política migratoria
El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de septiembre de 2024, en Madrid (España). | EP
La prueba del algodón. Así se plantea Vox la iniciativa que lleva esta semana a votación al pleno del Congreso: una moción de interpelación urgente por la que insta al Gobierno a expulsar a todos los inmigrantes que entren a España de manera ilegal o a quienes lo hagan de manera regular pero delincan. Esto obligará a los grupos parlamentarios a posicionarse, y en especial al Partido Popular, que está planteando en las últimas semanas una postura dura en materia migratoria, aunque desde Bambú, 12 -la sede de Vox-no se crean este cambio.
La formación de Alberto Núñez Feijóo ha pasado de pactar con el PSOE la regularización de 500.000 inmigrantes a reunirse con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y loar su modelo migratorio. Pero los de Santiago Abascal quieren intentar demostrar en la Cámara Baja que los populares siguen en una «pinza» con los socialistas, y que lo suyo es una «estafa política permanente» a su electorado.
Los populares deberán votar una batería de 11 medidas entre las que se incluyen la expulsión «de forma inmediata a su país de origen a aquellos inmigrantes que hayan accedido ilegalmente a España», así como a los «legales asentados en España que cometan delitos graves o reiterados». Vox añade que se devuelva a todos los menores extranjeros no acompañados (menas) a sus países de origen.
Precisamente la acogida de estos menas en las regiones que cogobernaban ambos partidos fue el casus belli que motivó que Vox rompiera sus Gobiernos autonómicos con el PP. Una circunstancia que, vista desde la perspectiva de Vox, habría beneficiado electoralmente al partido de Abascal, por cuanto la inmigración se ha convertido en la principal preocupación de los españoles, y estos perciben, según fuentes internas, que es «el único partido que se toma en serio» el problema.
«La salida de los Gobiernos autonómicos no nos ha castigado, y poco a poco los españoles se dan cuenta de que somos el único partido que se toma en serio el problema», aseguraban la semana pasada a THE OBJECTIVE desde Bambú. «La coherencia, en ocasiones, se premia», decían estas mismas fuentes, que ven cómo el creciente problema migratorio les comienza a aupar electoralmente.
Por otro lado, la línea del PP se habría visto modificada por los estudios demoscópicos. Según publicaba este lunes El Confidencial, en Génova 13 habrían reconfigurado su «agenda ideológica» con respecto a inmigración, entre otros temas sociales, por haber detectado cierta «frustración» entre los españoles.
Esto ha sido criticado por Vox, que lo consideran una evidencia de que en el PP «encargan encuestas para ver lo que tienen que decir»: «No tienen ideales. No tienen valores. No tienen ética. No tienen moral. No tienen un proyecto de país. Sólo estafan al electorado diciéndoles lo que quieren oír para después llegar al poder y hacer lo que quiere el PSOE».
Más medidas
El PP tendrá la oportunidad este jueves, cuando se vote la moción, de evidenciar o no un cambio. Los populares habrán de posicionarse también sobre la revisión del cumplimiento de los acuerdos de colaboración en materia de prevención de la inmigración ilegal con países terceros. «En caso de incumplimiento de éstos o falta de colaboración, tomar las medidas necesarias para obligar a dichos países a cumplir con sus compromisos», reza la iniciativa.
Asimismo, la formación que lidera Santiago Abascal insta al Gobierno a promover el fin de las políticas de «efecto llamada» y agilizar los procesos de deportación de inmigrantes ilegales; eliminar subvenciones a asociaciones, organizaciones u ONG que promuevan o faciliten la inmigración ilegal, así como que se suspendan las ayudas de Cooperación al Desarrollo con aquellos países que no colaboren en la lucha contra esta; impedir la entrada y expansión del «fundamentalismo islámico» en España, con medidas encaminadas a evitar su financiación por parte de terceros estados u organizaciones; y por último, la declaración como zona marítima de interés (MAI) de la zona que va desde la costa de Mauritania hasta Melilla.
