Bildu propone para el centro de memoria del Gobierno vasco a un exasesor de Moncloa
El médico forense Paco Etxeberria, respaldado por EH Bildu, colaboró en la redacción de la Ley de Memoria Democrática
El ministro Félix Bolaños, responsable de la Ley de Memoria Democrática. | Europa Press
EH Bildu ha propuesto para el centro de memoria del Gobierno vasco, conocido como Consejo de Dirección del Instituto Gogora de la Memoria, a Paco Etxeberria Gabilondo, médico forense conocido por la colaboración con el Gobierno de Pedro Sánchez en la redacción de la Ley de Memoria Democrática. Etxeberria, especializado en la investigación de fosas comunes, ayudó al ministro Félix Bolaños en la elaboración de la mencionada ley, que sustituyó a la conocida como Ley de Memoria Histórica de 2007. Dicha normativa entró en vigor en 2022 y fue muy criticada por la oposición por extender la aplicación de la Ley de Memoria Democrática hasta finales de 1983.
Etxeberria forma parte desde el año 2015 del Consejo de Dirección de Gogora, conocido como el instituto de la memoria del Gobierno vasco. La ley permite a los partidos políticos, en función de su peso parlamentario, designar a cinco miembros «independientes de entre personas de reconocido prestigio en la promoción de la memoria y en la defensa de las libertades cívicas y de los principios de convivencia democrática». Y los abertzales se han decantado por Etxeberria, además de Pilar Garaialde Salsamendi, a quien califican de «víctima del terrorismo de Estado».
«En atención a la representación que le corresponde en función de los resultados electorales, EH Bildu ha presentado dos candidaturas en línea con su apuesta por una memoria inclusiva y el reconocimiento de todas las víctimas. La votación de las diferentes candidaturas tendrá lugar el miércoles en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos», reza el comunicado de Bildu al que ha tenido acceso este diario.
Cercanía a Bildu
La figura de Etxeberria resulta polémica porque el reconocimiento de Bildu le ubica en un espacio de afinidad a los abertzales. Colaboró con el ministro Bolaños en la redacción de una ley sobre memoria histórica, respaldada por Bildu, que calificó de paso adelante en «la lucha por la verdad, justicia y reparación de todas las víctimas». Esa ley permitió convocar una comisión técnica formada por expertos para abordar «posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo». Ese articulado alimentó las críticas de la oposición, aunque el Ejecutivo sostuvo que la ley no daría paso a una investigación judicial de hechos posteriores a la Constitución, puesto que la vía jurisdiccional se agotaría en 1978.
En junio de 2023, el nombre de Etxeberria apareció como moderador en el curso Verdad y reconocimiento para las víctimas de tortura que organizó la Universidad del País Vasco (UPV). Un evento que también contó con la participación de dos condenados de la extinta banda terrorista ETA: Ainara Esteban y Jorge Chocarro. Estas jornadas fueron un paso más del Informe sobre la tortura y los malos tratos en el País Vasco entre 1960-2014 que encargó el Gobierno autonómico al Instituto Vasco de Criminología (IVAC-KREI).
Etxeberria también estuvo detrás de la polémica que surgió en el País Vasco por las webs municipales sobre memoria en las que una docena de ayuntamientos equiparaba a miembros de ETA con víctimas de la banda. La Sociedad de Ciencias Aranzadi fue el organismo, presidido por este investigador, que impulsó esta controvertida iniciativa.
Comisiones técnicas
Etxeberria no es el único experto cercano al área política de los abertzales con el que contará el Gobierno para la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. En el pasado mes de abril, el Gobierno dio luz verde a la creación de las comisiones técnicas previstas en la normativa. La responsabilidad en ese área está ahora bajo el control del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Se trata en concreto de tres comisiones: sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España, sobre la reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la guerra y la dictadura y sobre el estudio de los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos. Todas estas comisiones contarán con «personas expertas especializadas en las materias objeto de estudio», según transmitió el Gobierno.
En la comisión encargada de reparar a las víctimas entre 1978 y 1983 por vulneración de derechos humanos se encuentran exsindicalistas, miembros de la sociedad civil y profesores universitarios. Y entre ellos destaca el nombre de Jon-Mirena Landa Gorostiza, catedrático de Derecho Penal y director de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la Universidad del País Vasco, conocido por su cercanía al partido abertzale.
Este profesor universitario fue nombrado en 2005 director de Derechos Humanos del Gobierno vasco, por el entonces consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, quien ahora ejerce de portavoz de la Asociación de presos de ETA. Y hace tan solo un año, Mirena Landa defendió en el diario Naiz, conocido por su cercanía ideológica a Bildu, la Sociedad de Ciencias Aranzadi, cuyas webs defendían que se equiparase a los etarras con sus víctimas.
En ese artículo explicó su posición sobre los «graves delitos de terrorismo cometidos por las diferentes ETA como los graves delitos que han cometido las fuerzas y cuerpos de seguridad y las violaciones de derechos humanos que el Estado ha llevado a cabo». El Gobierno pactó en 2022 con Bildu ampliar el margen temporal de dicha ley. Pasó de 1978 a 1983, para determinar si durante el arranque de la época democrática el Estado incurrió en violaciones de derechos humanos. Ahora los abertzales son una de las formaciones con las que Sánchez espera pactar para sellar las nuevas cuentas públicas del año 2025.
