El Gobierno ignora el 34% de las demandas de información de ciudadanos en Transparencia
En las comunidades ese porcentaje se dispara al 85% y el silencio administrativo ya es la principal causa
Ilustración de Alejandra Svriz.
El Gobierno, y también las autonomías, baten mes tras mes sus propias marcas de opacidad informativa. Las denegaciones de información solicitada a través del Portal de Transparencia aumentaron en los seis primeros meses del año un 25% con respecto al mismo periodo de 2023. Este incremento anticipa que 2024 puede cerrar con un récord de falta de transparencia.
El silencio administrativo se ha convertido en el principal instrumento que utiliza el Gobierno para evitar el acceso a la información pública que demandan los ciudadanos. Hasta un tercio de las reclamaciones que tramitó el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en 2023 tiene como origen la falta de respuesta y el incumplimiento de los plazos legales para darla.
Según los datos de la última memoria del CTBG analizados por THE OBJECTIVE, de las 1.169 demandas resueltas por el organismo a lo largo del pasado año, el 33,8% tenían como motivo el silencio de la Administración estatal. No conocer los motivos de la denegación provoca mayor sensación de indefensión del ciudadano y un aumento de los plazos de los procedimientos.
Seguridad nacional y datos personales
Casi el 29% del total de las demandas se debió a que los peticionarios no quedaron satisfechos con la información facilitada. Mientras, el Ejecutivo también se refugia de forma recurrente en tres de los artículos de la Ley de Transparencia -14, 15 y 18- para eludir las explicaciones. Estos artículos hacen referencia a la necesidad de reelaborar la información solicitada, la seguridad nacional y proteger datos personales para rechazar las peticiones.
Si la situación es grave en la Administración estatal, resulta escandalosa en las autonómicas. De las 1.090 reclamaciones de ámbito autonómico, 931 (un 85,4% del total) se han planteado en casos de desestimación por aplicación de las reglas del silencio administrativo.
El Consejo de Transparencia, un organismo que se encarga de garantizar el acceso a datos e información de los que disponen las administraciones, se muestra, de forma recurrente, favorable a las demandas de los ciudadanos. Así, la memoria muestra que en el ámbito estatal se admitieron el 95% de las reclamaciones. De estas, dos tercios concluyeron con un pronunciamiento estimatorio en sus distintas modalidades (total, parcial, por motivos formales, retroacción). En el ámbito autonómico y local, los porcentajes presentan unas magnitudes similares a las estatales. En estas administraciones públicas se admitieron a trámite el 95% y resultaron estimadas el 71,55%.
A lo largo de 2023, el Consejo resolvió 2.259 reclamaciones, lo que supone un incremento del 36,74% sobre los 1.652 expedientes resueltos en 2022. Los departamentos ministeriales son los principales destinatarios de las demandas frente a la Administración General del Estado y las entidades del sector público estatal resueltas en 2023. Un total de 761 reclamaciones, que representan el 65,7% del total, se interpusieron frente a ministerios. Interior es el destinatario del mayor número de reclamaciones, 214, un 18,5% del total.
La transparencia, asignatura pendiente
El pasado día 18, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Acción por la Democracia, un paquete de 31 medidas que afectará a leyes existentes. El proyecto tiene como objeto fomentar la transparencia en las instituciones públicas y los medios de comunicación. La medida llega en un momento en el que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue batiendo récords de rechazo a las solicitudes ciudadanas.
La Ley de Transparencia de 2013 fue creada para garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública, estableciendo el Portal de Transparencia como herramienta clave para hacer solicitudes a la Administración central y a otras instituciones, como la Casa Real, el Congreso de los Diputados y el Banco de España. Sin embargo, la creciente tendencia a denegar información pública, especialmente desde la formación del actual Gobierno, ha provocado tensiones entre las demandas ciudadanas de transparencia y las justificaciones del Ejecutivo para preservar ciertos datos bajo excepciones legales.
Entre 2014 y 2022, se registraron 58.787 solicitudes de información, de las cuales solo 30.265 recibieron una respuesta completa. Es decir, el 48,52% de las solicitudes se deniegan, al menos, parcialmente. Esto deja patente la brecha entre la intención de la ley y su aplicación en la práctica. La norma permite que los ciudadanos apelen al Consejo de Transparencia si consideran que sus solicitudes han sido rechazadas sin una justificación adecuada, aunque la Administración puede seguir amparándose en las excepciones previstas en la normativa. La vía final es la judicial.
