El Gobierno propone revisar la ley de concordia valenciana para no ir al Constitucional
La Generalitat tiene de plazo hasta el lunes 30 de septiembre para decidir si acepta la propuesta de diálogo
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. | Europa Press
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha remitido este miércoles a la Generalitat Valenciana una propuesta para iniciar un proceso de negociación sobre la denominada ley de concordia, que sustituye la anterior de memoria, y así evitar llevarla al Tribunal Constitucional
En una nota de prensa, el Ministerio explica que la Generalitat Valenciana tiene de plazo hasta el lunes 30 de septiembre para decidir si acepta esta propuesta de diálogo.
«No respeta la Constitución Española»
El Ministerio asegura que la ley de concordia de la Generalitat Valenciana, al igual que la planteada por Aragón, ya suspendida por el Tribunal Constitucional, «invade competencias estatales, rompe el consenso internacional y no respeta la Constitución Española».
En este sentido, denuncia que la ley de concordia valenciana, aprobada el pasado mes de julio por el PP y Vox en el Parlamento autonómico, recorta la protección a «las víctimas de vulneraciones graves de los derechos humanos, e impide «la plena efectividad» de la normativa estatal de memoria en ámbitos de competencia autonómica y local.
Con su propuesta de diálogo con la Comunidad Valenciana, el Gobierno recurre al artículo 33.2 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, que plantea la posibilidad de entablar negociaciones sobre una ley entre administraciones para evitar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.
En el caso de Aragón, el Gobierno ya presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que fue admitido a trámite, por la derogación de la ley autonómica de memoria por parte de PP y Vox.
La derogación de las leyes autonómicas de memoria han sido impulsadas por PP y Vox en Aragón y Comunidad Valenciana, donde hasta hace poco ambas formaciones gobernaban en coalición, y en Baleares, donde el PP gobierna con el apoyo externo de la formación de Santiago Abascal.
El caso de Cantabria
El caso de Cantabria, donde el Parlamento regional ha dado el primer paso para derogar la ley autonómica de memoria histórica, es distinto, ya que allí el PP gobierna en solitario pero su programa electoral ya recogía esta iniciativa.
Por su parte, las Cortes de Castilla y León han rechazado recientemente tramitar la proposición de ley de concordia que registraron en marzo PP y Vox, cuando aún gobernaban juntos la Comunidad, en un pleno en el que el Grupo Popular votó en contra de su tramitación junto al PSOE y el resto de grupos.
