El PP prepara su Ley Trans, pero antes retocará los textos autonómicos aprobados por el PSOE
Los populares ya tienen un borrador de su iniciativa y miran a Madrid como modelo a seguir en los cambios
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; y la presidenta de la Comunidad de Madriz, Isabel Díaz Ayuso. | EP
El Partido Popular tiene ya preparadas las líneas generales de lo que será su alternativa a la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Los populares tienen la intención de ofrecer soluciones a lo que consideran errores de esta ley en lo que se refiere a la autodeterminación de género y a otras cuestiones como el uso de bloqueadores hormonales en menores sin permiso de sus padres. Antes de llevar este texto legal al Congreso de los Diputados, tendrán que retocarse las leyes autonómicas aprobadas por los anteriores gobiernos autonómicos del PSOE, en la línea de la reforma realizada por la Comunidad de Madrid, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes populares.
Esta reforma de la Ley Trans que prepara el PP para ser debatida en la Cámara Baja se enmarca dentro de la nueva línea de oposición con la que ha iniciado el curso político la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo. Una oposición que se abre ahora a los temas de marcado carácter social como es la Ley de Conciliación y la Ley de Vivienda, que podrían ser apoyadas por algunos de los socios de investidura de Sánchez, socios que le han abandonado en varias votaciones en el Congreso.
Los populares tienen ya un primer texto, pero la redacción final no se rematará hasta que los nuevos gobiernos del PP en las diferentes comunidades autónomas que estuvieron gobernadas por el PSOE retoquen las leyes autonómicas en dos cuestiones: la autodefinición de género y los bloqueadores hormonales en menores sin permiso de sus padres.
Para llevar a cabo estas modificaciones en las leyes autonómicas, el ejemplo a seguir será la nueva ley que aprobó en diciembre de 2023 la Asamblea de Madrid, impulsada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso. La Ley de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual y de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, conocidas como leyes LGTBI, fue aprobada por el Ejecutivo de Cristina Cifuentes y Ayuso quiso dotarlas de mayor «rigor jurídico y científico», ya que consideraba que las organizaciones tenían mucho peso en ella y se había creado «un mundo paralelo para lobbies».
Esta modificación de la Ley contra la LGTBIfobia deroga una veintena de artículos y cambia la redacción de cuatro. En la misma se eliminan conceptos como la autodeterminación de género o la inversión de la carga de la prueba, así como la discriminación por error o la coeducación, entre otras cuestiones. En el caso de la Ley de Identidad Sexual se abordan cambios que van desde el concepto identidad de género, que se elimina y pasa a ser transexualidad o condición sexual, a medidas en el ámbito deportivo, administrativo y educativo.
Desde el Gobierno de Pedro Sánchez se recurrieron estas modificaciones ante el Tribunal Constitucional, que en julio de este año suspendió varios artículos de las dos leyes al considerar que vulneran la Constitución. Uno de estos artículos recurridos por el Gobierno hace referencia a un aspecto que el PP considera vital cambiar de la ley socialista, como es la necesidad de contar con un informe médico y el permiso de los padres para si se es menor de edad. En este sentido, la nueva ley de Ayuso proponía que «quien fuera a recibir tratamiento médico relativo a su transexualidad fuera menor de edad, se fija un requisito necesario», como recibir «apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil» en todo el proceso.
Los populares contemplan que tanto Junts como Coalición Canaria podrían situarse de su lado a la hora de apoyar estas modificaciones. Hasta llegar a ese momento, las fuentes consultadas por este periódico admiten que «tenemos que hacer un trabajo que es revisar todas nuestras leyes autonómicas porque, de momento, solo hemos tocado las de Madrid. Hay otras en las que los temas de la infancia siguen sin rematarse porque en algunas comunidades autónomas se les pueden dar bloqueadores hormonales a menores, en casi todas».
El PP ya ha comenzado el proceso de hablar con las diferentes comunidades autónomas para «intentar llegar a un concepto común para que todos tengamos las mismas líneas rojas.» La infancia, la patria potestad para que se tenga que pedir permiso a los padres para utilizar bloqueadores hormonales, «siendo muy garantistas»; y la autodefinición de género. «La ley de Madrid es la que nos va a marcar el camino», insisten.
