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Robles recoloca en Defensa al general que ha estado tres años en un destino «ficticio»

La ministra envía a Alfonso Barrada al Ceseden para facilitar su previsible salto a la Sala de lo Militar del Supremo

Robles recoloca en Defensa al general que ha estado tres años en un destino «ficticio»

Margarita Robles en un reciente acto en Oviedo. | Foto: Imanol Rimada (EP)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha resuelto el espinoso caso del general auditor Alfonso Barrada, ascendido hace más de tres años para facilitar su entrada en la presidencia del Tribunal Militar Central y que, ante la falta de renovación del órgano de los jueces, ha estado todo este tiempo en la Asesoría Jurídica General de la Defensa sin destino alguno. Una insólita situación que fuentes militares consultadas por THE OBJECTIVE tildan de «escandalosa» y que puede ser el preludio de su próximo paso a la Sala Quinta del Tribunal Supremo.

El Boletín Oficial de Defensa (BOD) ha publicado este martes el nombramiento de Barrada como director del curso de Alta Gestión Administrativa y de la Organización que imparte el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden). Su paso por este organismo puede ser corto, ya que ha sido elegido por la ministra «en comisión de servicio» por un período de seis meses «o hasta que se le asigne el destino que pudiera corresponderle».

Este puesto en el Ceseden fue «un invento y un bluf total», en palabras de un responsable del área jurídica del ministerio, de la actual secretaria de Estado, Amparo Valcarce, hace dos años para mantener en activo -y con el mismo sueldo- a Jerónimo Domínguez Bascoy, otro general jurídico en la reserva que ahora pasa a retiro.

La situación del general Barrada provocó enorme malestar dentro del Cuerpo Jurídico Militar porque su ascenso en junio de 2021 se hizo sin una vacante que ocupar y penalizando a otros coroneles. Fue un destino «ficticio» que desveló el digital Fuentes Informadas en marzo del año pasado, con el agravante de que no se pasaba a trabajar por la Asesoría Jurídica General, en la sede del Ministerio, sino que acudía a un despacho del Juzgado Togado Militar Territorial número 2 sin estar allí destinado.

A raíz de conocerse esta irregular situación, prolongada durante dos años en los que Barrada mantuvo intacto su sueldo «sin dar palo al agua», en palabras de un compañero suyo, Robles ordenó que se le buscase un despacho en la séptima planta del Ministerio de Defensa, donde está el máximo órgano en el ámbito del asesoramiento jurídico de su departamento. Allí ha estado más de un año sin hacer ruido.

La parálisis del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dio en febrero de este año una oportunidad a la ministra para encontrar una salida a este caso enquistado. El órgano de control de los jueces publicó entonces una lista de vacantes a cubrir dentro de la justicia militar en comisión de servicio. En total, fueron 11 plazas. La más importante era la de vocal togado en el citado Tribunal Militar Central (TMC), a la que se podía presentar cualquier general auditor en servicio activo. Y el único que estaba en esa situación y sin destino en aquel momento era Barrada, por lo que sus compañeros pensaron que ese puesto ya tenía dueño.

Pero no fue así para sorpresa de propios y extraños, pues el general auditor no presentó su candidatura. La plaza volvió a quedar vacante y el CGPJ nombró en abril vocal togado en funciones del TMC a la coronel auditor Inmaculada Benavente Cózar, que era la presidenta del Tribunal Militar Territorial Segundo (Sevilla) y que se convirtió en la primera mujer en formar parte de la Sala de Justicia de este órgano.

La elegida para esta vacante en el TMC tuvo unas polémicas declaraciones a principios de años tras llamar «mierda de gente» a los magistrados de la Sala Militar del Tribunal Supremo por revocar una sentencia de marzo de 2023 y dictar una nueva en la que se aumentó a seis años la pena de cárcel que ella impuso a un sargento por un delito de homicidio imprudente.

Barrada forma parte del grupo de jueces afines a Margarita Robles junto a José Alberto Fernández Rodera y Fernando Marín Castán, dos magistrados de la Sala Quinta del Supremo a los que las citadas fuentes tildan de «ociosos», pues del TMC apenas han salido sentencias en los últimos años, al estar «en cuadro» por la parálisis del CGPJ. La «aspiración» del primero es ocupar una plaza en dicha sala del Supremo antes de pasar a la reserva en junio de 2025.

De ahí el movimiento de Robles de llevarle al Ceseden con un nombramiento oficial en el BOD, pues hasta ahora solo había sido ascendido a general… pero no tenía un destino asignado. «Sus apoyos son Fernández Rodera y la propia Robles, que mueven varias fichas en el nuevo CGPJ», avisan las citadas fuentes ante el previsible ascenso de Barrada dentro de unas semanas a la Sala de lo Militar del Alto Tribunal.

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