El PSOE tacha de «antidemocrático» el veto del PP al debate sobre la celulosa Altri en Bruselas
El eurodiputado Nicolás González exige mayor transparencia en el proyecto de la multinacional portuguesa en Lugo
Nicolás González Casares. | PSdeG
El eurodiputado socialista gallego Nicolás González Casares ha condenado la actitud del PP en el Parlamento Europeo, acusándolo de adoptar medidas «antidemocráticas» al impedir que el Comité de Peticiones debatiera sobre un proyecto de la multinacional portuguesa Altri en Galicia. González ha expresado su descontento porque los populares forzaron una votación para descartar el acuerdo que permitiría tratar la petición de la plataforma Ulloa Viva de manera urgente.
La controversia surge en torno a la instalación de una planta de Altri en Palas de Rey, Lugo, que ha generado preocupación entre los ciudadanos locales. El político ha subrayado que antes de proceder con el proyecto, es fundamental escuchar y atender las inquietudes de los ciudadanos, proporcionando información de manera transparente, en lugar de utilizar «vetos antidemocráticos».
Respuesta de Altri
Por su parte, el consejero delegado de Altri, José Pina, ha mostrado su tranquilidad y confianza en el proyecto y en los procesos de evaluación ambiental que actualmente están en curso. Pina ha comentado que ya en septiembre, la Comisión Europea no encontró indicios de incumplimiento de la normativa vigente, lo que refuerza la posición de la empresa.
Pina ha defendido la exigencia y rigor con los que se ha planteado el proyecto, enfatizando la independencia y la meticulosidad de los técnicos encargados de la evaluación. Ha agradecido a la Unión Europea por mantener el procedimiento dentro de los cauces normales, lo que considera esencial para disipar cualquier duda y fortalecer la confianza en las instituciones.
El eurodiputado ha reiterado su apoyo para que la comparecencia de los ciudadanos afectados se lleve a cabo lo antes posible y ha asegurado que el PSdeG permanecerá vigilante durante la tramitación del proyecto. La situación pone de manifiesto la tensión entre los intereses empresariales y las preocupaciones ciudadanas, en un contexto donde la transparencia y la participación democrática se han puesto en tela de juicio.
