El PP apunta a Pons como responsable del error de apoyar la rebaja de penas a 41 etarras
Le reprochan no estar encima de los temas nacionales como responsable de Justicia por su trabajo en Bruselas
El vicesecretario de Asuntos Institucionales del Partido Popular, Esteban González Pons. | EP
El Partido Popular busca culpables de la cadena de errores que desencadenaron el voto afirmativo del Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados a la reforma de la ley que permite reducir las penas de cárcel a los etarras. En la cúspide de estas responsabilidades, dirigentes de esta formación sitúan al eurodiputado y vicesecretario general de Asuntos Institucionales del PP (donde se engloba el área de Justicia), Esteban González Pons, según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE. El señalamiento se justifica en que su trabajo en Bruselas le aleja de las cuestiones nacionales, lo que se refleja en un distanciamiento de la problemática de las víctimas, con las que no tiene interlocución, según señalan desde las asociaciones.
La desolación en el PP tras desvelar este lunes El Confidencial que habían apoyado, junto con Vox, UPN y Coalición Canaria, la modificación de la Ley orgánica 7/2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la UE, era total. Internamente, no daban crédito al error cometido y se preguntaban cómo era posible que nadie hubiera revisado las enmiendas que se sometían a votación. Una de ellas, de Sumar, suponía derogar una disposición adicional que había sido incorporada por el Gobierno de Rajoy para evitar que los etarras contabilizaran su estancia en prisiones galas para rebajar penas en España.
Las fuentes populares de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados consultadas por este periódico intentan justificar su posición en que en la reunión de la ponencia el PP votó en contra, «pero como fuimos los únicos, formó parte del dictamen y cuando llegó a la Comisión todos votamos a favor, y después el texto definitivo en el Pleno». La enmienda que se votó, según la versión de los populares, es que «la disposición adicional decía que no se tendrán en cuenta las penas cumplidas en otros países de la Unión Europea, excepto las que se hayan impuesto antes de 2010». En este sentido, precisan que «en algunos casos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado la razón a los etarras y, en otros, no. No es cierto que esa disposición adicional blindara el hecho de que los etarras no pudieran computar sus penas en el exterior, porque no ha funcionado en muchas ocasiones».
La realidad es que unos 44 etarras, según los datos de la Asociación de Víctimas Contra el Terrorismo (AVT), se verán beneficiados por esta norma. Un «despiste» para unos, «todo muy extraño», para otros, que se niegan a hablar -«mejor estar callados»- pero que ponen en la picota a la dirección nacional.
Teniendo en cuenta que en la ‘era Feijóo’ todo se decide en Génova, sede del partido, muchas miradas se dirigen al vicesecretario general de Asuntos Institucionales, Esteban González Pons, responsable de los temas de Justicia. Las fuentes consultadas señalan que «es imposible que esté encima de los temas nacionales desde Bruselas». Las asociaciones de víctimas se quejan de la «falta total de interlocución con el Partido Popular». También se preguntan cómo en el Comité de Dirección no se alertó de esta reforma que ya frenó el Gobierno de Rajoy «estando Arenas en esta reunión».
El PP entonó el mea culpa por el «error», como así lo reconoció el portavoz de esta formación política, Borja Sémper, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección. El propio presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, se disculpó ante la Asociación de Víctimas contra el Terrorismo, como también lo hizo el presidente de Vox, Santiago Abascal.
El resultado de la equivocación podría, al menos, paralizarse momentáneamente. El presidente del Senado, Pedro Rollán, del Partido Popular, puede decidir someter a votación de la Mesa, donde los populares tienen mayoría, retirar este punto del orden del día del pleno, que comienza a las cuatro de la tarde en la Cámara Alta. Por la mañana, se reunirá la Junta de portavoces, donde el PP planteará esta retirada.
Posteriormente, oída la Junta de Portavoces, Rollán tiene la potestad de pedir que se vote. Las fuentes consultadas por este periódico admiten que es una situación inédita, por lo que habrá que esperar a la reacción del PSOE para ver cómo se dirime este enfrentamiento entre el Congreso de los Diputados, que aprobó la reforma, y el Senado. Al ser la transposición de una directiva comunitaria, no tendría que volver al Congreso, siempre según la versión de estas fuentes parlamentarias.
