El Congreso da por aprobada la ley que rebaja penas a etarras pese al 'no' del Senado
La Cámara Alta consideraba que el rechazo por mayoría absoluta de la norma equivalía a un veto y pedía volver a votarla
Pedro Sánchez interviene desde su escaño en el Congreso de los Diputados. | Jesús Hellín (Europa Press)
El Congreso de los Diputados ha dado por aprobada la ley de antecedentes penales que permitirá la salida anticipada de algunos etarras de prisión y no la volverá a votar, como pidió este lunes el Senado. Este consideraba que el rechazo por mayoría absoluta de la Cámara Alta al texto equivalía a un veto.
La Mesa del Congreso ha tomado esta decisión tras escuchar a los servicios jurídicos de la Cámara, según han informado fuentes parlamentarias, que han añadido que la norma sería enviada al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación.
El presidente del Senado, Pedro Rollán, anunció este lunes tras la votación en contra del pleno a la citada ley que entendía ese rechazo por mayoría absoluta como un veto y por ello se devolvía al Congreso, decisión avalada por un informe de los letrados de la cámara alta.
Esta es una conclusión inusual, porque un veto del Senado implica haber presentado previamente una enmienda de totalidad, cosa que nadie registró en la Cámara Alta, y después debatirlo y votarlo; si el veto prospera, a la semana siguiente se debate en el Pleno del Congreso, que puede levantarlo con mayoría absoluta.
Discrepancia entre letrados
La interpretación con la que ha actuado Rollán se basa en un informe de los letrados que concluye que, si la mayoría del Pleno de la Cámara Alta rechaza un texto, aunque no haya sido modificado a través de enmiendas, se entiende que es vetado y devuelto al Congreso para levantar este veto o ratificarlo.
Además, según esta interpretación de la Presidencia del Senado, la reforma legal no se publicaría en el Boletín Oficial del Estado (BOE) directamente al no haberse modificado el texto durante su tramitación en la Cámara Alta, sino que sería devuelta al Congreso para que levantase ese «veto».
En el Congreso reconocen que este procedimiento no es el habitual y así lo han expuesto los servicios jurídicos en la reunión de la Mesa de la Cámara. Aunque el criterio de los letrados no es vinculante, el PSOE y Sumar lo han aceptado y han unido sus votos para rechazar la pretensión del Senado y dar por aprobada la ley, frente a los argumentos esgrimidos por los representantes del PP en la Mesa.
En concreto, la Secretaría General del Congreso sostiene que no se puede interpretar como un veto el rechazo del Senado a esta polémica ley porque en ningún momento se utilizó formalmente esa figura que, en todo caso, debería haberse registrado dentro del plazo previsto por la Constitución. Según el artículo 90.3 de la Constitución, la Cámara Alta disponía de 20 días naturales para vetar o enmendar el proyecto, puesto que se estaba tramitando por el procedimiento de urgencia.
El escrito por el que el Congreso envió la ley al Senado fue remitido el pasado 19 de septiembre, por lo que el plazo de que disponía el Senado para adoptar un acuerdo en relación con esta iniciativa vencía el 10 de octubre. E incluso si se empezara a contar ese periodo desde el día de la publicación de la aprobación de la ley por el Congreso, el plazo de veinte días habría vencido el domingo 13 de octubre.
Plazos vencidos
En opinión de los letrados del Congreso, no existe ningún precepto, ni siquiera en el propio Reglamento del Senado, que permita interpretar que los 20 días pueden convertirse en 21 por el hecho de que el último día del mismo fuera domingo. Argumentan que esto entraría en contradicción «evidente y palmaria» con al artículo 90 de la Constitución que, en todo caso, prevalecería sobre una ley orgánica como es el Reglamento del Senado.
Además, inciden en que el Reglamento del Senado fija un plazo de 10 días desde la llegada del texto a la Cámara Alta para la presentación de un veto, precepto que tampoco se habría cumplido en este caso, puesto que no se registró ninguno.
Las mismas fuentes apuntan que los senadores reunidos en el Pleno este lunes no conocieron que supuestamente se estaba votando un veto hasta el momento en que el PP así lo verbalizó durante la sesión. De hecho, los socialistas apuntan que en el propio guion de votación de esa sesión plenaria se preveía la aprobación definitiva de la reforma al no haberse registrado veto alguno.
Con todos estos argumentos, la Mesa del Congreso ha decidido rechazar la «triquiñuela» a la que, según denuncia la mayoría de este órgano, ha recurrido el PP y ha optado por no reconocer el supuesto veto del Senado. En este contexto, ha aprobado enviar la reforma al Gobierno informándole de su aprobación y al BOE para que la publique y entre en vigor.
