Letrados del Congreso ven una «mano negra» que ocultó datos de la ley que beneficia a ETA
Los juristas de la Comisión de Justicia no elaboraron un informe, solo una nota técnica, sin alertar a los ponentes
El letrado mayor del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo | EP
La forma con la que el Gobierno de Sánchez diseñó la tramitación en el Congreso de los Diputados de la reforma de la ley que permite rebajar condenas a los etarras está plagada de zonas oscuras. El Partido Popular no detectó la maniobra de Sánchez -como tampoco Vox, UPN y Coalición Canaria-, que se valió de Sumar para introducir una ambigua enmienda que le reclamaba Bildu, y que terminaron apoyando los populares. Pero tampoco fue alertada la Comisión de Justicia por los letrados responsables de informar sobre el fondo jurídico de la norma. Esta circunstancia ha llevado a letrados de la Cámara Baja, consultados por THE OBJECTIVE, a apuntar hacia una «mano negra» que influyó en los letrados de la citada comisión para que, en vez de elaborar un informe, redactaran tan solo una nota técnica.
Las sospechas sobre el cuerpo de letrados de las cámaras, desde que la presidenta socialista Francina Armengol impuso como letrado mayor a Fernando Galindo, afín al PSOE y ex alto cargo del Gobierno de Sánchez, ha terminado por contaminar la actividad del Congreso. Su llegada a la máxima responsabilidad en la Cámara Baja provocó la estampida de otros letrados al Senado y el ostracismo de aquellos que Galindo no consideraba de su confianza. Un terreno vedado para estos letrados críticos es la Comisión de Justicia, «sagrada para el PSOE», señala un letrado del Congreso, y otro, la Constitucional.
El hecho de que haya sido en la Comisión de Justicia donde se ha producido la tramitación de esta polémica norma ha llevado a letrados del Congreso a cuestionar si ha podido influir la escasa experiencia de los letrados que Galindo ha adscrito a esta comisión o la connivencia con la tesis del Gobierno para intentar «colar», como así sucedió, esta reforma.
«Cuando llega un proyecto de ley, lo primero que hay que hacer es estudiarlo», señala una de las fuentes consultadas por este periódico. «La función esencial del letrado es conocer al dedillo el proyecto de ley. El letrado tiene que hacer un informe jurídico por escrito, no una nota técnica de correcciones gramaticales. En ese informe, que haya una disposición adicional única de esa trascendencia no es en absoluto una cuestión política, sino jurídica, porque está cambiando por completo el régimen de la ley de 2014».
Este letrado señala que la obligación de sus homólogos en la Comisión de Justicia es «que, ojo, si metes esa disposición adicional, estás cambiando la ley. Parece que ahora está poco de moda, pero hay que estudiar y conocer» En este sentido, apunta que si el informe es corto, «el letrado en la ponencia tiene voz cuando quiera».
En el caso de la polémica ley, que este martes fue enviada al Boletín Oficial del Estado por la presidenta del Congreso considerando que el rechazo del Senado no suponía otra votación, los letrados consultados apuntan que, «hasta donde sabemos, el informe como tal no existe, sino una nota gramatical y no advierte del problema de la adicional única. No se dice nada de este cambio sustancial. Una ley que fija una fecha antes y después se llama de eficacia temporal de vigencia de la ley, y eso es un dato fundamental. Tienes que informar a los ponentes de que la aceptación de la enmienda implica ese cambio». Estas notas son habituales en una comisión de la importancia de la de Justicia, «solo de puntos y comas, títulos, artículos, no de fondo».
Los letrados creen que la maniobra «estaba perfectamente preparada» y por ello dicen que el PP tendría que haber indagado en «el origen, por saber qué ha sucedido en la ponencia ¿Es creíble que una letrada de la experiencia de Piedad García-Escudero no leyera el proyecto de ley? No es creíble que una letrada con cuarenta años de desempeño no se lea una disposición única. Deberían ir por esta vía, por la indefensión de que los letrados miraron para otro lado. Esto es un fallo de los letrados porque los diputados no tienen por qué ser juristas».
El Congreso de los Diputados, afirman estas fuentes, «lo tiene muy controlado el PSOE porque el Senado se les ha ido de las manos. Esta gente estaba esperando que el Senado dijera que hay un veto para mandarlo al BOE. La Comisión de Justicia está absolutamente controlada por ellos».
