El alcalde de Ciudad Real «rechaza» el plan del Gobierno de acoger migrantes en el aeropuerto
Francisco Cañizares y agentes de la sociedad civil esperan que el Ejecutivo no proceda «a las bravas» y lo reconsidere
El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, reunido con miembros de la sociedad civil de la ciudad. | Ayuntamiento de Ciudad Real
El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, se ha reunido con varios representantes de la sociedad civil de la región para expresar su «preocupación y rechazo» ante la posible apertura de un centro de acogida de emergencia y derivación de inmigrantes en el aeropuerto de la ciudad. Esta iniciativa, propuesta por el Gobierno de España, no ha sido bien recibida por las autoridades locales ni por los sectores empresariales y sociales de la región.
Durante el encuentro, importantes miembros del comité ejecutivo de Fecir y representantes de la patronal provincial, incluyendo sectores como el Transporte, la Automoción, la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), Clínicas, Autónomos (ATA), Construcción (APEC), Asaja y la Cámara de Comercio, han mostrado su apoyo al alcalde. Estos sectores han manifestado su oposición a la creación del centro de acogida, argumentando que las instalaciones del aeropuerto no son adecuadas para proporcionar una acogida digna a los inmigrantes.
Cañizares ha informado a los asistentes que ni el Ayuntamiento ni la Administración regional han sido notificados oficialmente sobre este proyecto. El alcalde ha expresado su esperanza de que el Gobierno central reconsidere su decisión y no proceda «a las bravas», haciendo uso de instrumentos que podrían permitirle evadir la normativa local y autonómica. Esta situación ha generado una gran incertidumbre en la comunidad, que espera una resolución que respete tanto la legalidad como la dignidad humana.
La posible habilitación de un centro de acogida para inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real ha levantado una ola de preocupación y rechazo entre los líderes locales y los sectores empresariales. El alcalde, junto con representantes de diversos ámbitos de la sociedad civil, ha manifestado una firme oposición a este proyecto, destacando la inadecuación de las instalaciones y la falta de comunicación adecuada por parte del Gobierno central. La comunidad espera ahora que prevalezca el diálogo y el respeto por las normativas locales y autonómicas.
