El banquero andorrano que pagó a las cloacas del PSOE pide una amnistía como la del 'procés'
El antiguo dueño de Banca Privada de Andorra, Higini Cierco, comparecerá en la comisión sobre la ‘Operación Cataluña’
Xavier Espot, presidente de Andorra, junto al expresidente de la Generalitat Pere Aragonès. | Europa Press
Uno de los antiguos propietarios de Banca Privada de Andorra (BPA), Higini Cierco, está llevando a cabo una ofensiva judicial para lograr que el Gobierno de Andorra impulse una ley de amnistía para cerrar las más de 60 causas abiertas del llamado caso BPA, relativo a la desaparecida entidad bancaria que fue intervenida por el Ejecutivo andorrano a instancias del Tesoro de Estados Unidos por un supuesto delito de blanqueo de dinero internacional. Este banquero es el que ha reconocido pagos de al menos 300.000 euros a una periodista española involucrada en la campaña de propaganda del PSOE contra jueces, fiscales y periodistas. Comparecerá también en la comisión sobre la ‘Operación Cataluña’ del Congreso de los Diputados para dar su testimonio sobre la supuesta «guerra sucia» del Gobierno de Mariano Rajoy contra el independentismo catalán.
Los antiguos dueños de Banca Privada de Andorra, los hermanos Higini y Ramón Cierco, cuentan con un equipo de juristas liderados por el abogado Xavier Jordana, que están trabajando para convencer al Ejecutivo andorrano, y a una mayoría parlamentaria, de que se inspiren en el modelo de la amnistía española a los políticos independentistas de Cataluña implicados en el procés. Buscan que se aplique el olvido penal a las acciones y personas que participaron en los casos que la Justicia ya está investigando relativos al banco, según informa Diari d’Andorra. Y, al mismo tiempo, que se frenen en los tribunales las querellas de los Cierco u otros directivos de BPA contra funcionarios del Estado andorrano o políticos en el marco de la intervención de la banca. Se trata de una ley de punto final que haga tabula rasa para todas las partes enfrentadas e implicadas en este litigio.
Los hermanos Cierco también cuentan con el apoyo de letrados españoles, como el exvicepresidente del Tribunal Constitucional Eugenio Gay, que concluye en un informe que el Gobierno de Xavier Espot estaría legitimado para promover el cierre de los procedimientos judiciales en curso. Gay recomienda, en defensa del interés general del país vecino, que el Ejecutivo opte por desistir en los procedimientos o bien traslade recomendaciones no vinculantes a Fiscalía para impulsar su cierre. No obstante, parece poco probable que el Gobierno y los partidos parlamentarios secunden esta propuesta de amnistía.
Cloacas del PSOE
Higini Cierco, además, es el banquero que ha reconocido el pago de al menos 300.000 euros a P.L.L., una periodista involucrada en la operación de propaganda del PSOE contra jueces, fiscales y periodistas. Parte de ese dinero ha acabado en cuentas corrientes del empresario J.P.D., otra pieza clave en la campaña de Ferraz, según la información publicada por El Confidencial.
El accionista del extinto BPA reconoce a instancias del digital, que las entregas de dinero responden a un contrato con P.L.L. por el que esta se comprometió a entregarle pruebas que demostraran que BPA fue intervenida en 2015 como represalia del Ministerio del Interior, entonces dirigido por Jorge Fernández Díaz (PP), por negarse a proporcionarle información sobre los depósitos que escondía la familia Pujol. Si bien otras investigaciones en Andorra han revelado que dicha entidad fue utilizada por otros grupos para desviar fondos, como la red de Gao Ping o el régimen chavista, Cierco asevera que el banco cayó por orden del Gobierno del Partido Popular.
‘Operación Cataluña’
El independentismo catalán también asume las tesis de Cierco. Ha reivindicado el caso BPA como otra de las «guerras sucias» del Estado español contra BPA al sostener que fue el Gobierno de Mariano Rajoy quien facilitó información al FinCen –un organismo de Estados Unidos contra la financiación del terrorismo– para que actuara contra este banco por sus vínculos con la familia Pujol y dirigentes independentistas.
Tras el fracaso del procés, se produjo el documental La Estafa de Andorra, emitido en Prime Video, donde se narra la versión de que «el banco privado en Andorra fue asesinado por los Gobiernos español, americano y andorrano en sus esfuerzos por destruir el movimiento independentista catalán». Aparecen varios políticos nacionalistas y se difundió por los medios de corte nacionalista para dar eco a sus tesis.
Posteriormente, y como parte del pacto para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, Junts y ERC impulsaron la creación de una comisión de investigación sobre la llamada Operación Cataluña. En ella está prevista la comparecencia del banquero andorrano, aunque para más adelante. De momento, los primeros interrogatorios han sido al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, figura de confianza del exministro Fernández Díaz, y al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino.
